Desde los territorios libres de cultivos transgénicos: defensa de la soberanía alimentaria

Costa Rica, con tan solo el 0,03% de la superficie mundial, posee poco más de medio millón de especies, aproximadamente el 3,5% de la biodiversidad del planeta. Es un país con gran agrobiodiversidad y variados microclimas, lo que lo hace un lugar apto para la producción de alimentos con alto valor nutricional durante todo el año. Sin embargo, las políticas de los últimos gobiernos han sometido a la agricultura a un modelo agroindustrial de exportación que beneficia a las grandes multinacionales biotecnológicas, productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos.

Desde 1991 estas multinacionales gozan de permisos de siembra experimental y reproducción para la exportación de semillas. En 2005 el movimiento social encabezado por las organizaciones campesinas y ecologistas inició una campaña nacional con el objetivo de alertar a la población sobre los riesgos de la introducción de semillas transgénicas y para que los municipios del país se declaras en territorios agroecológicos y libres de cultivos transgénicos, reafirmando el Protocolo de Cartagena. Como resultado, de 2005 a 2012 ocho municipios habían acogido esta iniciativa. En noviembre de 2012, la campaña tomó fuerza debido a la intención de la transnacional Monsanto de introducir variedades de maíz transgénico en la provincia de Guanacaste. Más municipios acordaron declararse territorios agroecológicos libres de cultivos transgénicos y, en julio de 2013, 59 municipalidades, de un total de 81, habían adoptado esta acción.

En Costa Rica, la moratoria de siembra de cultivos transgénicos es un hecho relevante. Hoy día, la biotecnología moderna es el principal estandarte de las empresas multinacionales semilleras para seguir destruyendo la agricultura local de los países más pobres y así seguir consolidando su objetivo: convertirse en las dueñas de la cadena agroalimentaria. Es así que la recuperación de la soberanía alimentaria debe constituir una política nacional agraria que en beneficie a los productores y consumidores, propiciando el acceso a los recursos estatales para nuevas alternativas agropecuarias y el cambio de los modelos de producción agrícola convencionales, la transformación y comercialización de los productos locales, el derecho a la alimentación como derecho constitucional. Para ello es fundamental la prohibición de la siembra de cultivos transgénicos desde los gobiernos locales.

Es valioso rescatar el valor político de esta iniciativa de lucha en contra de los cultivos transgénicos desde los municipios y las bases comunitarias de Costa Rica, así como la promoción del diálogo campo-ciudad que marca el buen vivir, la recuperación de los sistemas de agricultura tradicional, la preocupación por el desarrollo de una agricultura urbana, el rescate de los usos tradicionales, el papel de los campesinos como custodios de las semillas nativas y criollas, y el rescate de los mercados locales.