Se puede ver la desigualdad en la distribución de la riqueza al observar las grandes fincas y desmontes y, paralelamente, las colonizaciones y recolonizaciones de tierras por parte de comunidades originarias, que en la historia oficial local nunca han aparecido como poseedoras del territorio aunque han estado presentes históricamente como mano de obra.
Construcción de los gaviones de defensa. Foto: Matías García Rodríguez
En cambio, se ha forjado una representación social negativa del ‘indio’ sin tener en cuenta su contexto cultural, sus diferencias o el proceso histórico de subordinación cultural que lo privaba de acceder a un trabajo genuino.
A cinco kilómetros de Orán se encuentra la comunidad tupí guaraní Río Blanco Banda Sur, “Iguopeigenda” (algarrobal en idioma guaraní), que, al momento de solicitar la intervención técnica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 2005, contaba con 54 familias (250 personas), que dependen casi exclusivamente de su producción hortícola y bananera.
De las 240 hectáreas en las que producían, sufrieron una usurpación de 51 hectáreas por parte del ‘poderoso vecino’: el Ingenio San Martín del Tabacal, hoy propiedad de una empresa norteamericana que cuenta con 25.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar. La empresa avanzó sobre el territorio de la comunidad mediante el uso de un servicio de seguridad privada, aduciendo ser propietario y desconociendo la preexistencia de la comunidad. Solo fue posible detenerlo a través de la defensa de los propios pobladores originarios que pusieron el cuerpo a las topadoras, y lograron limitar el avance hasta que la justicia ordenó detener las acciones. El resultado fue que las hectáreas usurpadas quedaron como una franja que rodea a la comunidad, y a pesar de la orden judicial de “no innovar”, se sembró caña sobre los cultivos y ranchos.
La comunidad pudo mantener sus cultivos en las hectáreas restantes y evitó su desaparición al no tener que desperdigarse por las ciudades vecinas, como ya había ocurrido a la cercana comunidad guaraní de La Loma. En cambio, la comunidad Iguopeigenda, luego de cuatro años de reclamo por la vía judicial, y gracias al apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el obispado de Orán y la Pastoral Aborigen, logró que el juez actuante ordenara, en 2008, la restitución de estas “tierras desposeídas con violencia”.
Esta lucha, que incluye acosos judiciales y policiales, se superpone a la lucha por la titularización definitiva de la totalidad de las tierras ocupadas, aunque en un pasado no tan lejano, el territorio de la comunidad era mucho mayor.
Intervención en base a la realidad local
La intervención del INTA se inicia durante este conflicto, a pedido de la comunidad y con el apoyo del INAI, para el mejoramiento de las actividades productivas. Sin embargo, la realidad mostró la necesidad de resolver las emergencias anuales de la época de lluvia: las crecidas del río Blanco, cuya causa principal ha sido el mal uso de los recursos hídricos y forestales de la zona.
La comunidad, distante 200 metros de la Ruta Nacional 50, y unida a ella por un camino costero, se encuentra en la margen del río y sufre directamente las consecuencias severas del manejo discrecional de los recursos naturales. 18 kilómetros aguas arriba se encuentra “La Toma”, un desvío total del agua en la época seca de invierno, que se utiliza para riego del ingenio y de dos fincas, dejando el lecho seco durante ocho meses del año. El desvío se hace con terraplenes de ripio y cada año, al inicio de las lluvias, es desbordado y destruido por la fuerza misma del río, arrastrando consigo enormes cantidades de piedra que aguas abajo se acumula, ensanchándose considerablemente el cauce.
Aguas arriba del puente de la Ruta Nacional 50 se encuentra una empresa ripiera que saca áridos modificando el lecho y ocasionando un impacto ambiental que no ha sido estudiado. En la margen opuesta a la que ocupa la comunidad, y aguas abajo del puente, hay otra ripiera que saca materiales produciendo canales y acumulando material de descarte en medio del río. Esto causa que, con el inicio de las crecidas, el agua rebote y se canalice por la margen de la comunidad. A pesar de las exigencias presentadas por la comunidad ante las instituciones correspondientes, se desconocen los permisos oficiales extendidos a los empresarios para trabajar de esa manera.
Así, la propuesta tradicional de asistencia técnica del INTA se enfrentó con una emergencia: controlar los avances del río que causan una pérdida de cinco hectáreas por año de la tierra que la comunidad ha defendido con su lucha.
Más que garantizar un aumento de la producción, era necesario evitar que se perdieran los cultivos y que se bloqueara el único camino de acceso para sacar una producción perecedera como la banana, así como mejorar íntegramente la calidad de vida de la comunidad. La emergencia se impuso y fundamentó un trabajo de gran envergadura que finalizó sin conflictos.
En 2006, con la primera crecida en la que interviene el INTA y en la que se pierden cinco hectáreas de bananales, se realizan las denuncias ante las instituciones correspondientes. Posteriormente, se hicieron consultas a fin de presentar ante el INAI un presupuesto para hacer defensas y canalizar el río. La siguiente temporada de lluvias provocó el corte del único camino de acceso y se perdieron cinco hectáreas más. Con el esfuerzo de cada ‘hermano’, como se llaman mutuamente dentro de la comunidad, se reabrió el camino y se evitaron más perdidas de tierras.
En la siguiente temporada, gracias a gestiones del INAI ante Vialidad Nacional, se adjudicaron obras para regularizar la situación en el río, protegiendo el puente solo 200 metros aguas arriba de la comunidad y construyendo tres gaviones sobredimensionados de defensa hasta el límite entre las tierras del ingenio y las de la comunidad. Para este trabajo fue contratada sin licitación la misma empresa ripiera de la margen opuesta a la de la comunidad, que según informes de la Secretaría de Minería “contribuyó con sus acciones” a generar la crisis que se quería solucionar.
El proyecto
Con la experiencia organizativa, y ya estudiado el funcionamiento del río, se encaró un proyecto de autoconstrucción de defensas con el asesoramiento de ingenieros privados, el aporte financiero del INAI y la formulación y dirección del proyecto por parte de la Agencia de Extensión Rural Orán del INTA. El proyecto incluía: diseño y construcción de nueve gaviones de defensa, hechos con el trabajo ad honorem de los miembros de la comunidad.
Al llegar las crecidas, la obra se encontraba a un 75% de avance. Se habían aportado recursos financieros y más de 2000 horas hombre por parte de la comunidad. Ese mismo verano se pudo comprobar la eficacia del esfuerzo: no se perdió ni un metro más de tierra y el camino permaneció abierto. Los nuevos gaviones no sufrieron daños con las crecidas, en comparación con los construidos por encargo de Vialidad Nacional, que quedaron seriamente dañados.
Tras el paso de las lluvias se completaron el sexto y séptimo gaviones, y se hicieron arreglos y correcciones a los restantes. Los dos gaviones faltantes quedaron sin presupuesto, a la espera de un nuevo proyecto para concluir la obra. El temor a encarar el proyecto, por la cantidad de horas demandadas y por los compromisos institucionales e intereses involucrados, fue superado gracias al compromiso y la certeza de una elección adecuada para el desarrollo local, lográndose paralelamente una experiencia y un crecimiento organizativo en la comunidad.
En conclusión: más allá del proyecto
Surgen muchas preguntas para seguir trabajando a mediano y largo plazo, una vez defendida la tierra por la cual se lucha: ¿responde la comunidad al trabajo planteado junto a instituciones como el INTA, más allá de las emergencias?, ¿es real la revalorización de la cultura del trabajo y la cultura local del pueblo originario a partir de sus tierras, como disparador de un crecimiento con base en una autoestima con otros parámetros? Se desarrolló un trabajo innovador en la zona: escuchar y observar para encarar un acompañamiento en el que el conflicto por la tierra no pasa solo por lo legal, sino por el trabajo y el manejo de los recursos naturales, sin esperar favores del político de turno, reconociéndose como individuos con derechos y obligaciones, en igualdad de condiciones para reclamar lo que se considera como propio.
Matías García Rodríguez
Ingeniero agrónomo
Becario de la Agencia de Extensión Rural Orán del INTA
Correo-e: mgrodriguez@correo.inta.gov.ar
