Reducir el uso de plaguicidas en América del Sur: desafíos y propuestas para una transición agroecológica1

El uso de plaguicidas sintéticos en América del Sur viene aumentando de manera sostenida, generando dependencia y graves impactos en la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria. Aunque estos insumos siguen siendo la base de los sistemas agroindustriales, desde los territorios se evidencia la urgencia de transitar hacia modelos alternativos como la agroecología. 

En el marco del Programa Transición hacia una Agroecología Campesina al Servicio de la Soberanía Alimentaria (Tacsa), esta problemática fue identificada como un eje central de preocupación. A partir de ello, se impulsó un proceso de análisis orientado a incidir en el debate público, que incluyó la revisión de estudios, el intercambio con organizaciones e investigadores, y la participación en espacios de discusión regional.

Como parte de este proceso, el IPDRS coordinó una investigación sobre los marcos normativos e institucionales en cinco países de la Comunidad Andina y del Mercosur (Aldana Lucero et al., 2025), que evidenció importantes vacíos, especialmente en materia de regulación y control del uso de plaguicidas. Este artículo recoge los principales hallazgos y plantea cuatro ejes prioritarios de acción para avanzar hacia sistemas alimentarios más saludables y sostenibles:

1. Armonizar y fortalecer las regulaciones a nivel regional.
2. Reforzar el monitoreo y la fiscalización.
3. Ampliar la educación y el acceso a la información.
4. Impulsar la agroecología como base de sistemas resilientes.

Con ello, se busca contribuir al debate público y a la construcción de respuestas colectivas frente a los impactos del uso masivo de plaguicidas en la región.

Una exposición creciente a los plaguicidas y sus impactos

El uso de productos químicos sintéticos, en particular los plaguicidas agrícolas, ha tenido una rápida expansión a pesar de sus impactos masivos y sin suficiente investigación científica (Bernhardt et al., 2017). Su expansión ha sido acelerada: en 2019 se comercializaron cerca de 4.8 millones de toneladas a nivel mundial, el doble que en 2005 (Shattuck et al., 2023). Estos compuestos contaminan suelos, agua, aire, alimentos y organismos vivos (Leenhardt et al., 2022).

En América del Sur, esta tendencia es especialmente preocupante. Entre 1999 y 2020, el uso de plaguicidas aumentó cerca de un 120 %, alcanzando las 770 000 toneladas (Fundación Heinrich Böll et al., 2023), con importantes diferencias entre países. Una parte significativa corresponde a plaguicidas altamente peligrosos (PAP), reconocidos por sus graves impactos en la salud y el ambiente ( Aldana Lucero et al., 2025).

La evidencia científica muestra efectos cada vez más claros sobre la salud humana. Si bien las intoxicaciones agudas —frecuentemente asociadas al incumplimiento de normas— siguen siendo alarmantes, el mayor riesgo proviene de la exposición cotidiana y prolongada a bajas dosis. Esta exposición, muchas veces invisible, se acumula en el ambiente y en los cuerpos, y está asociada a enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, trastornos neurológicos y problemas del desarrollo (Baldi et al., 2021). Además, los plaguicidas pueden favorecer la aparición de enfermedades infecciosas al afectar los equilibrios ecológicos (Ratnadass et al., 2023).

Aunque toda la población está expuesta, los riesgos no se distribuyen de manera equitativa (Castro- Vargas et al., 2025). Los trabajadores de la producción, formulación y comercialización de plaguicidas, así como las familias agricultoras, enfrentan las mayores exposiciones. También están en situación de riesgo las comunidades que habitan cerca de zonas de fumigación, donde estos productos se aplican con frecuencia en la proximidad de viviendas, escuelas y fuentes de agua. Finalmente, consumidores urbanos y rurales ingieren alimentos con residuos de plaguicidas, en muchos casos por encima de los límites legales (Salud con Lupa, 2025).

En el plano ambiental, los plaguicidas degradan los ecosistemas, reducen la biodiversidad, y afectan funciones clave como la polinización y la fertilidad del suelo (Leenhardt et al., 2022). Lejos de ofrecer una solución sostenible, refuerzan la dependencia de los sistemas agrícolas industriales y dificultan las transiciones hacia modelos más resilientes.

Estos impactos implican costos elevados que no son asumidos por quienes se benefician de su comercialización (CCFD-Terre Solidaire & Pollinis, 2021). Además, la dependencia de insumos importados genera vulnerabilidades para la soberanía alimentaria y riesgos para la estabilidad comercial, especialmente ante regulaciones internacionales cada vez más estrictas.

Factores que impulsan el uso y mal uso de plaguicidas

El uso de plaguicidas no responde únicamente a decisiones individuales de productores y productoras. Está determinado por un conjunto de factores estructurales —económicos, políticos, técnicos y culturales— que, en muchos casos, limitan las alternativas disponibles, incluso para quienes buscan transitar hacia prácticas agroecológicas (Castro-Vargas et al., 2025). Por ello, abordar este problema requiere una mirada sistémica que permita identificar responsabilidades más allá del nivel individual.

En determinados contextos, los plaguicidas permiten aumentar la productividad del trabajo, lo que resulta clave cuando la mano de obra es escasa o costosa, ya sea por el éxodo de las juventudes rurales o por la competencia con otros sectores económicos. Asimismo, su uso puede estar condicionado por exigencias de acceso a crédito o a determinados mercados.

A esto se suma el fenómeno conocido como pesticide treadmill o «círculo vicioso de los plaguicidas», pues cuanto más se usan, más pierden eficacia, ya que las plagas desarrollan resistencia. Esto obliga a aplicar mayores cantidades o productos más fuertes, simplifica los sistemas productivos y reduce su diversidad, haciéndolos aún más vulnerables. Como resultado, se refuerza la dependencia de estos insumos y aumentan los niveles de contaminación.

Este proceso se ve reforzado por transformaciones en las cadenas globales de producción. Vemos que la expansión de plaguicidas genéricos de bajo costo, junto con la asesoría técnica vinculada a su comercialización, favorece el sobreuso. De igual manera, el avance de cultivos transgénicos asociados a herbicidas ha profundizado esta dependencia.

En el plano político, el lobby del sector ha contribuido a mantener regulaciones débiles o insuficientemente aplicadas, apoyándose en narrativas que presentan el uso de plaguicidas como sinónimo de progreso y productividad (Aldana Lucero et al., 2025). En la práctica, esto se traduce en incumplimientos frecuentes por uso de productos prohibidos, presencia de residuos por encima de los límites establecidos, y condiciones inseguras de manejo que afectan a trabajadores, comunidades y consumidores.

Sin embargo, existen alternativas. La agroecología ofrece caminos viables hacia sistemas agrícolas más sostenibles, resilientes y justos, como lo demuestran diversas experiencias en los territorios y estudios recientes (Deguine et al., 2023).

Propuestas para la agenda política

El uso masivo de plaguicidas constituye un problema público de gran magnitud, con impactos directos en derechos fundamentales como la salud, el acceso a un ambiente sano y la alimentación adecuada (FIAN, 2020). Enfrentar esta problemática requiere respuestas integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Si bien los Estados tienen un rol central, la responsabilidad es compartida entre actores públicos y privados. En este sentido, se proponen cuatro líneas de acción prioritarias orientadas a reducir el uso de plaguicidas y avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

1. Fortalecer y armonizar las regulaciones

Se busca avanzar hacia marcos normativos más estrictos y coherentes a nivel regional, que permitan limitar el uso de plaguicidas altamente peligrosos y establecer estándares comunes de protección.

Esto implica:

• Armonizar los procesos de autorización de plaguicidas, tomando como referencia los estándares más exigentes, e incorporar mecanismos simplificados para insumos de bajo riesgo.
• Establecer una lista regional de plaguicidas prohibidos en la Comunidad Andina y el Mercosur, priorizando la eliminación de los altamente peligrosos y de sustancias ya restringidas en otras regiones.
• Definir protocolos comunes de monitoreo en todas las etapas: producción, formulación, comercialización, importación y exportación.
• Establecer normas más estrictas de buenas prácticas agrícolas para proteger a trabajadores y comunidades, incluyendo zonas de exclusión en áreas habitadas, escolares y de uso colectivo.
• Unificar criterios sobre límites máximos de residuos en alimentos y garantizar sistemas de monitoreo público con participación de la sociedad civil.
• Regular la gestión de envases y residuos peligrosos, revisando prácticas como el triple lavado, cuya efectividad es cuestionada.
• Establecer marcos regulatorios para el lobby y prevenir conflictos de interés.
• Separar la comercialización de plaguicidas de los servicios de asesoría técnica.

2. Reforzar el monitoreo y la fiscalización

Requiere fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger la salud pública y el ambiente. Ello involucra:

• Incrementar los recursos y capacidades técnicas de las autoridades competentes, asegurando su independencia frente a intereses corporativos.
• Mejorar la coordinación entre agencias sanitarias, ambientales, laborales y agrícolas, incorporando la participación de la sociedad civil.
• Promover servicios de asesoría técnica independientes, desvinculados de la venta de insumos.
• Implementar sistemas obligatorios y periódicos de monitoreo de residuos de plaguicidas en agua y alimentos, con resultados públicos y comparables.
• Desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan evaluar los impactos sanitarios del uso de plaguicidas.
• Fortalecer los mecanismos de sanción frente a incumplimientos.
• Involucrar a organizaciones de consumidores en procesos de certificación, trazabilidad y control.

3. Promover educación y acceso a la información

Se debe ampliar el conocimiento sobre los riesgos de los plaguicidas y las alternativas disponibles, fortaleciendo capacidades en todos los niveles. Para ello hay que:

• Impulsar investigaciones sobre los impactos de los plaguicidas y los aportes de la agroecología.
• Incorporar contenidos sobre agroecología, alimentación saludable y riesgos de plaguicidas en los sistemas educativos formales y no formales.
• Desarrollar campañas públicas sobre agroecología y alimentación saludable dirigidas a productores, consumidores, funcionarios y tomadores de decisión.

4. Impulsar la transición agroecológica
   Se precisa promover políticas e incentivos que favorezcan sistemas agrícolas sostenibles, reduciendo progresivamente la dependencia de insumos químicos. Esto requiere:

• Definir e implementar una estrategia regional de transición agroecológica.
• Establecer incentivos económicos, técnicos y organizativos para productores y territorios agroecológicos.
• Promover la protección y el uso de semillas nativas, criollas y campesinas.
• Avanzar hacia la eliminación progresiva de organismos genéticamente modificados.
• Reconocer y proteger territorios libres de plaguicidas y transgénicos.

Lorenzo Soliz Tito

Investigador especializado en desarrollo rural con enfoque en comunidades campesinas e indígenas. Desde 2017 es miembro del IPDRS. Autor de libros, artículos y propuestas de políticas públicas sobre desarrollo rural.

lsoliz@ipdrs.org

Robin Villemaine

Agrónomo francés y doctor en Sociología. Ha trabajado varios años en el Perú y en el ámbito de la solidaridad internacional. Entre 2018 y 2026 fue responsable del programa Tacsa en la región andina para la ONG CCFD-Terre Solidaire.

robin.villemaine@gmail.com

Referencias

• Aldana Lucero, P., Soliz Tito, L., & Bazoberry Chali, O. (coords.). (2025). Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur. IPDRS, Tacsa, CCFDTerre Solidaire, Brot für die Welt, Humundi. https://ipdrs.org/ wp-content/uploads/2025/10/Plaguicidas-quimicos-de-usoagricola-IPDRS-1.pdf
• Baldi, I., Botton, J., Chevrier, C., Coumoul, X., Elbaz, X., Goujon, S., Jouzel, J.-N., Monnereau, A., Multigner, L., Salles, B., Siroux, V., Spinosi, J., & Bortoli, S. (2021). Pesticides et effets sur la santé. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. https:// inserm.hal.science/inserm-03384960v1/file/Exp-coll_Pesticides_rapport.pdf
• Bernhardt, E. S., Rosi, E. J., y & Gessner, M. O. (2017). Synthetic chemicals as agents of global change. Frontiers in Ecology and the Environment, 15(2), 84-90. https://doi.org/10.1002/fee.1450
• Castro-Vargas, S., Hernández Rodríguez, C., Navas, G., Castañón Ballivián, E., Xu, Y., & Marini, D. A. (2025). Pesticides and food sovereignty: (dis)connections and challenges for agrarian movements. The Journal of Peasant Studies. https://doi.org/10.10 80/03066150.2025.2549340
• CCFD-Terre Solidaire, & Pollinis. (2021). Pesticidas: un modelo que nos cuesta caro. https://ccfd-terresolidaire.org/wp-content/ uploads/2022/04/Pesticidas-un-modelo-que-nos-cuesta-caroinforme.pdf
• Deguine, J.-P., Aubertot, J.-N., Bellon, S., Côte, F., Lauri, P.-E., Lescourret, F., Ratnadass, A., Scopel, E., Andrieu, N., Bàrberi, P., Becker, N., Bouyer, J., Brévault, T., Cerdan, C., Cortesero, A.-M., Dangles, O., Delatte, H., Yen Dinh, P. T., Dreyer, H., Duru, M.,… Lamichhane, J. R. (2023). Agroecological crop protection for sustainable agriculture. Advances in Agronomy, 178, 1-59. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.11.002
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• Ratnadass, A., Deberdt, P., Martin, T., Sester M., & Deguine J.P. (2023). Impacts of Crop Protection Practices on Human Infectious Diseases – Agroecology as the Preferred Strategy to Integrate Crop Plant Health Zithin Extended “One Health” Framework. En M. Vithanage y Varad Prasad (ed.), One Health Human, Animal, and Environment Triad. Wiley.
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• Shattuck, A., Werner, M., Finn, M., Dunivin, Z., & Galt, R. (2023). Global pesticide use and trade database (GloPUT): New estimates show pesticide use trends in low-income countries substantially underestimated. Global Environmental Change, 81. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102693