Foto: Enrique Castro
Este grupo poblacional es poseedor de tradiciones milenarias y mantiene una relación de profunda espiritualidad con el ambiente donde se desarrolla. También presenta los más altos niveles de vulnerabilidad social (entendida como una mayor susceptibilidad a efectos externos económicos, sociales, culturales y ambientales) e índices de pobreza monetaria.
Según el Instituto Nacional de Estadístíca e Informática (INEI), para el año 2010, en la Sierra Rural, el 61,2% de la población se ubica en situación de pobreza monetaria, mientras que el 28,5% en situación de extrema pobreza. En la Selva Rural, el 45,6% se encuentra en pobreza monetaria y el 17,8% en extrema pobreza. Esta situación responde a la ausencia del Estado en la zona y la poca voluntad política por implementar políticas públicas para promover la articulación de las comunidades con la sociedad y con mercados más dinámicos.
A la fecha, las actividades extractivas se encuentran en un momento de auge en el Perú. Solo en el período de enero a octubre de 2011 la inversión en minería ascendió al nivel récord de USD 5.325 millones, con efectos positivos en el empleo y en la dinamización de los mercados a nivel nacional. La Sociedad Nacional de Industrias sostiene que entre 1999 y 2009 la minería representó el 7,7% del PBI y el 12,5% del total de recaudación fiscal (incluyendo regalías y aporte voluntario). El gobierno ha manifestado públicamente la importancia de la minería para poder sostener los amplios programas sociales prometidos durante la campaña electoral 2011.
El éxito del crecimiento de las actividades extractivas responde a una agresiva política de promoción de las inversiones mineras y de hidrocarburos, liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) durante el gobierno anterior. Esta promoción consiste en la acelerada concesión de lotes mineros y de hidrocarburos, así como en la rápida aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El gobierno anterior (2006-2011) dejó 50 EIA aprobados, y en junio de 2011, 24 millones de hectáreas estaban entregadas en concesión minera (18,91% del territorio peruano).
Al mismo tiempo, en mayo de 2010, el 64.98% del territorio de las comunidades nativas de la amazonía había sido entregado en concesión como lotes para la extracción de hidrocarburos. Este gran impulso a las concesiones ha impactado directamente en las comunidades campesinas y nativas, las cuales vienen siendo presionadas por el uso de los recursos naturales ubicados dentro de su territorio, quedando expuestas a diversos intereses económicos y políticos.
En un entorno en donde el rol fiscalizador del Estado es muy débil, ya que se limita a aprobar EIA y otorgar concesiones, la ejecución de los proyectos extractivos y el destino de las comunidades, dueñas de extensos territorios que abarcan importantes recursos naturales para la vida, se ha venido decidiendo a través de negociaciones entre las empresas extractivas y los dirigentes de las comunidades, negociaciones que se caracterizan por su marcada asimetría en la información y clara ventaja para las empresas.
Croquis de efectos de relave en la comunidad de Comunpata
De esta manera, tenemos un gran número de comunidades que se han sentido despojadas de sus tierras, con sus recursos naturales y medios de vida afectados, viendo cómo enormes recursos económicos pasan de lado.
Esto ha traído como consecuencia un número alarmante de conflictos con consecuencias trágicas. Según la Defensoría del Pueblo, durante el gobierno anterior hubo alrededor de 80 muertos en conflictos sociales y al 31 de diciembre de 2011 existen 223 conflictos sociales activos, 57% de los cuales son socioambientales.
En lo que va del nuevo gobierno, el Presidente Ollanta Humala ya ‘tiene a cuestas’ dos importantes conflictos sociales con víctimas humanas, millonarias pérdidas y un cambio de gabinete. Un entorno político y mediático abiertamente hostil orienta el debate hacia una polaridad de ‘antimineros’ versus ‘promineros’, en un espiral de adjetivos que no hacen más que generar propuestas infructuosas como el radical “no a la minería” o el populista “repartamos el canon”.
Es de vital importancia colocar a las comunidades campesinas y nativas como actores centrales en este debate, reconociendo la prioridad que deben tener en las políticas de superación de la pobreza, revalorizando sus conocimientos, sus derechos y el rol que cumplen en el manejo de los recursos naturales ubicados en su territorio.
Las comunidades están en la capacidad de contribuir en la elaboración de políticas públicas que promuevan su propio desarrollo, gestionar su territorio y el uso de sus recursos naturales, así como negociar –en una situación de mayor equidad en la información– con las empresas extractivas la implementación de proyectos que aseguren mejores condiciones de vida, respeten sus derechos y sean sostenibles para el ecosistema y las formas de vida que alberga. Para conseguir esto, es crítico el rol que debe asumir el Estado al acompañar a las comunidades y regular las negociaciones con las empresas, y de esta manera, asegurar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades campesinas y nativas.
Martín Valdivia
Oficial, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cambio Climático, Diakonia.
Correo-e: martin.valdivia@diakonia-la.org
Referencias
Defensoría del Pueblo. 2011. Información estadística del estado de los conflictos sociales (en línea, consultado en diciembre de 2011) Perú. Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=5
Instituto del Bien Común. 2011. Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana (SICNA) (en línea). Lima, Perú. Disponible en http://www.ibcperu.org
Instituto Peruano de Economía. 2011. La tributacion minera en el Peru: Contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales (en línea). Lima, Perú. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Disponible en http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Tributacion-Minera-en-el- Peru/Libro-La-tributacion-Minera-en-el-Peru.pdf
Lapeña, Isabel. 2011. Dicen que somos el atraso. propiedad comunal y agrobiodiversidad en el Perú. SPDA, MacArthur. Lima, Perú.
Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. 2011. Política económica y social (en línea). Lima, Perú. Disponible en http://www.mef.gob.pe
Portal de Noticias de la Minería Peruana. 2011. Octavo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (en línea, consultado en diciembre de 2011). Disponible en http://www.perumineria.com/2011/12/26/inversion-en-mineria- se-dio-en-22-regiones-y-ascendio-a-us-5325-millones/
