Las cifras, además de ser desproporcionadas entre sí, instan a preguntarse lo que hay detrás de ellas, por ejemplo, en cuestión de género. En este sentido, en la década de los 80, desde el enfoque de género se abordaban los procesos de feminización de la pobreza, lo que desde esa época hasta hoy “[…] ha puesto en evidencia la necesidad de reconocer que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera diferente, y que el género es un factor, como la edad, la etnia y la ubicación geográfica, entre otros, que incide en la pobreza y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a padecerla” (Godoy, 2004, p. 13) . En el contexto de agricultoras/es y campesinas/os, las condiciones de hambre y pobreza entre hombres y mujeres siguen marcando injusticias. De acuerdo a datos del Programa Mundial de Alimentos citados por ONU Mujeres, “se estima que el 60% de las personas que sufren hambre crónica son mujeres y niñas” (Naciones Unidas, 2011, p. 1).
Sin embargo, al mismo tiempo, se plantea que “si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en un 20% a 30%; de este modo, la producción agrícola total en los países en desarrollo podría aumentar en un 2,5% a 4%, [lo que, a su vez,] permitiría reducir el número de personas hambrientas en el mundo entre un 12% y un 17%” (FAO, 2011, p. 3). Esto demuestra la importancia de invertir brechas de desigualdad, tanto por razones de justicia como de oportunidad y beneficio para el resto de las personas.
La relevancia del acceso a recursos productivos por parte de las mujeres trabajadoras de la tierra tiene un potencial rotundo, ya que –de acuerdo a lo citado previamente– el acceso a recursos impacta en el acceso a alimentos en el mundo. En este sentido, a partir del valor del trabajo en asociatividad de las mujeres, se pretende mostrar el rol transformador que tienen cuando se autoorganizan alrededor de la producción agroecológica en la micro y pequeña escala, en virtud del ejercicio de derechos y el desarrollo sostenible de sus comunidades.
En concreto, se describe la experiencia de la Organización Social de Mujeres en Progreso de Complejo Carcaje – Azirumani Bartolina Sisa (en adelante, Mujeres en Progreso, ver recuadro). La información recopilada proviene de entrevistas semiestructuradas (2019-2021) y de testimonios recabados en los talleres formativos realizados en el marco del Proyecto 4 sobre Poblaciones Indígenas del Programa (VLIR UOS) con la Universidad Católica Boliviana San Pablo y el Proyecto Ayni de Mujeres del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).
La protección de derechos de las mujeres indígenas-campesinas en torno a los derechos de las personas que trabajan la tierra y los pueblos indígenas
Dar atención a las situaciones de discriminación y violencia que las mujeres sufren de manera generalizada es una necesidad indiscutible. Sin embargo, llama la atención que la forma de responder a la situación de desigualdad que viven las mujeres no plantee maneras para revertir los sistemas de opresión que permean las estructuras políticas, sociales y culturales en las que ellas se desenvuelven, tanto en la sociedad en general como en las organizaciones o contextos indígenacampesinos. Las acciones de respuesta a la exclusión o restricción del ejercicio de sus derechos se tornan en procesos subsidiarios de otros, por lo que la voz, las agendas y visiones propias de las mujeres como colectivo no trascienden de manera predominante o protagónica al momento de pensar y actuar sobre sus derechos. Paradójicamente, como se describirá a continuación, su rol y participación es esencial para su posicionamiento como titulares de derechos.
Aunque la incidencia y protagonismo de las mujeres ha sido clave para el reconocimiento de los derechos humanos en la historia boliviana, este no ha sido un movimiento homogéneo ni protagónico. Durante la Guerra del Chaco (1938), las mujeres de clase media y alta tomaron el espacio público organizándose para la asistencia a soldados, víctimas y huérfanos de la guerra, o para incluir sus demandas sobre sus derechos políticos y sociales, en un momento de transformación social a causa de la crisis nacional y mundial causada por la depresión económica de los años 30 (Álvarez, 2011, pp. 9-10). Al mismo tiempo, las mujeres indígenas campesinas, para quienes la división y transgresión entre lo público y lo privado no fue tan evidente, asociaron sus plataformas de lucha a demandas colectivas sociales: “mientras que las mujeres de clase alta y media, que pertenecían a los centros intelectuales y artísticos, pedían el derecho al voto para mujeres que supiesen leer y escribir, las sindicalistas que pertenecían a las clases bajas de la sociedad tenían reivindicaciones sociales tales como el trabajo” (Alvarez, 2011, p. 7).
No obstante, las demandas de estos dos sectores de mujeres confluyen en los resultados de la Revolución Agraria de 1952, por un lado, mediante el voto universal y, por el otro, a través de la reivindicación del principio de que “la tierra es de quien la trabaja”. A partir de ese momento, el reconocimiento de la tierra se convierte en un punto de encuentro para la demanda feminista índigena-campesina y la dignidad del trabajo.
Un hecho que marca un paso importante en la promoción y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres campesinas de origen indígena en Bolivia, quienes representan un universo de 1,1 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística, 2016, p. 1), ha sido el haber logrado el derecho a la tenencia, herencia y titularidad de la tierra. No obstante, aunque este derecho se ejerció de manera limitada, su reconocimiento es fundamental para el avance hacia la igualdad de género y la sustentabilidad de las estrategias de vida.
La Ley N° 3545 del 28 de noviembre de 2006, que modifica la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria, buscó garantizar y priorizar la participación de las mujeres en los procesos de distribución y de titulación de las tierras. Sin embargo, al igual que en la Reforma Agraria de 1952, la ley no abordó las causas de las situaciones de injusticia que enfrentan las mujeres indígenas campesinas. A la fecha, las prácticas sociales y los trabajos de cuidado y productivos continúan afectando de manera particular y discriminatoria a las mujeres campesinas-indígenas, obstaculizando el ejercicio de sus derechos sociales, económicos y políticos (Llanque y otros, 2018, p. 128).
Actividades productivas y de cuidado de las mujeres indígenas-campesinas
Las mujeres rurales realizan una diversidad de actividades y ejercen una diversidad de roles. En el caso de la Organización de Mujeres en Progreso del Valle Alto de Cochabamba, con base en 82 entrevistas realizadas entre 2019 y 2021, se identificó una multiplicidad de ocupaciones: el 38% de las mujeres entrevistadas se dedica a la agricultura como actividad principal, el 47% sólo a labores de casa o cuidado doméstico, el 12% a la comercialización y el 3% restante a otro tipo de ocupaciones. La mayoría de estas mujeres cumplen múltiples roles, ya que muchas son madres, trabajan y se encargan del hogar.
En el Estado Plurinacional de Bolivia el término Vivir Bien se reconoce como principio y valor constitucional. Este concepto, aunque continúa siendo sometido a diferentes discusiones y análisis por su amplitud y diversidad de posibles interpretaciones, se relaciona con el ejercicio de varios derechos humanos y, por tanto, también de derechos campesinos relacionados con la integralidad de la vida de las personas (Constitución Política del Estado, artículo 8). En el caso de las mujeres entrevistadas del Valle Alto, ante la consulta de si consideran que su vida es buena, uno de los testimonios más representativos señala: “Yo no tengo buena vida, todo es vender, quisiera […] descansar” (entrevista a Margarita, 2019). Cabe indicar que los nombres de las entrevistadas han sido protegidos con el uso de nombres de flores en su lugar.
De manera general, las mujeres son las principales responsables del trabajo no remunerado, no reconocido e invisible de cuidado de la familia y de las labores de casa. ¿Cómo es para ellas un día de descanso? “Domingo, ese día no trabajo [afuera]. Limpio mi casa [me dedico a] desempolvar. En sí, no hay un día de descanso para mí” (entrevista a Gardenia, 2019).
Asimismo, las entrevistadas ponen énfasis sobre el cansancio que sienten por la sobrecarga de tareas que realizan a diario y afirman que, incluso, dejan de disfrutar de sus propias vidas por la demanda que implica la lucha cotidiana para tener una casa o una tierra propia para el cuidado de sus familias. Estos son los fines por los que reconocen que deben trabajar, aun a costa del desarrollo de su individualidad. Esta falta de reconocimiento y visibilización de sus múltiples roles resalta el limitado ejercicio de derechos desde una mirada colectiva.
La organización para apoyar al ejercicio de derechos. El caso de Mujeres en Progreso
La precariedad y soledad generalizada en las estrategias de vida en el uso de tiempo, la falta de descanso y la saturación en las responsabilidades asumidas por las mujeres en el Valle Alto, han sido contrastadas con la experiencia de la Organización de Mujeres en Progreso. A continuación, se describe cómo las mujeres productoras organizadas generan oportunidades a corto plazo para ellas, sus familias y comunidades, apuntando a la relevancia de la organización.
Mujeres en Progreso ha sido impulsada por y para mujeres con aspiraciones y objetivos comunes en la comunidad del Complejo Carcaje, en el Municipio de Tolata, provincia Germán Jordán, en Cochabamba. En busca de reconocimiento oficial, constituyeron su organización el 14 de enero de 2008 con el objetivo de apoyar el desarrollo económico, productivo y social de las mujeres de la comunidad. Esto les permitió ser parte, en primer lugar, de organizaciones matrices como la Coordinadora de Mujeres del Valle Alto (COMUVA), para después asociarse de manera directa a la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Cochabamba (CIOEC Cochabamba).
La obtención de personería jurídica de la Organización de Mujeres en Progreso (en 2012) permitió a sus integrantes generar alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil para la implementación de proyectos conjuntos. A partir de ahí, hace aproximadamente 10 años, comenzaron a trabajar con la producción de hortalizas agroecológicas en huertos familiares. Esta producción resultó fundamental para mejorar la alimentación de sus familias, principalmente de las/os niñas/os; además, permitió generar un excedente que se vende a Kampesino, brazo comercial de CIOEC Cochabamba. Estas acciones han permitido a la Organización de Mujeres en Progreso fortalecer su capacidad de autogestión y plantear nuevos retos, tanto en lo productivo como en su bienestar social a nivel individual y colectivo, con impacto más allá de las asociadas directas.
Los saberes de las integrantes de la organización están vinculados al trabajo ancestral con la tierra. Esta pertenencia e identidad facilita su capacidad organizativa y les permite participar en espacios políticos y redes productivas. El ayni (palabra quechua para el trabajo colaborativo y solidario), realizado por y entre mujeres en la comunidad del Complejo Carcaje, ha sido fundamental para la consolidación de la Organización de Mujeres en Progreso como grupo autónomo, sostenible y con las mujeres como protagonistas de sus propias vidas, de sus familias y de su comunidad. Esto ha sido posible mediante la producción agroecológica, el cuidado del medio ambiente y la generación de oportunidades alrededor del trabajo con la tierra (Quiroga, 2021, pp. 155-156).
Desde la cosmovisión de las mujeres, la tierra tiene un valor muy importante en sus vidas como generadora de vida, ya que gracias a ella pueden comer, vivir y alimentar a sus familias; y, además, generar cierta autonomía económica: “cuando producimos y vendemos, ya tenemos dinero y no dependemos mucho de los varones” (entrevista a Tulipán, autoridad de la Organización de Mujeres en Progreso, 2020). La oportunidad de ser productoras de hortalizas en huertos agroecológicos familiares ha resultado en empoderamiento económico y mayor participación política en la organización y en otros espacios de toma de decisiones. Ello les permite organizarse mucho mejor, ser escuchadas y que su voz se tome en cuenta.
La vinculación con la CIOEC Cochabamba ha impulsado la producción agroecológica reconocida como tal a través de la obtención del sello de un sistema participativo de garantía (SPG). El no uso de químicos sintéticos en la producción –que atentan contra la salud de sus familias y de las personas que consumen sus cosechas– es reconocido como un valor de soberanía y seguridad alimentaria para sus mismas familias, pero también como una responsabilidad en beneficio de la sociedad por medio del consumo.
Derechos de las mujeres campesinas desde la mirada que provee la UNDROP
Desde el trabajo de la tierra, las mujeres generan la oportunidad de acceder a trabajo seguro y digno de manera autónoma, y lo hacen en virtud de un papel que revitaliza la relación con la tierra y el respeto a la naturaleza como continuidad de vida desde el cuidado y la asociatividad. El éxito de la experiencia de autoorganización alrededor de la práctica agroecológica con apoyo de redes y alianzas locales logra oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, sus familias y comunidades. Por ejemplo, en relación a los derechos propugnados desde la UNDROP:
- La identidad indígena y campesina está ligada indefectiblemente al trabajo con la tierra => Derecho a la tierra y al territorio acorde a la definición de persona campesina (artículos 1 y 4).
- El rol de las mujeres como cuidadoras y reproductoras de sistemas de vida sostenibles, locales y comunitarios impacta en el alcance de la soberanía y la seguridad alimentarias de forma significativa para sus familias y comunidades => Derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado (artículo 3).
- La autogestión colaborativa de las mujeres está basada en el ayni a través de redes familiares, vecinales y comunitarias => Derecho a la protección de los valores en la agricultura y a la práctica agrícola tradicional (artículos 5 y 6).
- La organización de las mujeres está centrada en el alcance del bienestar de ellas mismas, por ellas mismas, pero con efectos directos en sus familias y comunidades, lo que les trae reconocimiento => Derecho a la libertad de asociación, de opinión y de expresión (artículo 12).
- Finalmente, el establecimiento y la gestión de una organización propia tiene relevancia en distintos ámbitos de sus estrategias de vida y derechos (derecho a un nivel de vida adecuado, artículos 2 y 3):
- Económico/derechos económicos: las iniciativas desarrolladas a través de la organización permiten a las mujeres adquirir ingresos económicos de manera flexible, adaptándose a su contexto y de forma autónoma (cada asociada produce lo que puede con el apoyo del resto).
- Social/derechos sociales: acceden a espacios de fortalecimiento de capacidades y apoyo intergeneracional y sororo. Permite, además, establecer contacto con diferentes instituciones del campo académico y de la acción social.
- Político/derechos políticos: son referente de su zona y se les convoca orgánicamente a través de organizaciones de base para tratar temas políticos sobre elecciones de directorio, uso de aguas, redistribución de la tierra y de la producción de hortalizas, y participación en asambleas. Su organización, además, está conectada con otras productivas y otras de base territorial como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.
Comentarios finales
El desarrollo de los derechos humanos se ha construido con base en valores subjetivos y representando sólo un lado de la historia, el masculino. Esta historia con una agenda política, ecológica y económica se basa en subjetividades y representaciones que no incluyen a las mujeres en general, a las mujeres campesinas indígenas en particular, y tampoco al grupo masculino en su totalidad, diversidad y desigualdad. Lo que sí se repite es la protección subsidiaria ante situaciones de violencia o discriminación. Esto ha reproducido ideologías sobrepuestas a lo local, realidades que, por estar desarticuladas y no representar una prioridad generalizada, son consideradas “de bajo impacto” por su “pequeña” escala. Parte de esta visión es priorizar el crecimiento económico y la acumulación de bienes y servicios a gran escala. Esas prioridades se toman a costa de diferentes derechos humanos expresados, entre otros, en el debilitamiento de soberanías, la explotación de los ecosistemas y el daño ambiental invaluable, en especial en territorios con historias y presentes coloniales, como es el caso de Bolivia.
La experiencia estudiada se basa en la sabiduría de las mujeres, que integra la búsqueda por vidas dignas mediante respuestas locales para generaciones presentes y futuras. Frente a condiciones de desigualdad, la respuesta de las mujeres organizadas es subsistir desde el trabajo en red, de manera pacífica, lenta y a pequeña escala. Así, demuestran ser ejemplo de cambios transformadores de la realidad local, pues es en los espacios de mujeres donde ellas pueden participar de manera más libre, sin verse limitadas por los estereotipos y la subordinación determinadas por prácticas socioculturales, paternalistas y patriarcales.
En estos espacios de autoorganización de mujeres en torno a la agroecología, las tareas de cuidado no son cuestionadas; al contrario, las mujeres asociadas revierten la carga de soledad y aislamiento que estas les suponen. Desde su acción colectiva general, consiguen logros valiosos en sintonía con la UNDROP (entre otros instrumentos de derechos humanos) y la Agenda 2030. La experiencia de la Organización de Mujeres en Progreso, como otras en diferentes latitudes centradas en el cuidado de la naturaleza y el desarrollo de vidas dignas por medio de la sororidad, representa un proceso de ejercicio de escucha desde realidades locales.
Celeste Quiroga
Abogada por la Universidad Católica Boliviana San Pablo y parte del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales (CICS)
mquiroga@ucb.edu.bo
Lourdes Tola
Comunicadora social, secretaría de Actas de la Organización Social de Mujeres en Progreso de Complejo Carcaje y productora de hortalizas
lourdestolacondo@gmail.com
Karla Guzmán
Abogada investigadora en derechos humanos, asociada al grupo de investigación sobre poblaciones indígenas y transformación de conflictos sociales del Proyecto VLIR-UCB
karlajgs99@gmail.com
Referencias
- Alvarez Gimenez, M. E. (2011). Movimiento feminista y derecho al voto en Bolivia (1920-1952). Nuevos Aportes. Tejedoras. Revista sobre democracia y género, 139.
- Godoy, L. (2004). Entender la pobreza desde la perspectiva de género. Serie Unidad Mujer y Desarrollo N° 52. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5918/S0400008_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Instituto Nacional de Estadística (2016). Nota de Prensa. INE informa sobre la población indígena femenina en Bolivia.
- Llanque, A., Dorrego, A., Costanzo, G., Elías, B., y Catacora-Vargas, G. (2018). Mujeres, trabajo de cuidado y agroecología: Hacia la sustentabilidad de la vida a partir de experiencias en diferentes eco-regiones de Bolivia. Agroecología en Femenino, 18.
- Naciones Unidas (2011). Hechos y cifras sobre las mujeres rurales. ONU Mujeres. https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/rural-women-day/2011/facts-and-figures
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2011). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010 – 2011: Las mujeres en la agricultura cerrar la brecha de género en aras del desarrollo. http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s00.htm
- Quiroga, C. (2021). Aproximaciones al derecho a la tierra desde un enfoque de género: Un espacio de resistencia, cuidado y aprendizaje colaborativo en Valle Alto, Cochabamba. Revista Perfiles Latinoamericanos, 29(57). https://orcid.org/0000-0003-4397-4545
