La distribución de la tierra en América Latina es la más desigual del mundo y sigue agudizándose hasta niveles alarmantes en un contexto de crisis globales, entre ellas la alimentaria, que presiona enormemente la explotación de los recursos. Algunos datos señalan que en el conjunto de la región el 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva mientras que en el extremo opuesto, el 80% de las unidades agropecuarias son pequeñas fincas familiares situadas en áreas marginales que apenas utilizan el 13% del territorio (Oxfam, 2016). En muchos casos, grandes superficies de bosques, pastos, costas y otros recursos de propiedad comunitaria (el 23% de las tierras en la región son manejadas por pueblos indígenas) han sido arrebatadas a sus legítimos dueños ancestrales, cuyos derechos territoriales a menudo son vulnerados.
Asimismo, la desigualdad en torno al acceso y control de la tierra es multidimensional y se relaciona con la concentración de poder y con relaciones de dominación. En este sentido es importante señalar que el dominio sobre la tierra se ejerce de distintas maneras, más allá de la propiedad: el alquiler, las concesiones, la producción bajo contrato o el control de eslabones estratégicos en las cadenas de valor adquieren cada vez más importancia y han reconfigurado el poder en torno a la tierra a través de un complejo sistema de relaciones comerciales, políticas y financieras (Oxfam, 2016).
En términos generales, y a pesar de que cada país tiene sus especificidades y realidades, existen algunos elementos que persisten y se han visto reactualizados desde la problemática anterior a las reformas agrarias: la inversión de empresas extranjeras con el objetivo de la extracción de recursos; la exportación de materias primas sin procesamiento industrial; la presión sobre la tierra comunal y campesina que ocasiona el desplazamiento de sus poblaciones originales; la inexistente regulación o control en los modos de apropiación de las empresas de los territorios otorgados en concesión, y la concentración de poder económico en grupos particulares y reducidos son algunos de ellos (Wiener, 2011).
La presión sobre tierras y territorios ricos en recursos biodiversos es consecuencia, asimismo, de cuatro tipos de inversión de capital: una destinada a los agronegocios para el cultivo de commodities alimentarias, otra a la forestación, basada en plantaciones para la producción de madera y papel; una tercera orientada a la extracción de minerales e hidrocarburos, y la cuarta vinculada con los agronegocios que, frente a la crisis energética, se orienta a la producción en monocultivo de agrocombustibles (Wiener, 2011).
Lo anterior, unido a la incidencia de las políticas neoliberales, los procesos fallidos de descentralización de la administración gubernamental y a los cambios en las estructuras estatales, está generando muchos conflictos sociales y ecoterritoriales ya que aún hoy el problema de la tierra de los pueblos indígenas “Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra” (Mariátegui, 1928).
Son principalmente los territorios de los pueblos indígenas, para quienes la tierra es fuente de vida y parte esencial de su identidad, los que se han visto más fuertemente vulnerados por la irrupción de las concesiones para las industrias extractivas (minería, petróleo), los agronegocios y los megaproyectos.
Esta situación lleva a pensar en la necesidad de nuevas perspectivas en la concepción del territorio; entendido este de forma más amplia que la de un mero espacio físico, combinando el concepto de medio físico natural y el humanizado, que comprende a las personas que viven en él y de él (Raffestin, 1986). Se trata, por tanto, de un producto y una construcción social y, en este sentido, no puede ser considerada como una mercancía ni como un bien susceptible de apropiación privada o enajenación a terceros.
En algunos países, el gobierno central es la principal autoridad en las decisiones sobre asuntos de tierra y territorio, mientras que en otros este control se delega a las autoridades locales o a los líderes tradicionales. Las políticas territoriales y de tenencia de la tierra han fracasado de forma generalizada socavando la gestión colectiva de la tierra y revirtiendo muchos de los avances que fueron haciéndose en los tiempos de las reformas agrarias al desregularizar los mercados de tierras y favorecer la acumulación.
La cantidad de información generada sobre este fenómeno del acaparamiento y concentración de la tierra es muy grande; sin embargo, pese a todo, hoy en día existen grandes vacíos sobre datos cuantitativos comparables y confiables a nivel nacional y regional, sobre todo en lo que se refiere a la distribución de la tierra por clase, pero también por género (Deere, 2018).
Esto es consecuencia, entre otras, de los intereses de aquellos que ocupan los poderes políticos y que son quienes tratan de ocultar la realidad de la estructura de la tenencia de la tierra para evitar que cambie. Los Estados son, por tanto, cómplices de esos poderes al no tomar decisiones políticas que permitan el cambio.
Generalmente, el campesinado no es partícipe de los procesos de ordenamiento del territorio: es ignorado, desautorizado o desplazado de sus tierras sin previo aviso. También algunos campesinos tienen más acceso y control sobre los derechos a la tierra que otros. Los grupos minoritarios –incluyendo la población indígena– tienen menos poder sobre la tierra, al igual que sucede con las mujeres, quienes de forma general tienen menos acceso a la propiedad de la tierra y menos influencia a la hora de la toma de decisiones sobre el control y uso de esta.
En este sentido, Carmen Deere, en una intervención realizada en el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU) celebrado en Montevideo en noviembre de 2018, señaló que la FAO (2016) ha elaborado varias pautas en el Programa Mundial de Censo Agropecuario 2020 para mejorar la calidad de la información que se recoge sobre la tenencia de la tierra y quién toma las decisiones en las unidades de producción agropecuarias. Para ello ofrece un nuevo módulo, el llamado Tema 10: “Sobre la distribución dentro del hogar de las decisiones sobre la gestión y sobre la distribución de la propiedad”. En su ponencia, Deere planteó que si los países miembros de la ONU adoptaran estas recomendaciones se podría rellenar parte del vacío de información que existe sobre quiénes son los dueños de la tierra, lo que permitiría avanzar en el cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) así como afrontar los retos y desafíos presentes en los distintos territorios al estimar mejor el alcance de la desigualdad que el modelo actual está generando en la concentración de la tierra.
Referencias
- Deere, C. D. (2018). Grandes vacíos: clase, género y la distribución de la tierra en América Latina. Ponencia presentada en el X Congreso de ALASRU, 25-30 noviembre, Montevideo.
- Eguren, F., Baumeister, E. y Merlet, M. (2016). Informe continental: el acceso a la tierra en América Latina. Documento preparado en el marco del Foro mundial sobre el acceso a la tierra. FAO.
- Oxfam (2016). Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina. Oxfam América. Disponible en: http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1485.pdf
- Mariategui, J. C. (1928): Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Amauta.
- Wiener, E. (2011). La concentración de la propiedad de la tierra en América Latina: una aproximación a la problemática actual. Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra. Disponible en: http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/LA_Regional_ESP_web_16.03.11.pdf
