Una de las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto moderno de civilización (capitalistacolonial-patriarcal-adultocéntrico), ha sido el acumulado histórico de separación-exclusión violenta del ser humano de la tierra; es decir, de las condiciones fundamentales para la reproducción de la vida. Este proceso, que inició con la invasión colonial, hoy está entrelazado con el neoliberalismo (Bautista, 2018) y continúa evidenciándose mediante la creciente tendencia migratoria del campo a la ciudad en América Latina y el Caribe. En 1960, el 50% de población en la región era rural, para 2020 la proporción de la población rural decreció al 19% y se estima que para el año 2050 este porcentaje representará el 12% (United Nations, 2018).Esta transformación indica que cada vez son menos las personas que se relacionan directamente con la naturaleza para su subsistencia, lo que a su vez representa un cambio radical de modos de vida, que pasan de la autonomía a la dependencia. Dentro del universo de la población rural despojada y con la consecuente reconfiguración de los territorios, también existen ciertas particularidades. El decrecimiento de la densidad de población rural tiene una expresión en el envejecimiento de la población campesina y la migración, principalmente de la población joven, que va a la ciudad buscando mejores oportunidades de vida. Esta es una preocupación manifestada en la UNDROP, en la que se hace un llamado a que las juventudes sean sujetos de especial atención en la implementación de estos derechos.
Por otra parte, el éxodo rural ha generado una importante descendencia campesina de una o dos generaciones que ha nacido y/o crecido en las ciudades y, probablemente, en las periferias. Esto significa un despojo de la identidad campesina que nos confronta con el problema del despoblamiento rural y el aumento de la precariedad en la ciudad, con una expresión general de desigualdad que vulnera en mayor medida a las juventudes (Vommaro, 2019). Esta relación campo-ciudad, junto con la lucha por condiciones dignas para la permanencia en el campo, permite señalar la importancia de transformar la tendencia migratoria e impulsar procesos de vuelta al campo para toda la población y, especialmente, para las juventudes. Esta “vuelta” no necesariamente debe entenderse como el regreso a un lugar del cual se salió, sino como una superación de la racionalidad urbanocéntrica y una búsqueda del vivir digno y soberano, del cuidado de los componentes naturales y de las relaciones humanas. Para ello es necesario crear nuevos vínculos con el alimento, las semillas, la comunidad, así como otras condiciones indispensables para la reproducción de la vida, que defiendan y reafirmen los derechos de las/os campesinas/os y de la naturaleza.
La comprensión del campesinado como sujeto histórico se transforma en función del movimiento y las complejidades de la realidad. En estos tiempos de potenciales colapsos civilizatorios, los procesos de vuelta al campo representan un escenario inevitable (Taibo, 2017) y potente para una transformación metabólica (Calle y otros, 2013) compatible con la vida. Esta perspectiva de largo y corto plazo se sitúa en un escenario regional de profunda concentración de la propiedad de la tierra. De ahí que luchas populares como de reforma agraria deban incluir también a los hijos, las hijas y los/as nietos/as de las familias expulsadas del campo, que hoy están en la ciudad viviendo vidas de explotación y precariedad. Un ejemplo relevante de estos procesos de lucha popular por la vuelta al campo se encuentran en la iniciativa de las Comunas de la Tierra del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil. Van der Ploeg (2010) señala que esta estrategia del MST representa un principio campesino que “moviliza personas desde lugares no agrarios” hacia áreas rurales de asentamiento. De esta manera las familias buscan “recuperar la dignidad y la perspectiva de una vida mejor, especialmente para sus hijos: se trasladan al campo y llegan a ser campesinos” (p. 386).
En este sentido, se hace relevante entender el modo de vida campesino como una potencialidad, como un devenir de sujetos que han crecido con una racionalidad urbana, pero que pueden romper con las determinaciones histórico-culturales para la apropiación del presente (Zemelman, 1992) y reconfigurar horizontes de sentido con la tierra.
En diálogo con esa visión, acudimos a un lugar situado e implicado para hacer una aproximación a tres experiencias de acceso a tierras públicas en Uruguay (dos en áreas rurales y una en zona suburbana) por parte de colectivos de jóvenes de procedencia urbano-popular. Estos procesos nos permiten generar algunas reflexiones sobre el papel y el alcance del Estado para la reafirmación de los derechos del campesinado a través de jóvenes de procedencia urbana.
Jóvenes que reivindican el derecho a la tierra
El Instituto Nacional de Colonización (INC) es el organismo público encargado de la política de tierras en Uruguay y tiene como objetivo garantizar el acceso a la tierra, además de la radicación y el bienestar de las personas trabajadoras rurales que no pueden adquirir tierra a través de mecanismos de mercado. Hasta el año 2020, las tierras administradas por el INC representaban cerca del 4% de la superficie agropecuaria del país; aproximadamente, 615.534 hectáreas bajo diferentes formas de tenencia (INC, 2020). En las tierras en arrendamiento del INC se debe pagar una renta semestral subsidiada, la cual se calcula en función de la superficie, un índice de productividad de la tierra y la aptitud agronómica. Inicialmente, se firma un contrato de arrendamiento por dos años y luego es posible la renovación por periodos de 10 años, con la previa formalización de una figura jurídica para los procesos que se organizan de manera colectiva para acceder a la tierra.
Las tres primeras experiencias protagonizadas por colectivos de jóvenes que alcanzaron el acceso a la tierra a través del INC lo lograron gracias a una trayectoria de varios años de demanda de sus derechos. Junto con la tierra se reivindicaba también el derecho a una vivienda y al trabajo digno (en este caso, autogestionado), el reconocimiento a su identidad (procedencia urbano-popular), a sistemas de vida y producción saludables (mediante la agroecología), y a la organización de los procesos colectivos. El acceso a la tierra de estos colectivos se realizó en una coyuntura política favorable en el gobierno del Frente Amplio, que desde su llegada al poder en 2005 inició el rescate del INC, después de un proceso de desmantelamiento con los gobiernos anteriores. Aunque incipientes, estos colectivos representan un hito en la política de tierras en Uruguay y, quizás, un antecedente en América Latina.
Sin embargo, estas experiencias no se generaron en el marco de una política pública específica para las juventudes y, de hecho, el acceso a la tierra sucedió en medio de diversas condiciones de precariedad. Luego de ocho años desde la primera adjudicación de tierra, no se ha logrado generar una acción más decidida desde una política pública que estimule la vuelta al campo de juventudes. En total, durante ese periodo, solamente accedieron a la tierra seis proyectos de jóvenes con este perfil urbano-popular, que ocupan menos de 120 hectáreas.
Los primeros tres colectivos comenzaron con proyectos de horticultura agroecológica con el objetivo de incrementar el autoconsumo de alimentos, tanto para las personas integrantes del grupo como para sus familias, y posteriormente abastecer circuitos locales de comercialización. La tierra también representó la posibilidad de construir ranchos, tener un espacio propio en medio de un campo colectivo y proyectar vidas familiares. De esta manera, se transformaron algunas condiciones, ganando dignidad y autonomía para continuar sorteando los desafíos de la vida cotidiana.
El acceso y uso de la tierra ha sido la posibilidad de la memoria y de la (re)construcción de nuevas identidades que surgen en los procesos de reconexión con los ciclos de la vida y con los elementos fundamentales para reproducirla. Lejos de idealizaciones, la llegada a la tierra implica nuevos aprendizajes sobre los procesos humanos y las dinámicas organizativas, que tienen subidas, bajadas y son un desafío cotidiano para sostener los procesos colectivos.
El primer colectivo de jóvenes en acceder a la tierra fue Aldea Avatí en 2014 con 20 hectáreas en la localidad de Rincón de Pando, Canelones, a 10 kilómetros del pueblo donde crecieron varios/as integrantes del colectivo. Al momento del acceso, no se disponía de casa, agua, ni energía eléctrica, y el suelo estaba degradado, ya que durante décadas fue explotado con monocultivo de eucalipto y ganadería convencional. El segundo colectivo en acceder a tierras del INC fue el Colectivo Agroecológico El Ombú, a través de la ocupación en 2017 de un terreno de 13 hectáreas, ubicado a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Paysandú. Esta propiedad del INC tenía una casa degradada y sin servicios públicos, funcionaba como basurero clandestino y no cumplía ningún tipo de función social. El tercer colectivo fue Los Parientes, que a finales de 2017 accedió a ocho hectáreas en la Colonia Dionisio Díaz, a 15 kilómetros de la ciudad de Treinta y Tres. Este terreno tenía un galpón sin condiciones para habitarse, no había acceso al agua ni a energía eléctrica y el suelo también estaba degradado por décadas de explotación ganadera convencional.
Posteriormente al acceso a la tierra y frente a las demandas de los y las jóvenes, además de algunas iniciativas locales, se generaron articulaciones entre el INC y otras instituciones públicas de nivel departamental y nacional para apoyar los procesos de los grupos de jóvenes. Otras formas de apoyo se lograron a través de convocatorias con fondos públicos como los presupuestos participativos a nivel local y los llamados de fondos concursables a nivel nacional dirigidos a jóvenes rurales. Con esos recursos se mejoraron los sistemas productivos de base agroecológica, se accedió a sistemas de riego y se adquirieron algunas herramientas o maquinaria colectiva.
Perfiles de jóvenes que accedieron a la tierra
Hay muchos puntos de encuentro en las trayectorias de vida de estos/as jóvenes, al igual que en las historias de miles de jóvenes de barrios populares. En general, tienen antecedentes familiares vinculados al éxodo rural de sus abuelos/as, madres o padres. Esto hace que uno de los elementos iniciales de la transición hacia el campo esté relacionado con procesos de recuperación de la memoria y la identidad de esa condición campesina que fue forzada a desplazarse a la ciudad. Ese enlace familiar conecta con la vida campesina de sus antepasados en Uruguay, Brasil, España, Italia y Yugoslavia, con las prácticas de autoconsumo y con diversos trabajos rurales. Son jóvenes que han crecido en barrios populares y en contextos de clase trabajadora, la mayoría con trabajos precarizados y con pocas posibilidades de acceso a la educación pública. Se identifica también una marca generacional representada por la crisis del año 2002 en Uruguay, que la mayoría vivió siendo niños, niñas o adolescentes y atravesando procesos de desintegración familiar, desempleo y vulneración del derecho a la alimentación.
Desde contextos de crisis socioeconómica se tuvo un acercamiento a espacios de organización, como las ollas populares y las huertas comunitarias, que surgían para resolver el problema de acceso a los alimentos. Muchas de las personas que integran estos colectivos vivieron procesos de trabajo en huertas urbanas que duraron varios años. Estas experiencias hicieron de escuela para el acercamiento a conocimientos básicos en horticultura y abrieron el camino para la transición hacia el campo. En medio de esas dinámicas cotidianas, se ganaba conciencia política y se asumían procesos de militancia social que fortalecerían las reivindicaciones por el acceso a la tierra, la agroecología y la soberanía alimentaria como único camino digno para salir de la crisis. Algunos/as de estos/as jóvenes también participaron activamente de la militancia sindical, reafirmando su conciencia de personas trabajadoras, aunque el camino de acercamiento a la tierra las llevó a asumir principalmente una práctica y una narrativa más vinculada a la autogestión.
El acceso a la tierra de los colectivos se nutre de experiencias previas de otros/as jóvenes que participaron en la misma causa, pero no encontraron el mismo desenlace en el campo. En todos los procesos llevados a cabo por los colectivos de jóvenes, existieron grupos previos y reorganización de colectivos al momento del acceso y de la permanencia en la tierra. A pesar de ser experiencias colectivas jóvenes y relativamente recientes (2014 y 2017), las edades actuales de la mayoría de los/as integrantes superan el criterio institucional para la “medición” de la juventud (menos de 30 años). Otra característica relevante es que, al momento del acceso a la tierra, los colectivos estaban conformados principalmente por hombres y la participación de mujeres comienza algunos años después a través de los vínculos de pareja. Por ejemplo, la Aldea Avatí, al momento de la formalización de la tierra en 2014, estaba integrada por cinco hombres y una mujer que saldría del proceso en 2016; no obstante, en 2021, el colectivo estaba conformado por seis hombres, tres mujeres y un niño. Para el caso del Colectivo Agroecológico El Ombú, la ocupación de la tierra inicialmente fue impulsada por un hombre y una mujer, y rápidamente encontró resonancia en otros/as compañeras/os, de manera que, para 2021, el colectivo estaba conformado por cinco hombres, tres mujeres, dos niños y dos niñas. El Colectivo Los Parientes, al momento de la formalización de la tierra en 2018, estaba conformado por tres hombres, mientras que en 2021 el grupo estaba integrado por dos hombres y una mujer.
Los tres colectivos encontraron apoyo y articulación fundamental a través de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. La Red ha sido uno de los principales ámbitos de intercambio de experiencias y aprendizajes para ampliar conocimientos en agroecología. También ha facilitado mediaciones con instituciones locales y ha apoyado los proyectos productivos para respaldar los vínculos con el INC. En 2013, la Red generó una definición política para el apoyo a los procesos de jóvenes y, desde entonces, este es un tema de debate en los encuentros regionales y en las fiestas nacionales de la semilla y la agricultura familiar. A través de la Red se estimularon los vínculos entre los colectivos y se impulsó el proceso de los Campamentos Nacionales de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria, que ha sido determinante para la difusión y el fortalecimiento de las iniciativas de jóvenes sobre la tierra. Estos procesos se desarrollan tanto por acceso a tierras públicas del INC como por otras formas cercanas a la colectivización de la propiedad privada.
El primer campamento fue una instancia decisiva para inspirar y movilizar las acciones para el acceso a la tierra de parte de los colectivos en Paysandú y Treinta y Tres. Se realizó en 2016 en el campo de la Aldea Avatí, organizado principalmente por el equipo técnico de la Red de Semillas y la Red de Ecología Social (REDES) con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural de Canelones y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). El segundo campamento (2017) se desarrolló en el campo ocupado por el Colectivo Agroecológico El Ombú, de propiedad del INC, pero en comodato con la Intendencia de Paysandú. El tercer campamento (2018), llevado a cabo en el campo del Colectivo Los Parientes, supuso el afianzamiento de una apuesta más activa por parte de los colectivos de jóvenes para la autogestión de los campamentos.
Las experiencias de Aldea Avatí, El Ombú y Los Parientes fueron fundamentales para que en 2019 se lanzara la convocatoria Tierra de Jóvenes a través de la alianza interinstitucional entre el INC, el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Esta convocatoria tuvo tres características innovadoras: a) estuvo orientada exclusivamente a colectivos de jóvenes entre 18 y 29 años; b) el perfil no estaba restringido al/la joven rural, sino abierto a jóvenes con diferentes trayectorias educativas, familiares y laborales; y c) la convocatoria privilegiaba proyectos con enfoque agroecológico. Las experiencias de Aldea Avatí, El Ombú y Los Parientes también fueron determinantes para que en 2021 el grupo de mujeres de la Colectiva Punta Negra accediera a ocho hectáreas de tierra del INC en la Colonia Victoriano Suárez, en Maldonado. Este colectivo, conformado por cinco mujeres jóvenes, tiene un perfil urbano-popular y hace parte de los procesos de jóvenes de la Red de Semillas.
Algunos aprendizajes para la afirmación de los derechos de las/os campesinas/os
El acceso a la tierra ha reafirmado prácticas y narrativas donde la agroecología constituye un modo de vida. La agroecología se recrea en la vida cotidiana vinculando el alimento, las semillas, el fuego, las cocinas, las huertas, los ranchos, las familias y las dinámicas colectivas, así como los procesos humanos, sociales y pedagógicos, la autogestión del trabajo, el arte, las ferias, los cambios culturales, la militancia y el diálogo campociudad, entre otros elementos. Este es uno de los mensajes más profundos expresados en el devenir campesino de estos/as jóvenes, al conectarse con una visión de la innovación social donde la agroecología se entiende como una unidad que no puede ser fragmentada.
En estas experiencias agroecológicas, el derecho a la tierra está enlazado con el derecho al alimento, al trabajo, a la vivienda, a las semillas, al agua y a los bienes comunes. Esto implica que en la práctica hay un ejercicio interdependiente e indivisible de los derechos. Otra demanda común de los colectivos fue, junto con el acceso a la tierra, la reivindicación de la cercanía a los pueblos y las ciudades donde crecieron y donde están sus familias, amistades, historias y afectos. En este sentido, la vida en el campo y la vida en la ciudad no se conciben como entidades separadas, sino como un continuo. La llegada a la tierra no significa una ruptura con las vidas y los códigos urbanos, sino una ampliación de sentidos y posibilidades para conjugar sus trayectorias con nuevos horizontes.
Con respecto al INC, eran dos las posibilidades para el acceso a la tierra: mediante llamados públicos y mediante adjudicación directa. La Aldea Avatí accedió mediante llamado y el Colectivo Los Parientes a través de adjudicación. En ambos casos, la aspiración a la tierra estuvo acompañada por un proyecto productivo en términos agronómicos que debía tener viabilidad económica a los ojos del INC. Una primera dificultad para estos formatos de acceso a la tierra es que no existe, al interior de la institución, una opción para analizar los proyectos desde la perspectiva agroecológica, sino que predomina la visión productiva convencional. Esto impide visualizar y valorar muchos otros beneficios (no monetarios) de la apuesta agroecológica, por ejemplo, sus efectos en la regeneración del suelo, el aumento de la biodiversidad, la conservación de las semillas nativas, la oferta de alimentos saludables, la conexión con circuitos cortos de comercialización, la transición hacia la eliminación de los insumos externos (generalmente tóxicos) y de los combustibles fósiles, etc.
Por otro lado, la visión productiva agronómica convencional tampoco permite valorar el papel de la agroecología como práctica y narrativa que va más allá de la producción de alimentos. En los colectivos de jóvenes, la perspectiva agroecológica estimula la permanencia en el campo, la reconstrucción de tejidos comunitarios y el desarrollo de otras habilidades, desde el arte y los saberes de la subsistencia que sobrepasan la mirada productivista agrícola. Todas estas potencialidades no son consideradas en términos concretos por el INC para, por ejemplo, la concesión de periodos de eliminación de la renta, la reducción de obligaciones impositivas, y la disminución de cargas burocráticas y administrativas en la gestión de las figuras jurídicas como cooperativas, estímulos económicos no reembolsables o contrapartidas sociales. A pesar de la existencia de algunos apoyos, estos no estuvieron enmarcados en una visión política de la agroecología ni en una perspectiva planificada para el fortalecimiento de iniciativas de jóvenes volviendo al campo.
El ejercicio efectivo del derecho a la tierra tuvo lugar después de varios años de organización, desarrollo de experiencias productivas y construcción de redes de afinidad que, para Aldea Avatí, El Ombú y Los Parientes, tomaron aproximadamente nueve, cuatro y tres años, respectivamente. Asimismo, tras el acceso a la tierra, se desarrollan otros procesos para la permanencia que también toman tiempo, como la consolidación de algunas prácticas productivas (aproximadamente cuatro años) o la autoconstrucción de los ranchos (aproximadamente seis años). Todo ese tiempo del proceso de acceso y generación de condiciones básicas para la permanencia en el campo trae la paradoja sobre la definición de la juventud. Aunque las experiencias son recientes y sus protagonistas son jóvenes, rápidamente quedan al margen del criterio etario institucional para definir la juventud y, por lo tanto, para recibir potenciales apoyos.
Las experiencias presentadas nos invitan a problematizar las definiciones estáticas y a ampliar la comprensión que se tiene sobre el campesinado, las juventudes y sus derechos. Consideramos que el primer artículo de la UNDROP responde a ese desafío al incorporar una perspectiva de potencialidad y devenir campesino, así como de las relaciones subjetivas de dependencia y apego a la tierra. Se trata de elementos fundamentales para acercarnos a estos procesos de incorporación de jóvenes al campo, comprenderlos a la luz de las dinámicas de reconfiguración de los territorios en el largo plazo, y reafirmar los derechos campesinos de los y las “jóvenes de barrio”.
Julian Ariza Arias
Participa en Juventudes de SOCLA. Magíster en Ciencias Agrarias y Ciencias Sociales, doctorando en Ciencias Agrarias, integrante del Grupo de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (UDELAR)
jariza@fagro.edu.uy
Inés Gazzano
Doctora en Recursos Naturales y Sostenibilidad, profesora agregada de Agroecología, integrante del Grupo de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (UDELAR). Punto focal de SOCLA en Uruguay
igazzano@fagro.edu.uy
Este trabajo es parte de la investigación “Incorporación de jóvenes a la agricultura: Horizontes de un proceso de innovación agroecológica en movimiento”, financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) mediante la convocatoria de Iniciación a la Investigación de 2019, de la cual fue beneficiario el primer autor.
Referencias
- Bautista, J. J. (2018). ¿Qué significa pensar desde América Latina? Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
- Calle, Á., Gallar, D., y Candón, J. (2013). Agroecología Política: la transición social hacia sistemas agroalimentarios sustentables. Revista de Economía Crítica, 16, pp. 244–277.
- Instituto Nacional de Colonización (INC) (2020). El INC en el territorio: datos globales y de contexto por regional. Datos actualizados a Enero 2020. https://www.colonizacion.com.uy/datos-globales
- Taibo, C. (2017). Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Buenos Aires: Libros de Anarres.
- United Nations. (2018). Population Dynamics. https://population.un.org/wup/DataQuery
- Van der Ploeg, J. D. (2010). Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios. Barcelona: Icaria.
- Vommaro, P. A. (2019). Desigualdades, derechos y participación juvenil en América Latina: acercamientos desde los procesos generacionales. Revista Direito e Práxis, 10(2), pp. 1192-1213.
- Zemelman, H. (1992). Los horizontes de la razón. Uso crítico de la teoría. I Dialéctica y apropiación del presente. Las funciones de la totalidad. México: El Colegio de México.
