Cuidado del territorio y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos

Derechos campesinos territoriales, de ciudadanía y de propiedad en Colombia: avances y retrocesos

En Colombia, los estudios sobre el campesinado han analizado los procesos de organización y disputa territorial de la ciudadanía, lo mismo que los de reconocimiento cultural. La Constitución Política de Colombia (CPC) de 1991 otorgó a las comunidades indígenas y afrodescendientes herramientas para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y la posibilidad del ejercicio colectivo de sus derechos territoriales. Sin embargo, lo contrario ocurrió con las poblaciones campesinas, con los/as habitantes de los espacios rurales y con quienes son reconocidos como trabajadores/as agrícolas sin garantías territoriales ni colectivas sobre la tierra. Durante la década de los 90, en lo que Fajardo Montaña (2012) llama la “renovación del debate agrario”, se dieron los primeros pasos para asentar institucionalmente en la ciudadanía las disputas territoriales a través de Zonas de Reserva Campesina (ZRC, ver recuadro 1). Estas zonas eran una estrategia para fomentar la pequeña propiedad rural y regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación; sin embargo, este mecanismo fomentó la ampliación de la frontera agrícola sin resolver los conflictos agrarios históricos sobre la propiedad y el uso de la tierra.

En los últimos años, el debate desde las instituciones del Gobierno ha empezado a vislumbrar y reconocer al problema agrario como uno de ordenamiento social de la propiedad; por ejemplo, a través de la titulación de predios (Decreto Ley N° 902 de 2017) como mecanismo para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre las FARCEP y el Gobierno nacional. Frente a esto, el objetivo perseguido por las organizaciones campesinas fue construir una categoría de ciudadanía efectiva, desde una perspectiva de ordenamiento territorial y ecológico de la propiedad, que agencie el reconocimiento de sus derechos colectivos y territoriales.

La UNDROP, aprobada en el año 2018, representa un instrumento clave para que las demandas históricas de las organizaciones campesinas tengan peso institucional y espacios de interlocución que les permitan poner en el debate los derechos colectivos y territoriales de las/os campesinas/os. Esta Declaración reconoce al campesinado como un grupo social específico, que tiene una relación especial con la naturaleza a través de la producción agrícola, y al que se le debe garantizar el disfrute individual y colectivo de derechos, entre ellos el derecho a la tierra y al territorio, a la participación efectiva, y al conocimiento histórico y cultural, expresados en los procesos agrícolas locales y los valores de la agricultura. Entre las disposiciones de la UNDROP, la agroecología tiene un rol explícito en el proceso de ejercicio de derechos de las/os campesinas/os.

En 2003, en el marco del Congreso Nacional Agrario organizado por el Coordinador Nacional Agrario (CNA), las organizaciones campesinas promulgaron el Mandato Agrario (CNA, 2003). En este documento reclamaron el derecho a la vida, la soberanía alimentaria y la territorialidad ante el Estado colombiano. Además, expresaban la necesidad del reconocimiento formal, tanto de la tierra como del territorio, para las comunidades campesinas, así como su reconocimiento político.

A partir de entonces, se han gestado esfuerzos para el reconocimiento de las/os campesinas/os como titulares de derechos. Por ejemplo, el Proyecto de Acto Legislativo 02 de 2018, producto de una acción de tutela (ver recuadro 2) presentada por las organizaciones reclamando una categoría censal “por medio de la cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”. Cabe precisar que este proyecto de acto legislativo fue archivado después del primer debate en el Senado (puede ser consultado en https://bit.ly/3U1oSrT).

Estas demandas han sido apoyadas por la academia a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y de las/os académicas/os integrantes de la Comisión de Expertos que acompañaron la construcción del “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina” como propuesta técnica para el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de 2018-2022.

Sin embargo, este Plan desatendió las recomendaciones sobre el campesinado y reafirmó una categoría de “pequeño productor”, profundizando la dependencia en las estructuras de “desarrollo”, pero con una perspectiva agroindustrial impulsada por cadenas de valor a través de alianzas estratégicas guiadas por el interés del capital inversionista. El campesinado quedó así relegado a un rol residual y sometido al modelo de alianzas productivas, ignorando a las/os campesinas/os como sujetos del ordenamiento de la seguridad jurídica de la propiedad y, a través de ella, su derecho de participación plena y efectiva; y, en paralelo, desagrarizando el problema de la tierra (Mojica, 2019).

A pesar de la falta de interés institucional desde las entidades públicas, las organizaciones campesinas regionales siguen apostando por sus agendas a través de la cotidianidad. Ello se da, particularmente, a través de economías y estrategias productivas agroecológicas que no se ciñen a la lógica extractiva y mantienen la diversidad productiva de las fincas, la identidad territorial y el conocimiento cultural sobre la agricultura.

La importancia del reconocimiento territorial y colectivo de los derechos campesinos es una forma de garantizar la protección de sus modos de vida y su identidad como ciudadanos y ciudadanas con derechos agrarios y sociales en términos institucionales (por ejemplo, organizativos y de demandas colectivas). En la práctica, esos modos de vida se reproducen a partir de una identidad territorial y vida cotidiana que van más allá de la voluntad política.

La propuesta del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño y sur del Cauca

Desde 2016, la propuesta de Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño y sur del Cauca (TCAM) busca visibilizar y generar garantías institucionales para la complejidad territorial de los mundos campesinos. El objetivo es reconocer al campesinado como sujeto de derechos con capacidad para organizar, administrar y proteger su entorno social y ecológico con el objeto de tener una vida digna y sostenible con el medio ambiente, especialmente a través del manejo agroecológico (CNA, s.f.). El territorio para los campesinos y las campesinas es un espacio de vida colectivo que incluye, además de las personas, a la naturaleza y otras agencias no humanas que viven y participan activamente en su reproducción. En este sentido, cuidar el territorio se convierte en una tarea no sólo de reproducción de la vida campesina, sino de la vida colectiva que excede a lo humano.

En la propuesta de TCAM, el comité de impulso afirma: “como campesinos y campesinas construimos relaciones sociales y comunitarias, tenemos una relación directa y especial con la tierra, la naturaleza y el agua, fruto de procesos y prácticas sociales y productivas donde se unen el pasado y el presente en la construcción de vida digna y de Buen Vivir en el campo” (CNA, s.f.). Así, la propuesta se lleva a la práctica a través del trabajo en la finca, el trabajo familiar y el comunitario, y las decisiones y relaciones con otros actores que afectan al territorio como construcción colectiva. La/el campesina/o como sujeto territorial es un eje clave de la agenda política y de cuidado:

No nos pueden dejar por fuera de las disputas territoriales, porque nosotros somos parte del territorio: nuestros cuerpos se alimentan del territorio, beben agua del territorio, los minerales que hay en la naturaleza son los mismos minerales que nosotros tenemos. Eso es lo que mucha gente no entiende y por eso plantean al ser humano por fuera de la naturaleza, por fuera del territorio, como si este estuviera para ser explotado o vendido. Es que ellos piensan individualmente, nosotros pensamos colectivamente (lideresa del Macizo, citada en Montenegro Paz, 2020, p. 122).

Si bien el objetivo del TCAM es delimitar un espacio de autonomía territorial y reconocimiento del campesinado basado en la premisa de la protección a la agricultura campesina y sus espacios de vida contra el avance de la minería, este territorio se reproduce y sostiene cotidianamente a partir de formas agroecológicas de la agricultura campesina bajo la premisa de que “el agua, vale más que el oro”.

El cuidado de la tierra hace parte de un conjunto de relaciones que tienen comunidades indígenas, campesinas y afro para la reproducción de la vida colectiva y del territorio. Esas relaciones se basan en la distribución de roles, vínculos de bienestar mutuo, y en estrategias de conservación y producción donde las mujeres tienen protagonismo y el liderazgo en los procesos de defensa ambiental y territorial. Específicamente, en la región norte de Nariño, las organizaciones de mujeres han protagonizado la defensa de los derechos agrarios, territoriales y políticos del campesinado. Sus luchas articulan el cuidado del medio ambiente, los vínculos comunitarios y la defensa del territorio, enfrentando desigualdades y constreñimientos (Montenegro Paz, 2020).

Las relaciones territoriales del cuidado que configuran las estrategias productivas están asociadas a formas de conservación de los ecosistemas a través de la agroecología y de la búsqueda de manejos que eliminen el uso de agrotóxicos en la producción, por ejemplo, del café de alta calidad. Este producto es la principal fuente de ingreso para la región de Nariño. Su producción se gestiona a partir del acompañamiento de cultivos de ciclos cortos, pastos para cuyes, árboles frutales, huertas caseras y otros productos para el sostenimiento de la alimentación familiar. El resultado de este manejo es la autosostenibilidad de la finca a través de la relación entre animales, plantas, usos del suelo, gestión del agua, tipos de comercialización, y formas de trabajo e intercambio solidario (como los grupos autogestionados de ahorro y crédito).

Organizativamente, las formas de trabajo colectivo, como las mingas (que consiste en realizar una tarea común en una jornada colectiva de forma solidaria), o las reuniones y espacios de toma de decisiones consensuadas para la gestión de las fuentes de agua y el mantenimiento de los espacios colectivos de bosque, hacen parte de las estrategias de reproducción de la vida campesina a partir de los cuatro ejes de la propuesta de TCAM: el plan de vida, la autoridad campesina, la protección del territorio y la economía propia.

El plan de vida es una hoja de ruta sobre la vida deseada que se proyecta a escala familiar a partir del diseño agroecológico de la finca. Se trata de un diseño prospectivo sobre la distribución del trabajo y el uso de energía en la finca que guía, a su vez, la organización del trabajo diario y los objetivos de bienestar familiar, así como de cuidado del suelo, mantenimiento del bosque y de los espacios de recarga hídrica, producción en las huertas caseras y manejo de los sistemas de tratamiento de agua, entre otros. Por tanto, estos planes contribuyen al sostenimiento de la vida colectiva a través del cuidado de las montañas, del agua y del suelo a partir del trabajo familiar.

La autoridad campesina y la protección del territorio van de la mano a través de los espacios de participación y organización comunitaria, como las mingas, reuniones o jornadas de limpieza, reforestación, mantenimiento de quebradas y caminos, etc. Se refuerza así una identidad sobre lo colectivo en torno al trabajo campesino y a la interdependencia del territorio. Por su parte,  a través de las ferias de intercambio de alimentos y productos, del fomento y salvaguarda de semillas nativas, de redes de guardianes de semillas y de espacios de intercambio de recetas y saberes sobre los alimentos, se aporta a la coconstrucción de economía propia, basada en los principios sociales y políticos de la agroecología, como la solidaridad, la soberanía alimentaria, la autonomía y el bienestar
integral.

La economía propia de la región se puede entender como un proceso de producción sostenible a través del manejo agroecológico, el cual permite la permanencia de las comunidades rurales en el territorio y la construcción de una armonía con la naturaleza mediante la producción, el intercambio y la comercialización, principalmente de café, basada en relaciones de cooperación y solidaridad orientadas hacia la construcción del Buen Vivir (Sarmiento y otros, 2018, p. 19). En esta región, la comercialización de café –que incluye compradores privados que pagan un precio extra y superior a los canales de comercialización tradicional, por ser un producto de calidad agroecológica y de una organización comunitaria; y las ferias de intercambio de productos, semillas y alimentos que se realizan cada 8 de marzo– se convierte en un espacio para reproducir una economía propia y autogestionada. También es importante mencionar las tensiones que la comercialización de café de alta calidad en circuitos de comercio justo y compradores de café premium traen a la región. La búsqueda por modos de vida que apuntan al Buen Vivir también se ven atravesados por las condiciones de intercambio y las necesidades de ingreso económico. Es por esto que las actividades de comercialización están organizadas a partir de la idea de cuidado del territorio y de los ecosistemas, de la economía, del bienestar familiar, de la finca y de las organizaciones comunitarias, que están siempre en disputa con las condiciones de comercialización desiguales debido a la presión del mercado y la dinámica del precio premium. Generalmente, son las mujeres las que se encargan de estas labores de cuidado y gestión.

Otro ejemplo de espacios de cuidado territorial a través del manejo agroecológico y la organización comunitaria se encuentra en las juntas de acueducto veredales. La compra, reforestación y protección de zonas de recarga y captación de agua es comunitaria, con recursos propios e iniciativas que se organizan desde las juntas. A través de las juntas se gestiona la organización, la distribución comunitaria y el buen uso del agua; también se establecen acuerdos que, en caso de ser infringidos, son penalizados con trabajo comunitario o actividades de reforestación y mantenimiento.

Otra iniciativa territorial importante son las Escuelas Agroambientales Veredales. Se trata de organizaciones creadas para la formación de campesinos y campesinas en temas de manejo agroecológico de suelos, aguas residuales, residuos sólidos y conservación del agua. Esta formación aplica la metodología de campesina/o a campesina/o desde las fincas. Todas estas organizaciones están principalmente lideradas y coordinadas por los esfuerzos de las mujeres, siendo menor la participación de hombres. Esto es así porque las mujeres tienen mayor presencia y actividad en el cuidado de los vínculos comunitarios al formar parte de las búsquedas constantes para reafirmar procesos de participación y transformar las condiciones de inequidad y desigualdad que atraviesan sus vidas. Los espacios donde inciden directamente las Escuelas Agroambientales Veredales son las cooperativas y asociaciones de productores/as o caficultores/as, particularmente en temas relacionados con el cultivo agroecológico y alternativas que generan ingresos económicos complementarios.

Reflexiones finales

La demanda por el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos y de las figuras de gestión territorial, como los TCAM en el caso del norte de Nariño y el sur del Cauca, son mecanismos para la protección de los modos de vida campesinos. Esta demanda ante el Estado busca proteger la vida cotidiana y la reproducción del territorio que, a su vez, es la agenda política del campesinado, particularmente de aquel comprometido con la agroecología y el cuidado del territorio.

El sostenimiento de los modos de vida, la resistencia a través de la reproducción de la existencia, o la reexistencia, es la manera en que, desde la agricultura campesina agroecológica y el cuidado del territorio, se aporta a la construcción y garantía de los derechos campesinos. Así, desde la región norte de Nariño y el sur del Cauca, a través de la figura de TCAM, la demanda por derechos territoriales del campesinado frente al Estado colombiano se sostiene a través del trabajo en la finca y del cuidado como una estrategia territorial para sostener la vida colectiva. Particularmente, las mujeres son actoras clave en el sostenimiento de las relaciones comunitarias y de los vínculos reproductivos que se gestionan a través de la propuesta de TCAM.

Tyanif Rico Rodríguez
Investigadora posdoctoral del Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) de la Universidad de Bielefeld. Su interés de investigación se centra en las estrategias comunitarias y campesinas de cuidado del territorio y defensa de la vida en América Latina
tyanif.rico@gmail.com

Referencias

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• Congreso Nacional Agrario (CNA) (2003). Mandato agrario, por vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad. http://www.mama oca.org/FSMT_sept_2003/es/lat/mandato_agrario.htm
• Duarte, C. (2017). Los territorios campesinos Agroalimentarios. La Silla Vacía.
• Fajardo Montaña, D. (2012). Colombia: Dos décadas en los movimientos agrarios. Cahiers des Amériques Latines, 71, pp. 145-168.
• Mojica, J. (2019). Colombia, país rural sin plan de desarrollo rural. La Silla Llena. https://www.lasi l lavacia.com/historias/historias-si l la- l lena/colombia-pais-rural-sin-plan-de-desarrollo-rural/
• Montenegro Paz, M. A. (2020). Cartas desde el macizo andino nariñense. Un viaje por el sur de Colombia a través de los relatos de las hijas y los hijos del macizo. Bogotá: CINEP.
• Pérez, M. (2007). Las zonas de reserva campesina (ZRC) en Colombia. Revista Javeriana, 783, pp. 68-77.
• Personería de Bogotá (s.f.). ABC de las acciones de tutela, incidente de desacato e impugnaciones. Alcaldía de Bogotá.
• Sarmiento, F., Medina, J., Patarroyo, L. E., Vargas, M., y González, R. (2018). Haciendo del saber una Minga. Programa de formación y gestión del conocimiento. Bogotá: CINEP.