Economía verde y agricultura. un resumen y una evaluación crítica

Si bien la idea de una EV tiene más de dos décadas, el debate reciente ha estado centrado en las propuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que fueron objeto de discusión en el proceso de la cumbre sobre ambiente y desarrollo, conocida como Rio+20.

En poco tiempo, la etiqueta EV ha sido usada de muy distintas maneras, sea para apoyar reformas que buscan cómo acompasar instrumentos de mercado con metas ambientales sea para denunciar esos intentos como una claudicación al mercado. Por lo tanto, es necesario precisar que en el presente artículo se examinarán las relaciones entre la EV, tal como fue presentada por el PNUMA en 2011 y, en particular, sus propuestas sobre agricultura (un repaso de todas las secciones de estas propuestas se encuentra en M. Buonomo y colaboradores, 2012. CLAES, Uruguay).

El libreto de la economía verde

comencemos por señalar que el objetivo de la EV es “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que se reducen significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”. Se la presenta como “verde” ya que sería una alternativa a las prácticas actuales, las cuales corresponderían a una “economía marrón”. El reporte original del PNUMA presenta un plan de inversiones sustanciales en varios sectores, entre ellos la agricultura, con una fuerte participación de actores privados. Este plan, además de sus metas ambientales, debería ser socialmente incluyente, aumentar la demanda de empleo y permitir el relanzamiento del crecimiento económico. En cuanto a la agricultura, la EV reconoce que se enfrentan serios problemas, y entre ellos destacan los impactos sobre el ambiente, que incluyen la pérdida de biodiversidad, deforestación, erosión, escasez de agua dulce, uso intensivo de agroquímicos y emisiones de gases con efecto invernadero. También admite las consecuencias de todo esto sobre los sectores más pobres.

Frente a esta situación, la EV postula que la agricultura debe ser “enverdecida” para alcanzar metas que muchos compartiríamos, tales como alimentar a la población mundial y mejorar su nutrición, reducir la pobreza al mismo tiempo que se evita la degradación ambiental, reducir las ineficiencias y pérdidas en las cadenas agropecuarias, y aumentar los empleos. Para llegar a esas metas la EV apunta a una reconversión que parte de la inversión, la investigación y un nuevo manejo de recursos claves, como son la conservación y fertilidad de suelos, el uso sostenible del agua, la diversificación de los cultivos y la ganadería, asegurar buenos niveles de sanidad, un nivel adecuado de mecanización, y la articulación productiva con el comercio y los negocios.

Se busca aumentar tanto la productividad agrícola como la rentabilidad. Para ello, la EV entiende los componentes ambientales como una forma de capital y, por lo tanto, medidas como la conservación de suelos o el manejo del agua son una “reconstrucción del capital natural”. Las intervenciones son esencialmente económicas, de manera que las externalidades negativas de las prácticas actuales puedan ser transformadas en externalidades positivas de reconstrucción del capital natural. Entre las propuestas consideradas hay varias positivas, como son los casos de conservación de suelos apelando a la fertilización con nutrientes naturales, reducción en el uso de plaguicidas y utilización del control integrado de plagas, rotaciones de cultivos y diversificación en sistemas agrícolas ganaderos, mejoramiento de los sistemas poscosecha para evitar pérdidas, etc. Se indican los peligros de los agroquímicos, pero a la vez se les reconoce un lugar; señala que se debe limitar la mecanización, pero a la vez se propone usarla adecuadamente para aumentar la productividad. Muchas de estas sugerencias se expresan en forma genérica y, solo en algunos casos, se encuentran ejemplos concretos.

También se admite que la agricultura tendrá que reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero. Esto es particularmente importante en América Latina, ya que las principales fuentes de emisiones están en los cambios en el uso del suelo y la deforestación. Pero el énfasis de la EV está puesto en los países desarrollados, cuyos gases se originan, en su mayoría, desde sectores como industria, transporte, etc. Entretanto, en América Latina, el abordaje del cambio climático está íntimamente relacionado con las políticas agropecuarias y de tenencia de la tierra, y estos aspectos no son abordados en este sentido por la EV.

Sorpresivamente, en el texto se admiten algunos problemas que han sido denunciados desde los movimientos rurales. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, algunas críticas a la revolución verde, la resistencia a plagas y malezas del paquete productivo basado en transgénicos, etc. Incluso se llega a reconocer que un puñado de unas 40 grandes corporaciones ostenta un gran poder en la agricultura mundial.

Sin embargo, la EV se mueve entre objetivos que no son fácilmente compatibles ya que, por un lado, indica que no debería aumentarse la superficie agrícola y, por el otro, postula un aumento de la producción. Esto le obliga a jerarquizar el papel que pudieran tener mejores prácticas junto a una reducción de las pérdidas poscosecha, aunque siempre está la sombra de la intensificación, por ejemplo, con nuevas variedades transgénicas, otros sistemas de fertilización y maquinarias, y así sucesivamente.

La iniciativa de la EV del PNUMA también fue abordada por la FAO, aunque en su caso es evidente la precaución. En efecto, las propuestas iniciales de la FAO son para el “enverdecimiento de la economía con la agricultura”, con el objetivo de aumentar la seguridad alimentaria, utilizar menos recursos naturales, y lograr mayor eficiencia en las cadenas de valor agroalimentarias. Sus condicionalidades ambientales son posiblemente más claras, pero su abordaje de la agricultura también es economicista, en especial por sus apelaciones a la eficiencia, cadenas de valor, etc. (FAO, 2011).

Escenarios en la agricultura

Las propuestas sectoriales de la EV apelan a comparar escenarios donde unos expresan las tendencias si se mantienen las prácticas y condiciones actuales, y otros son los que corresponderían a las medidas para enverdecer la economía. Ese ejercicio se realizó también para la agricultura, y se concluyó que son necesarias enormes inversiones para poder promover su enverdecimiento (estimadas en el 0,16% por año del PIB mundial, lo que representa un equivalente a 198 mil millones USD entre 2011 y 2050). Estas inversiones se deberían enfocar en investigación y agronegocios, mejorar el manejo sanitario, ampliar las cadenas de suministros verdes –en especial en los países del sur–, difundir maquinarias adecuadas, mejorar el manejo poscosecha, mejorar el manejo de suelos y agua y diversificar la producción.

El escenario verde alternativo está repleto de optimismo, ya que, por un lado, se indica que no se aumentará la superficie cosechada pero, por otro, se postulan aumentos productivos tanto en grandes como medianos agricultores, un incremento en la rentabilidad y más empleos. Algunos de estos aumentos pueden ser entendidos, pero para lograrlos se requerirían cambios sustantivos en la organización productiva del sector que no aparecen con claridad en las propuestas de la EV. Por ejemplo, una mayor demanda de trabajadores se podría alcanzar con prácticas agrícolas más verdes y menos maquinizadas, lo que implica cambios enormes en el empresariado rural. Pero esas transformaciones no están abordadas adecuadamente en la EV y, por el contrario, parecería que se trata de evitar conflictos, especialmente con el empresariado.

También se esperan aumentos de la rentabilidad buscando monetizar los servicios ambientales. Aquí se establece un vínculo directo con reformas que la EV postula para varios otros sectores y que descansan en pagos por bienes y servicios ecológicos.

Los cambios en políticas y estrategias

En cuanto a la normativa, la EV propone cambios –en un principio bienvenidos– como son la demanda de controles sanitarios o la eliminación de subsidios a las exportaciones. Pero a la vez postula otros controvertidos, como son la insistencia en la rentabilidad, la defensa de la liberalización del comercio o el pago por servicios ambientales como compensación económica. La EV reconoce que la transición desde las actuales prácticas agrícolas insostenibles a otras verdes, se debería incentivar desde los gobiernos, con apoyos a la tenencia de la tierra por pequeños agricultores, asistencia para las mujeres campesinas en minifundios, compras gubernamentales, etc.

Pero la EV no le hinca el diente a los cambios económicosen juego, tales como una transformación radical en los subsidios para pasar de los que son “perversos” –dados sus impactos sociales, ambientales y económicos–, a otros que son legítimos. Muestra mucho optimismo en el pago por servicios ambientales, sin advertir que ello refuerza la mercantilización de la Naturaleza. Paralelamente propone la aplicación de impuestos a los combustibles fósiles y al uso de agroquímicos, o tasas para las emisiones contaminantes. Las inversiones deberán asegurar infraestructura rural, en especial en los países en desarrollo.

Una mirada crítica

Como se puede ver, la EV aplicada a la agricultura posee algunos elementos positivos, tanto por reconocer problemas como los impactos ambientales y límites ecológicos. Es más, algunas medidas como las de conservación de suelos y agua, y el reemplazo de prácticas mecanizadas que utilizan agroquímicos por otras más orgánicas, han sido demandadas por varias organizaciones ciudadanas. Pero llegando a este punto, aparecen varios problemas sustanciales de la EV. Comencemos por señalar que no profundiza en las acciones concretas para alcanzar esos cambios y, en otros casos, las medidas consideradas tienen un sesgo mercantil tan fuerte que terminan anulando las posibilidades de cambio. En efecto, en el reporte del PNUMA hay pocas indicaciones específicas sobre cómo lograr cambios, por ejemplo, en la conservación de suelos y aguas, el control de plagas, etc.

Es una mirada economicista que valora económicamente al ambiente, de manera que pueda ingresarlo en el mercado y lograr rentabilidad. De manera muy esquemática, el “agricultor verde” futuro que surge de la EV sería un productor mediano que vende sus cosechas como “mercancías” y que paralelamente cobra por algunos servicios ambientales en un mercado ecológico. La EV desea ampliar la mercantilización rural y considera su base ecológica como una forma de capital natural que se coloca en el mercado como “bienes y servicios” ambientales. Esto requiere la monetización de las funciones del ambiente y la adjudicación de derechos de propiedad. Al moverse en ese plano no se atienden adecuadamente otras dinámicas claves para organizar la producción y comercialización agropecuaria. Se reconoce que la pérdida de alimentos es escandalosa, se admite que un grupo de grandes corporaciones tienen un control desmedido en la producción y comercio global, e incluso se llega a indicar que los transgénicos tienen limitaciones, pero no se profundiza en este tipo de cuestiones. Dicho de otra manera, la EV casi no tiene una economía política.

Si la concentración transnacional es un problema, se deberían proponer medidas para revertir esta situación, tales como la admisión de protección comercial en los sectores agroalimentarios, el fomento a la creación de empresas nacionales e incluso estatales, el establecimiento de precios subvencionados en los mercados nacionales, regulación del comercio global, etc. Pero ese tipo de razonamientos no aparece en la EV; tampoco se exploran reformas sustanciales en la Organización Mundial de Comercio (OMC), el papel de las bolsas de cotización de agroalimentos (ejemplo: Bolsa de Chicago), la función de los corredores (brokers) del comercio internacional, la especulación en alimentos y tierras, etc.

En cambio la EV apela a medidas de reforma instrumentales, especialmente económicas, y muy tímidas en el campo político. Por ejemplo, antes que regular a las grandes empresas agrícolas, parecería que desea su colaboración para una reconversión. Este ejemplo muestra que no se analizan adecuadamente el papel de los grandes actores económicos y productivos, sus influencias en las políticas rurales nacionales o su peso en el comercio global. Tampoco se contempla cómo ajustar cambios para asegurar la necesaria protección de la agricultura familiar y campesina.

En otros capítulos de la EV relacionados con la agricultura se repiten problemas semejantes. Por ejemplo, para el caso de los bosques, si bien se les reconoce su importancia y la necesidad de protegerlos, son concebidos como proveedores de bienes y servicios, y no necesariamente como sitios de alta biodiversidad.

Desde un punto de vista específicamente latinoamericano son evidentes otras limitaciones. Una de ellas es la ausencia de consideraciones sobre la fuerte expansión que han tenido los monocultivos de exportación, donde el caso más conocido es la soja en los países del Cono Sur. En ellos concurren paquetes de prácticas y tecnologías muy complejos, que incluyen, entre otros elementos, variedades transgénicas, siembra directa, herbicidas específicos, alta mecanización, cadenas logísticas que controlan la producción de los predios por medio de diversos convenios comerciales, mercados de futuro, etc. Sus impactos ambientales y sociales son muy evidentes. Pero análisis de este tipo no aparecen en la EV, mientras que los instrumentos económicos que se proponen dudosamente afectarán la expansión de esos monocultivos y la amortiguación de algunos de sus impactos más graves será casi nula.

A su vez, la rica tradición latinoamericana de agriculturas de bajos insumos, especialmente en manos campesinas, o las prácticas agroecológicas, no son reconocidas, o son mencionadas limitadamente. Resulta evidente que, bajo las condiciones de insostenibilidad que el propio reporte admite, la agroecología debería ser una respuesta clave y merecería una atención central. La propuesta de la EV la menciona, pero no la promueve decididamente.

Finalmente, la EV no aborda adecuadamente el papel de los pequeños agricultores, campesinos o indígenas. Parecería que en el futuro que propone, muchos de ellos deberían convertirse en agricultores empresariales.

Un balance

La EV, más allá de su rótulo “verde”, es en sentido estricto un gran plan de relanzamiento del crecimiento económico, enfocado en particular en los países industrializados en crisis y defendido por agencias de Naciones Unidas. Para cumplir ese propósito es inevitable atender la dimensión ambiental, al menos por dos razones. La primera es que un colapso ecológico –sea por los costos de contaminación, pérdida de recursos naturales, cambio climático, etc.– impediría cualquier expansión económica. La segunda es que, en el campo ambiental, pueden crearse nuevos mercados y mercancías, y con ello alimentar una nueva fase de expansión económica. Así como se crearon los derivados y apalancamientos de las hipotecas, que estrictamente no eran más que mercancías ficticias, de forma muy similar estamos presenciando los intentos de crear mercaderías tales como “servicios ecosistémicos”.

Se admiten muchos de los efectos negativos del desarrollo actual, pero la EV está convencida de que estos pueden ser solucionados y rectificados con medidas instrumentales, en particular aquellas basadas en los mercados. El problema es que ese abordaje no ataca los problemas de insostenibilidad del desarrollo actual y, menos aún, los de la agricultura mercantilizada. Al contrario, la EV podría acentuar muchas contradicciones y efectos negativos. Por este tipo de razones, un primer balance concluye en alertar que la EV todavía está muy lejos de la necesaria transformación ecológica.

Si bien en Rio+20 no se alcanzaron acuerdos sobre la EV, de todos modos la discusión ha quedado instalada, la influencia de esa mirada se extiende a muy diversos sectores, y la crisis económica global refuerza el interés en mercantilizar otros ámbitos. A su vez, el alto precio de los agroalimentos esconde las desigualdades y problemas que persisten en el mundo rural. Por este tipo de razones, los debates sobre la EV seguirán estando presentes por mucho tiempo.

Referencias

• FAO. 2011. Estado de la preparación de las contribuciones de la FAO a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, relativa a la “Gobernanza para reverdecer la economía mediante la agricultura”, CL 143/18, noviembre 2011.
• Buonomo, M., Ghione, S., Lorieto, V., Gudynas, E. 2012. Ecología y conservación en la “economía verde”: una revisión crítica. En: Delgado R., G. C., ed. Economía Verde: apuesta de continuidad del desarrollo desigual y el abuso de los bienes comunes. Cuadernos de Pensamiento Crítico. Ruth Casa Editorial. La Habana y Panamá. En prensa.
• PNUMA. 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. PNUMA. Nairobi.
• UNEP. 2011. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (Rumbo a una Economía Verde: Rutas hacia el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza). UNEP. Nairobi.