Introducción

Las comunidades que viven alrededor de la laguna Piuray, en el distrito de Chinchero, están ubicadas en la puerta de entrada al Valle Sagrado de los Incas. Rodeada por la cordillera de los Andes, posee un alto valor cultural y paisajístico, mientras que la laguna y sus ecosistemas proveen de agua a la ciudad del Cusco y a las zonas turísticas. En los últimos 40 años, la capital cusqueña ha experimentado un crecimiento exponencial y hoy constituye el motor turístico del país, recibiendo un promedio de dos millones de turistas al año. A causa de ello, ejerce una creciente presión sobre los recursos hídricos de los territorios rurales, originando conflictos socioambientales entre las comunidades de la microcuenca de Piuray, la empresa que provee agua, entidades estatales y la propia ciudad. En paralelo, también han surgido soluciones a través de la implementación de mecanismos más justos de gestión.

Mujer de la comunidad de Ocotuan evaluando la calidad del agua mediante macroinvertabrados (2022).
Fuente: Juan Victor Bejar Saya.

Junta directiva del Comité de Gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca,
gestión 2023-2025. Fuente: Juan Victor Bejar Saya.

Las principales actividades económicas en las comunidades son la agricultura y la ganadería, que en conjunción con el turismo comunitario y la producción artesanal han favorecido el desarrollo de las actividades económicas en la región. No obstante, hace más de dos décadas surgió un conflicto entre las comunidades de la microcuenca1 y SEDACUSCO, una entidad prestadora de salud (EPS) encargada del abastecimiento de agua y saneamiento para la ciudad del Cusco. Este conflicto se originó por la pérdida de tierras y cultivos, atribuida tanto al fenómeno de El Niño como a la extracción de agua por parte de la empresa, lo que habría generado deslizamientos en la zona adyacente a la laguna.

Las comunidades demandan un acceso equitativo al agua, así como una retribución por su labor en la conservación de la laguna y sus ecosistemas. También exigen la implementación de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, cuya ausencia pone en riesgo la calidad del agua de la laguna Piuray y, en consecuencia, el abastecimiento hídrico de la ciudad del Cusco. Adicionalmente, se busca el reconocimiento de los saberes campesinos o comunales —denominados «tecnologías andinas»— que han sido implementados a lo largo del tiempo para la protección y gestión sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas asociados a la laguna.

En esta etapa, el Comité planteó el concepto de «compensación por mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de agua», entendido como un enfoque de gestión del recurso hídrico mediante el cual quienes conservan y protegen las fuentes de agua […] reciben algún tipo de retribución

El sobreuso del agua en la microcuenca de Piuray y la movilización social

La extracción de agua de la laguna de Piuray hacia la ciudad del Cusco tiene como antecedente los estudios realizados en 1937, orientados al aprovechamiento de los manantiales asociados a este sistema hídrico. Posteriormente, en 1970, se inició la explotación del recurso mediante la construcción de obras de captación y conducción.

Décadas más tarde, se originó el ya mencionado conflicto socioambiental entre las comunidades de la microcuenca y SEDACUSCO. Este se desencadenó a partir de dos eventos de colapso y deslizamiento de terrenos agrícolas y de pastoreo cercanos a la laguna, ocurridos en 1998 y en el año 2000. Dichos desastres afectaron más de 22 hectáreas, según lo reportado por el PRONAMACHCS-MIMA (2000), situación que derivó en un proceso de creciente tensión social entre las comunidades y la empresa que, posteriormente, dio lugar a espacios de diálogo y negociación.

Según el expresidente del CGMCPCC, Pedro Condori: «SEDACUSCO aumentó la extracción de la laguna de 250 a 280 litros de agua. Los peces disminuyeron, la gente ya no podía pescar y las heladas aumentaron, por lo que perdimos los cultivos. Eso nos hizo reflexionar en que las instituciones solo buscan su propio interés».

A raíz de la crisis, las comunidades de la microcuenca iniciaron movilizaciones hacia la ciudad del Cusco el año 2000, lo que generó un clima de tensión entre estas y la EPS. Frente al sentimiento de despojo e injusticia que experimentaban, las comunidades exigieron una compensación por los terrenos colapsados, así como el reconocimiento de sus contribuciones a la conservación y el cuidado del agua mediante acciones como la construcción de terrazas, cercos vivos y zanjas de infiltración; la habilitación de procesos de forestación; y la instalación de infraestructura para el control de cárcavas. Estas intervenciones se desarrollaron bajo un enfoque de gestión de microcuenca con apoyo de programas de cooperación internacional y del Estado. A pesar de ello, la compensación por los terrenos deslizados no fue concedida.

Luego de un periodo de desatención por parte de los funcionarios de la empresa, en 2009 la Junta Directiva del CGMCPCC firmó un convenio de asesoramiento técnico y social con el Centro Bartolomé de Las Casas (CBC). Este acuerdo permitió iniciar un proceso de apoyo, acompañamiento técnico y social, y fortalecimiento de capacidades en gestión del agua dirigido a los líderes comunales, en el marco del proyecto Agua en Territorios Andinos financiado por la Unión Europea. En este contexto, y a partir del análisis del conflicto y de las demandas comunitarias, se desarrolló un estudio de caso (Guzmán León [comp.], 2021) impulsado desde el curso de Justicia Hídrica del CBC.

Líder y directivo Amilcar Escalante explica los mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos a pasantes de la región de Huancayo (2025). 
Fuente: Juan Victor Bejar Saya.


Reunión de negociación entre los miembros del Comité y funcionarios de SEDACUSCO (2012).
Fuente: CBC.

En el año 2012 se inició un nuevo proceso de diálogo entre el CGMCPCC, SEDACUSCO y el CBC, que asumió el rol de asesor del Comité, además de actuar como mediador y facilitador. En esta etapa, el Comité planteó el concepto de «compensación por mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de agua», entendido como un enfoque de gestión del recurso hídrico mediante el cual quienes conservan y protegen las fuentes de agua —generalmente comunidades rurales—, reciben algún tipo de retribución o incentivo por dicho trabajo.

Este planteamiento estuvo acompañado de un plan de estrategias de negociación y de gestión de la microcuenca, lo que contribuyó a fortalecer y encauzar el proceso de diálogo. Ese mismo año, la Municipalidad Distrital de Chinchero se sumó a la iniciativa. En este contexto, se decidió tomar como referencia la experiencia de la ciudad de Moyobamba, en la región San Martín, donde ya se venía implementando con éxito un mecanismo financiero para la retribución de los servicios ecosistémicos hídricos1 . Posteriormente, en abril de 2013, el CGMCPCC, SEDACUSCO y la Municipalidad Distrital de Chinchero concretaron la firma de un convenio tripartito, con la presencia y el aval de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) como ente garante y del CBC como asesor del Comité.

Según el expresidente del CGMCPCC, Pedro Condori: «SEDACUSCO aumentó la extracción de la laguna de 250 a 280 litros de agua. Los peces disminuyeron, la gente ya no podía pescar y las heladas aumentaron, por lo que perdimos los cultivos

Deslizamiento de tierras en el sector de Pongobamba (2000). 
Fuente: Archivo MIMA

Esta norma marcó un hito clave en la institucionalización de la compensación por servicios hídricos. Sin embargo, en paralelo surgieron conflictos internos entre el CGMCPCC y la Municipalidad Distrital de Chinchero por la gestión de los fondos, lo que derivó en que SEDACUSCO asumiera su administración

Este convenio fue posteriormente incorporado en el Plan Operativo Institucional y en la estructura tarifaria de SEDACUSCO para el periodo 2013-2018, estableciendo un incremento tarifario del 4.8 % en los servicios de agua potable y alcantarillado, destinado a financiar proyectos orientados a reducir el riesgo de contaminación de la laguna de Piuray. Dicho monto se aplica mensualmente en cada recibo domiciliario de agua en la ciudad, en el marco de la modernización de los servicios de saneamiento de las EPS (Ley N.° 30045, 2013).

Esta experiencia sirvió como antecedente para la posterior promulgación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos o MRSE (Ley N.° 30215, 2014), cuyo monto recaudado anualmente asciende a un aproximado de 1 300 000 nuevos soles (USD 351 000), provenientes del cobro mensual a los usuarios. Esta norma marcó un hito clave en la institucionalización de la compensación por servicios hídricos. Sin embargo, en paralelo surgieron conflictos internos entre el CGMCPCC y la Municipalidad Distrital de Chinchero por la gestión de los fondos, lo que derivó en que SEDACUSCO asumiera su administración.

En 2015, la reglamentación de la ley consolidó este proceso, facultando a las EPS para gestionar, ejecutar y financiar proyectos de conservación hídrica. No obstante, hacia 2016 emergieron cuestionamientos comunales sobre la transparencia, la participación y la gestión de los recursos por parte de SEDACUSCO. Finalmente, desde 2022 se observa una reactivación del rol de las comunidades, que buscan mayor participación en la gestión del fondo y en la implementación de proyectos, incorporando además enfoques de desarrollo sostenible como la agroecología, aunque aún de manera incipiente.

La negociación y los aprendizajes

A partir de los conflictos y negociaciones con SEDACUSCO, las comunidades impulsaron una retribución justa por el uso del agua, incorporando medidas para reducir los impactos en sus medios de vida.

La experiencia de la microcuenca Piuray-Ccorimarca constituye un hito pionero que pasó del planteamiento del «canon por el agua» en 2013 a la implementación de un esquema de compensación por servicios ecosistémicos, contribuyendo a la promulgación de la Ley de MRSE en 2014. Este proceso reconoció el rol de las comunidades como protectoras de las fuentes hídricas y estableció un principio de reciprocidad con la ciudad.

La implementación evidenció limitaciones en la gestión, la transparencia y la participación comunal. Frente a ello, las comunidades han buscado fortalecer su rol y promover prácticas sostenibles como la agroecología.

El principal aprendizaje es que los MRSE requieren gobernanza efectiva, con reglas claras, participación real y transparencia, para consolidarse como instrumentos de sostenibilidad hídrica y justicia socioambiental.

Reflexiones sobre las injusticias en torno al uso del agua

Los MRSE surgen de procesos de diálogo y negociación, por lo que deben adaptarse a las condiciones locales y no aplicarse como modelos estandarizados. En este sentido, el caso de Piuray representa una oportunidad para impulsar un modelo de desarrollo territorial integral que articule la conservación de ecosistemas, la agroecología, el fortalecimiento organizativo y la mejora de los servicios de saneamiento, generando además oportunidades económicas sostenibles.

Sin embargo, los territorios que abastecen de agua a las ciudades enfrentan múltiples presiones: aumento de la demanda urbana, contaminación, degradación de suelos, y pérdida de saberes locales por migración y cambios socioeconómicos. En Piuray, estos desafíos se suman a las tensiones históricas por el uso del agua.

Los territorios que abastecen de agua a las ciudades enfrentan múltiples presiones: aumento de la demanda urbana, contaminación, degradación de suelos, y pérdida de saberes locales por migración y cambios socioeconómicos.

Frente a ello, las «tecnologías andinas» —como la siembra y cosecha de agua, la agroforestería y el manejo de suelos— son clave para la sostenibilidad hídrica y la resiliencia comunitaria, aportando bases concretas para la implementación de los MRSE y la adaptación al cambio climático.

En este contexto, el territorio debe asumirse como un espacio de aprendizaje colectivo que articula comunidades, Estado e investigadores. Asimismo, es fundamental fortalecer a las comunidades campesinas y garantizar su participación en la toma de decisiones, reconociéndolas como actores centrales en la gestión del agua. Solo así será posible enfrentar las desigualdades y avanzar hacia una verdadera justicia hídrica.

Juan Víctor Béjar Saya

Investigador vinculado al CBC con experiencia en gestión territorial, gobernanza del agua y conflictos socioambientales en el sur del Perú. Estudia las relaciones entre comunidades rurales, recursos naturales y políticas públicas con énfasis en enfoques de justicia hídrica y MRSE.

juanvictor.bejar@cbc.org.pe

Referencias

• Guzmán León, A. (2021). Justicia hídrica, una mirada desde Latinoamérica. Centro Bartolomé de Las Casas. https://cbc.org.pe/ wp-content/uploads/2024/03/justiciahidricacbc.pdf
• Ley N.° 30045, de Modernización de los Servicios de Saneamiento (Congreso de la República [Perú], 2013).
• Ley N.° 30215, de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Congreso de la República [Perú], 2014).
• PRONAMACHCS-MIMA. (2000). Informe técnico sobre deslizamientos en la microcuenca de Piuray.
• SEDACUSCO. (2014). Memoria anual 2014. https://www.sedacusco.com/transparencia/memoria/2014.pdf
• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). (2018, 8 de septiembre). Fórmula y estructura tarifarias de SEDA S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-2023. El Peruano, p. 38.