Hoy día, en Paraguay, existen dos tipos de agricultura. Una es la agricultura industrial, centrada en la producción de granos y carne; la otra es la agricultura familiar, campesina e indígena, orientada a la producción de una gran diversidad de alimentos. En los últimos 20 años, la agricultura familiar ha perdido mucho terreno, generando una migración de la población rural hacia las ciudades y el extranjero.
Pastoral Social de San Pedro del Paraná
En este contexto, muchas organizaciones campesinas y organizaciones no gubernamentales han apostado a la agroecología como una estrategia para garantizar el acceso de los campesinos y las campesinas a la tierra, las semillas, el agua, a un precio justo para sus productos y a una vida digna.
Una de estas experiencias se desarrolla en el distrito de San Pedro del Paraná, ubicado en el sur de Paraguay, y es impulsada por la Pastoral Social de manera conjunta con las organizaciones campesinas. En esta experiencia participan alrededor de 500 familias del mismo distrito y de comunidades vecinas, las que se encuentran en diferentes etapas de consolidación de la agroecología a nivel organizativo, productivo, de comercialización y de incidencia política.
Reseña sobre la vulneración de los derechos de los campesinos y las campesinas en Paraguay
En la actualidad, más del 30% de la población en Paraguay es de origen rural. Esta población, en su mayoría, corresponde a familias campesinas ubicadas en los territorios rurales y las zonas periurbanas. Su importancia demográfica es significativa, así como su incidencia cultural, particularmente en los hábitos alimentarios, los procesos productivos, el lenguaje y la identidad colectiva.
Sin embargo, la población rural es un sector de la sociedad paraguaya profundamente estigmatizado y discriminado económica, social y políticamente desde hace un siglo y medio, y más precisamente desde el momento histórico marcado por la guerra que enfrentó al Paraguay contra la Triple Alianza, entre 1864 y 1870. En las décadas previas a la guerra, el campesinado era parte central del modelo económico con una agricultura diversificada y un acceso a la tierra garantizado por el Estado. La guerra trajo el genocidio campesino y un modelo que impuso una estructura económica latifundista, extractivista y agroexportadora a partir de la venta ilimitada de las tierras públicas a capitales privados. Paralelamente, se conformó un Estado oligárquico centrado en la defensa de la propiedad de gran escala y del sistema de enclaves forestales instaurados para la exportación de materias primas, como el tanino, la yerba mate y las maderas (CODEHUPY, 2022).
Desde entonces, la negación permanente de los derechos de campesinos, campesinas y de los pueblos indígenas ha sido constante. Durante la primera mitad del siglo XX, predominaron los grandes latifundios forestales, mientras que en la segunda se desarrolló una tecnificación agrícola excluyente basada en la Revolución Verde, centrada en los agroquímicos y la mecanización. Como parte de los resultados de este proceso la población campesina ha sido explotada laboralmente, excluida del acceso a la tierra y forzada a la migración. Durante las largas dictaduras de Morínigo (1940-1948) y Stroessner (1954-1989), a esa explotación se sumó la sistemática represión, persecución, encarcelamiento y asesinato de campesinos y campesinas. A partir de 1989, en el periodo posdictatorial y en consonancia con la hegemonía neoliberal en el continente, se profundizó la liberalización de la economía, se fortaleció el modelo primario exportador con el ingreso de las semillas transgénicas y se continuó privilegiando al agronegocio frente a la agricultura campesina.
Todo el proceso señalado derivó en que Paraguay tenga la concentración de tierras más alta del continente, donde el 2,5% de los propietarios acapara el 85% del territorio rural. La contracara es la negación de derechos de la población campesina, que se refleja en la existencia de unas 300.000 familias sin tierras, según estimaciones de organizaciones sociales (Guereña y Rojas, 2016).
Este nivel de despojo, entre otros factores, hace que la lucha por la tierra sea la principal consigna del campesinado y de las organizaciones sociales en las últimas décadas (Rojas, 2021a). Esta ha sido la principal vía de acceso a un pedazo de tierra donde vivir y producir; sin embargo, el costo es muy alto en términos de criminalización, persecución, estigmatización y represión. Desde 1989 hasta nuestros días han sido asesinados más de 127 campesinos y campesinas en episodios vinculados al derecho de acceso y uso de la tierra, según registros de organizaciones de derechos humanos (CODEHUPY, 2022).
Un elemento a destacar de la realidad paraguaya es la enorme distancia entre los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y su efectiva implementación. Constitucionalmente se reconocen los derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación, a un ambiente sano, incluso a la tierra mediante la reforma agraria, que debía incorporar a la población campesina al desarrollo económico y social. A pesar de ello, miles de familias no acceden a tierra propia ni a una vivienda. Por falta de trabajo y apoyo, muchos campesinos y campesinas se ven en la obligación de migrar y vivir en condiciones de pobreza. La salud y educación públicas en general tienen una cobertura muy limitada, con servicios incompletos, lo que también ha facilitado el desarraigo rural. Los ecosistemas han sido profundamente agredidos por sectores económicos vinculados a los agronegocios a través de la deforestación masiva de territorios, la contaminación crónica con agrotóxicos, y el represamiento y uso excesivo de arroyos, humedales y otras fuentes de agua. A esto se suma la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la ganadería y la agroindustria.
La reforma agraria a favor del campesinado es inexistente en Paraguay, donde las políticas agrarias han beneficiado principalmente a la agricultura y la ganadería empresariales. La política de acceso a la tierra no fortalece la agricultura campesina, sino que la obliga a convertirse al modelo de monocultivos mecanizados. Prácticamente, no existe apoyo a la comercialización y al financiamiento de sistemas campesinos. Y, a pesar de ser un mandato constitucional, tampoco se implementa un seguro agrícola que les permita tener algunas salvaguardas frente a los efectos del cambio climático y los vaivenes del mercado.
El proceso de reconocimiento de la agroecología en Paraguay
Desde 1980, en Paraguay se impulsa la agroecología como una alternativa a la agricultura industrial. Este proceso es llevado adelante principalmente por las organizaciones campesinas e indígenas y las organizaciones no gubernamentales.
A partir de la década del año 2000, el Estado paraguayo ha demostrado cierto interés en la agroecología y en la producción orgánica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de organismos internacionales. Como parte de ese proceso, se promulgó la Ley N° 3481/08 del año 2008, de “Fomento y Control de la Producción Orgánica”, utilizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fomentar la producción agroecológica. Ese mismo año se aprobó la “Estrategia Nacional para el fomento de la producción orgánica y agroecológica en el Paraguay”, la cual estableció tres ejes principales de acción enfocados en temas institucionales. Por último, en el año 2012 se estableció el “Plan Nacional Concertado de Fomento de la Producción Orgánica y Agroecológica” (ver recuadro).
En el año 2021, de acuerdo con un estudio del Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica, se identificaron 12.694 productores/as con certificación orgánica ocupando 115.841 hectáreas, mientras que los/as productores/as agroecológicos/as son 25.614 en 71.542 hectáreas (La Nación, 2022).
El contexto del distrito de San Pedro del Paraná y el aporte de la agroecología al ejercicio de los derechos de campesinos y campesinas
El distrito de San Pedro del Paraná está ubicado en el departamento de Itapúa. En términos de biodiversidad, es un distrito emblemático: comprende la reserva San Rafael, un área protegida de más de 70.000 hectáreas que se convirtió en una de las últimas zonas boscosas que tiene el Paraguay y en uno de los últimos grandes fragmentos del Bosque Atlántico (García y Zevaco, 2021). San Pedro del Paraná también está situado en la cuenca del río Tebicuary, una de las reservas de agua dulce más grandes de la región. En esta cuenca y en el distrito, en general, se observan impactos y riesgos ecológicos vinculados a la ganadería y a la agricultura convencional (en especial de arroz y soja), así como al dragado de río y la habilitación del río Paraguay para la hidrovía Paraguay-Paraná para transporte de mercancías (en particular, las commodities agrícolas).
El proceso de implementación de la agroecología en San Pedro del Paraná ha permitido a los campesinos y las campesinas mejorar el ejercicio de sus derechos a partir del acceso autónomo a semillas, al conocimiento y a estrategias de vida campesinas. Las fincas campesinas han podido incrementar la diversidad de cosechas y productos mediante la integración de cultivos tradicionales anuales con animales menores, especies frutales, plantas medicinales y hortalizas. Esta diversidad productiva ha permitido aumentar la resiliencia ecológica y socioeconómica, a la par que la soberanía alimentaria por su énfasis en el autoconsumo y la venta solo de los excedentes.
En cuanto a las semillas, la agroecología ha propiciado que las familias rescaten y recuperen una gran variedad de ellas. Con relación al conocimiento, el manejo agroecológico conduce a la autogestión, que es expresada en gestión y prácticas que aportan en la conservación de suelos (como el uso de cultivos de cobertura y abonos orgánicos) y al equilibro a través del manejo ecológico de plagas. El impulso de estas prácticas ha permitido la recuperación de los conocimientos ancestrales de los campesinos y las campesinas, así como su independencia de insumos externos. En cuanto al fortalecimiento de las estrategias de vida campesinas, se da mediante el acceso a mercados locales con precios más justos y al intercambio de los productos.
Análisis de la rentabilidad socioambiental de una finca campesina en Paraguay
A partir de un contexto profundamente hostil hacia los sectores campesino e indígena en el país, donde el agronegocio se expande aceleradamente con el apoyo del propio Estado, surge la necesidad de reivindicar la importancia y los beneficios de la agricultura campesina, indígena y agroecológica. El discurso dominante instalado en la sociedad y en los medios de comunicación persigue descalificarlas al definirlas como atrasadas, inviables y no rentables, entre otras adjetivaciones negativas.
Para trascender esas caracterizaciones simplistas, se ha propuesto el concepto de “rentabilidad socioambiental” de fincas y una metodología integral de estudio y evaluación de las características y los resultados de las mismas (Rojas, 2021). Usualmente, en el marco del análisis económico neoclásico, la rentabilidad de una actividad está definida exclusivamente por la dimensión económica; es decir, por los beneficios que genera en términos monetarios. En contrapartida y considerando el contexto de Paraguay y los discursos predominantes, aquí se plantea resignificar el concepto de “rentabilidad”, integrando a la dimensión económica otros elementos e indicadores de la finca provenientes de las dimensiones social y ambiental. En esta disputa de significados, se afirma que, en la “rentabilidad de una finca”, los beneficios deben incluir no solo el monetario (dinero), sino también el empleo generado, los diversos productos obtenidos para autoconsumo, el uso y la preservación de los componentes de los ecosistemas, entre otros factores, como medios para el ejercicio efectivo de derechos como el acceso a la vivienda, a una vida digna, a la alimentación, al agua y otros.
El método de evaluación en esta perspectiva de “rentabilidad socioambiental” consiste en la realización de un inventario detallado de los recursos y la producción de una finca, para lo cual se los clasifican en subsistemas, entre ellos, el de cultivos agrícolas; el animal, forestal y frutal; el de plantas medicinales; y el de productos derivados. Posteriormente, se asigna valores monetarios a los bienes descritos en los subsistemas, tanto a aquellos destinados al autoconsumo, que constituyen una renta no monetaria para la familia, como a los productos dirigidos al mercado que generan una renta monetaria.
Desde la perspectiva propuesta, la rentabilidad socioambiental de la finca resultante expresa con mayor amplitud y justicia, en primer lugar, los resultados de una finca determinada y, en segunda instancia, los beneficios o limitaciones de los distintos modelos de producción y de vida.
En julio de 2022 se aplicó el estudio de rentabilidad socioambiental a cuatro fincas campesinas en el distrito de San Pedro del Paraná con la participación de técnicos/as del Centro de Estudios Heñói, parte de la Carrera de Ecología Humana de la Universidad Nacional de Asunción y la Pastoral Social. Una de las fincas analizadas es la de la familia Morán, de la comunidad de Timbo’í, en el distrito de San Pedro del Paraná. Está habitada por un hombre y una mujer adultos, además de un hijo de 18 años, quienes se dedican íntegramente al trabajo productivo y doméstico dentro de la finca. La misma consta de 13 hectáreas, distribuidas en cinco hectáreas de bosque, cuatro de cultivos, tres para el pastoreo y una para el área de vivienda y cría de animales. Cuentan con las herramientas básicas (azada, machete, pala, etc.), infraestructuras principalmente artesanales (chiquero, gallinero) y asistencia técnica de la Pastoral Social del distrito.
Esta familia posee una enorme diversidad de especies vegetales, incluyendo forestales, frutales y medicinales. En el cuadro 1 se listan los nombres tradicionales de esas variedades, principalmente expresados en la lengua guaraní, así como sus usos principales y una valorización del consumo y de la conservación de esas especies. La gran variedad de plantas y árboles genera bienes que son consumidos o vendidos por las familias, además de los servicios ecosistémicos que produce para el territorio de la finca y del propio distrito.
El cuadro 2 detalla los subsistemas productivos en el periodo de un año (promedio correspondiente al ciclo 2021-2022) con relación al valor económico de los cultivos agrícolas, animales faenados y productos derivados. La producción agrícola sumó en el ciclo agrícola Gs. 30 millones, con base en una importante diversificación con porotos, cebolla, mandioca, variedades de maíz, maní, entre otros cultivos. Entre los animales de granja faenados para consumo y venta se encuentran cerdos, gallinas, ovejas y patos, por un valor anual de Gs. 16,9 millones. Además, poseen vacas para la producción lechera. La obtención y elaboración de productos derivados de origen animal y vegetal generó bienes como leche, queso, huevos y remedios caseros con base en plantas medicinales, sumando otros Gs. 12,7 millones al valor anual de la finca. Los tres subsistemas productivos totalizaron casi Gs. 60 millones en el ciclo productivo de 2021-2022, unos US$ 8.500.
La finca campesina es un sistema complejo donde conviven y se asocian tanto subsistemas agropecuarios como de recolección, generando una amplia variedad de productos para el consumo familiar y para la venta. El gráfico 1 muestra la distribución de estos subsistemas según su aporte al valor total generado en la finca en el periodo analizado. El subsistema agrícola aportó el 35% del producto generado, el faenamiento de animales el 19% y los productos derivados el 15%. Por su parte, el consumo de frutas aportó un valor equivalente al 6%, el de plantas medicinales al 4% y los servicios ecosistémicos de la superficie forestal un 21%. Claramente, el enfoque agroecológico deriva en una amplia diversificación de la finca y una distribución equilibrada de las distintas actividades.
En la valoración económica se tomó en cuenta tanto los productos vendidos en el mercado como aquellos consumidos dentro de la propia finca para consumo humano, animal o como materia prima transformada. Lo comercializado generó una renta monetaria en dinero y lo destinado al autoconsumo, una renta no monetaria en bienes destinados a la satisfacción de necesidades. En el caso de esta finca, la renta monetaria alcanzó el 26% del valor total producido, mientras que el 74% correspondió a renta no monetaria.
Los hallazgos muestran que la mayor parte de los productos obtenidos se destinaron a la propia finca y sus habitantes, mientras que aproximadamente un cuarto de ellos se transformó en dinero, útil para cubrir otras necesidades de la familia campesina. La renta monetaria sumó Gs. 22,4 millones (el 26% del valor total generado por los distintos subsistemas) y la renta no monetaria Gs. 65,3 millones (el 74%). Las principales fuentes de renta monetaria fueron la venta de granos de porotos y maíz, carne de cerdo, leche, queso y huevos, principalmente en la feria semanal en la que participan en la ciudad de San Pedro del Paraná.
El estudio de la rentabilidad socioambiental de la finca de la familia Morán señala las ventajas ecológicas, sociales y económicas de trabajar con un enfoque agroecológico en el difícil contexto actual. Entre ellas se destacan la amplísima diversificación productiva de la finca, que reduce la dependencia y la vulnerabilidad frente a las oscilaciones del mercado y la variabilidad climática; la gran autonomía productiva de la misma, ya que la mayor parte de los insumos se obtiene en la propia finca y se destina al autoconsumo –y, por ende, los reducidos costos de producción y gastos en alimentación, respectivamente–; el acceso familiar a productos en cantidad y calidad nutricional adecuadas, tanto agrícolas y de origen animal como transformados artesanales, frutícolas y medicinales, entre otros; y, por último, la conservación del suelo, el agua y los bosques para la reproducción del propio sistema de vida, en armonía con el entorno y haciéndola sustentable.
Federico Vargas Lehner
Ingeniero en Ecología Humana, experto internacional en soberanía alimentaría y agroecología emergente, y máster en Innovación
fvargaslehner@gmail.com
Luis Rojas
Economista, investigador del Centro de Estudios Heñói y docente universitario
lurovilla@gmail.com
Blanca Méndez
Ingeniera en Ecología Humana y coordinadora de proyectos de la Pastoral Social, diócesis de Encarnación
mendezblanca10@hotmail.com
Referencias
- Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) (2022). Justicia, tierra y libertad. Marina Kue, diez años después. Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
- García, L., y Zevaco, S. (2021). Resistencias campesinas: Características y desafíos. Asunción: Base IS.
- González, H., Solis, D., Esteche, G., y Gómez, G. (2008). Estrategia Nacional para el Fomento de la Producción Orgánica y Agroecológica en el Paraguay. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Guereña, A., y Rojas, L. (2016). Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay. Asunción: Oxfam
- La Nación (10 de mayo de 2022). Elaboran informe de producción orgánica. https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/05/10/elaboran-informe-de-produccion-organica/
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2012). Plan Nacional Concertado de Fomento a la Producción Orgánica y Agroecológica.
- Rojas, L. (2021a). Fincas campesinas. Camino sostenible a la soberanía alimentaria. Asunción: Centro de Estudios Heñói.
- Rojas, L. (2021b). No puedo respirar. La agonía campesina bajo las botas del agronegocio y su gobierno. En Derechos Humanos Paraguay 2022. Asunción: CODEHUPY
