Primer Encuentro de las Resistencias, Zoquitlán, Puebla. MAIZEl proyecto se pretende instalar en los cauces de los ríos Atzalan, Huitzilatl y Coyolapa, y tiene como objetivo la generación de energía eléctrica que será conectada al tendido eléctrico nacional, pero que no será para el consumo de las comunidades ni para el público en general, sino para el abastecimiento de los hornos de la Minera Autlán, localizados en Teziutlán, Puebla, según el proyecto ejecutivo.
El rechazo de las comunidades a este proyecto se debe a que este provocará la destrucción de la selva y el desplazamiento de las comunidades indígenas para favorecer a esta empresa minera sin ningún beneficio para los pueblos. La preocupación de las comunidades de la Sierra Negra surgió al inicio de 2016 por los rumores sobre la llegada del proyecto de la hidroeléctrica, cuya construcción estaba prevista para el inicio de 2017. Por lo tanto, considerando el poco tiempo para actuar, las comunidades no se quedaron pasivas y buscaron formas de resistir, informándose y tejiendo redes de colaboraciones, entre las cuales buscaron el apoyo del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Cuando empezamos a trabajar como parte de MAIZ en la Sierra Negra en 2013, la organización se focalizó en las oportunidades de desarrollo económico y productivo. Sin embargo, fueron las comunidades las que han marcado las pautas en la lucha y de esta forma se han encaminado los trabajos desde la perspectiva del derecho.
Fue importante generar la Escuelita campesina, un espacio de diagnóstico, reflexión, análisis de la realidad y de diálogo, donde tratamos temas diversos, como comunicación popular, economía solidaria, formas de organización, mediación de conflictos, cuestiones de género, soberanía alimentaria, impacto de las empresas mineras, defensa del territorio, etc. Y así, con este trabajo de ir aprendiendo juntos, poco a poco la demanda de las comunidades de la Sierra Negra se ha dirigido a temas que no son solo de producción, lo que ha llevado a que el Movimiento de Comunidades haya organizado la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, apoyado por MAIZ.
La resistencia se hace de múltiples maneras
En cada municipio afectado, junta auxiliar o inspectoría hay delegados y, en algunos, comités para que las personas puedan informarse. Como no contamos con los medios para movilizar a los cientos de compañeros, se han instalado radios comunitarias (radio Tlacuache en Zoquitlán, radio Tlayoli en la Cumbre, en el municipio de Tlacotepec, y Radio Coatl en Santa María Coapan) lo que permite llevar la información de todo lo que está pasando a cada casa de estos municipios e involucrar a los habitantes en el debate. El movimiento de resistencia ha tomado fuerza mediante los procesos de concientización; en primer lugar con la realización de talleres y asambleas donde se estudian los derechos indígenas y sobre todo con los grandes foros realizados en las comunidades afectadas, donde la situación ha sido denunciada con el respaldo de especialistas en el tema, como son los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), que compartieron su experiencia de lucha exitosa para la suspensión del proyecto hidroeléctrico La Parota en el estado de Guerrero. Estos encuentros han contado con gran participación de la población y de representantes de las comunidades de la Sierra Negra.
En segundo lugar está la participación de la gente en la organización vinculada al proceso de resistencia y de lucha, proceso que genera movilización y, en ocasiones, plantones de varios días enfrente a las oficinas de gobierno, donde también se quedan a dormir las mujeres con sus niños.
Hemos tocado todas las puertas de las instituciones responsables y nos hemos sentado en mesas de diálogo donde reiteradas veces escuchamos sus palabras huecas y compromisos que nunca cumplirán.
El conflicto es local, por lo que las comunidades afectadas son quienes tienen que decidir y legalmente recurrir a su autodeterminación. La resistencia debe de ser llevada en varios frentes, a nivel local, nacional e internacional, dialogando en diversos espacios.
En este sentido, el apoyo de MAIZ y de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán ha permitido el acercamiento y denuncia ante organizaciones solidarias nacionales e internacionales.
Finalmente hemos constatado que en las comunidades pequeñas las campañas negras, los rumores y calumnias frenan mucho la resistencia. Para contrarrestar estas tendencias negativas, las comunidades se han mantenido presentes en los medios, con carácter ético y siempre apegado a los hechos.
Gracias a esta serie de acciones hemos logrado detener el proyecto estos últimos dos años. Como consecuencia de ello se ha desencadenado todo un proceso de violencia, con amenazas y ataques armados, y una serie de acontecimientos que entendemos como mensajes violentos e intimidatorios para desarticular la resistencia. Por otras experiencias sabemos que este clima de corrupción, violencia e impunidad favorece a la empresa y fortalece al crimen organizado, que opera con altos niveles de violencia contra la resistencia al proyecto de la hidroeléctrica que presenta el Movimiento de Comunidades.
Desaparición forzada de Sergio
Entre todo esto, lo peor sucedió el 23 de agosto de 2018, cuando fue secuestrado y desaparecido nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, indígena nahua, defensor de los derechos humanos y de la tierra, caracterizado por su liderazgo y resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan. Como lo explica el abogado de su familia, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, se trata de una desaparición forzada porque, según testimonios de personas que vieron el momento de los hechos, agentes municipales participaron en este crimen.
Para hacer frente a estas agresiones, uno de los campos que hemos tratado de no descuidar es el legal. Para los pueblos originarios, acceder a la justicia no es un camino sencillo.
En el caso de Sergio, él ya había recibido amenazas y sufrido golpes e intento de asesinato, agresiones que fueron denunciadas ante el Ministerio Público y ante la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a dichas denuncias descalificando la vulnerabilidad en la que Sergio se encontraba.
En un país como México, donde los datos oficiales (según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas) contabilizan 35 mil desaparecidos, para que se diera atención al caso de la desaparición de Sergio y no se transformara en un dato estadístico más, fue necesaria una semana de movilización coordinada en diferentes puntos y ciudades. Rápidamente nos hemos dado cuenta de que, si no nos organizamos, no logramos nada. Hay que reconocer a Consuelo Carrillo, compañera de Sergio, joven madre con sus cinco hijos entre cuatro meses y diez años de edad, quien a pesar de las amenazas tuvo el valor de poner la denuncia y ha estado siempre presente en las movilizaciones.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e integrantes del Parlamento Europeo han solicitado al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para localizar y proteger a Sergio. En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), encontramos centenares de familias que siguen en la búsqueda de los suyos. ¿Qué institución puede garantizar la integridad de una sociedad como la nuestra cuando militares, marinos, policías federales, policías locales, todos son parte del crimen?
Finalmente, toda esta presión logró que se cumplieran las órdenes de detención y tres personas, señaladas por los testigos como autores materiales directos de ese delito, se encuentran actualmente en prisión preventiva. Pero Sergio sigue desaparecido. Todo este proceso evidencia la incapacidad de estas instituciones, que solo registran los testimonios pero no realizan las debidas investigaciones.
Movilización en la Ciudad de México. MAIZ
La actuación de la empresa y del Estado está repleta de ilegalidades
La empresa y el Estado invadieron el territorio desde por lo menos unos seis años atrás, cuando hicieron la prospección y los estudios de ingeniería para el proyecto y, luego, más recientemente negociando las tierras de manera individual, sin informar a las comunidades indígenas. El Estado y la empresa persisten en desconocer los resultados que no les son favorables y siguen insistiendo contra la voluntad de los pueblos en la instalación del proyecto, violando permanentemente su derecho a la autodeterminación.
En el frente legal y político es sumamente importante contar con el apoyo de un equipo transdisciplinarIo (antropólogos, biólogos, ingenieros, etc.), como el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que nos presentó los resultados de sus análisis. Entre sus señalamientos destaca el del sesgo arbitrario de los documentos oficiales referidos al proyecto de la hidroeléctrica, titulados Manifiesto de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) y Evaluación de Impacto Social (EVIS), ambos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) antes de realizar la consulta previa.
El Convenio 169 de la OIT sigue siendo la principal herramienta del derecho internacional para la defensa de los pueblos indígenas y tribales, y es frecuentemente invocado por los pueblos en sus luchas, por lo que nosotros pensábamos que el derecho a la consulta a la que están obligados los gobiernos firmantes del Convenio sería una herramienta para defender nuestro territorio. Pero hemos aprendido en este proceso que no es así. De hecho, como lo explica la OIT en sus documentos, el derecho de vetar el proyecto no existe como figura legal. Lo único que se propone con la consulta es alcanzar un acuerdo para mitigar las afectaciones negativas; el Estado sigue teniendo el poder de decidir sobre los territorios indígenas.
Una vez más, como en toda América Latina, esta es la lucha de los pueblos indígenas por su reconocimiento como sujetos de derechos colectivos. Esta falta de atención por la vía institucional y la inexistencia de herramientas jurídicas para garantizar los derechos de los pueblos originarios es una irresponsabilidad del Estado porque genera conflictos y violencia que vulneran la gobernabilidad del propio estadonación, provocando justamente la fragmentación del país. Proclamar un derecho en su plano formal no implica su efectividad real. Un derecho solo puede ser efectivo cuando el acceso a él está garantizado. Y comienza sanando la deuda histórica con los pueblos originarios, la cual no consisten solo en buscar la paz a través de la justicia a la memoria de los antepasados, sino que es una cuestión de justicia por los pueblos originarios de hoy. En el caso de la Sierra Negra, gran parte de la población son campesinos sin tierra que están condicionados a apoyar el proyecto de la hidroeléctrica para poder seguir cultivando las tierras de los caciques cuyos intereses son distintos a los de los pueblos originarios. Hoy los campesinos sin tierra no solamente enfrentan los intereses de los terratenientes, sino también los intereses del capital y de la minería. Solamente saldando esta deuda histórica se puede pretender hacer una consulta de “buena fe” cómo estipula el Convenio 169.
Sergio Rivera Hernández. M
Cabe recordar que, a nivel nacional, organizaciones de la sociedad civil reprocharon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a la consulta libre, previa e informada, así como el derecho al consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas, hubiesen sido vulnerados en el proceso de aprobación de la reciente reforma energética en México.
Tanto los documentos MIA-R y EVIS cuanto la consulta, se transformaron en herramientas para legalizar el despojo de los territorios. Fue necesario que agotáramos todos los procesos de diálogo e innumerables mesas de discusión con autoridades, para que al final regresáramos a la comunidad convencidos de que la única manera de defender nuestro territorio es fortalecer el tejido social local.
Seguiremos exigiendo a las autoridades la búsqueda, localización y presentación de Sergio Rivera Hernández y seguiremos participando en el proceso judicial para que se investigue, no solamente a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de este crimen. Continuaremos defendiendo la tierra, el agua, la biodiversidad, el territorio y, sobre todo, la posesión comunitaria de las tierras, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Nuestra lucha sigue y seguirá firme hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan; hasta lograr ser sujetos de derecho sin la imposición de una visión colonialista y de leyes racistas y excluyentes.
Maira Le Moal
Facilitadora de procesos comunitarios
maira.lemoal@gmail.com
Omar Esparza Zárate
Coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista
omaresparza76@hotmail.com
Blog de MAIZ:
https://maizpuebla.wordpress.com/
