Voces, acciones y reacciones de las mujeres rurales ante la expansión del uso de agrotóxicos en Uruguay y sus impactos

Avión de fumigación.

Un estudio realizado en la zona norte del país, donde se produce arroz, caña de azúcar y cultivos hortícolas de invernadero, reveló los efectos de la aplicación de plaguicidas entre las mujeres provenientes de dos comunidades, las cuales concurren a un policlínico. Según la información recogida, la mitad trabaja en tareas agrícolas, aunque no aplican directamente los productos químicos. La otra mitad se define como ama de casa, pero tienen cultivos en su terreno. En todos los casos el contacto con los productos es indirecto, ya que lavan la ropa usada por sus esposos en las aplicaciones y 58% de las mujeres declara sentir algún malestar después de las aplicaciones aéreas con agrotóxicos, principalmente respiratorios, digestivos, neurológicos y en la vista.

Por otra parte, el 37,5% de las mujeres encuestadas había tenido dificultades en la concepción y 25% había sufrido abortos espontáneos múltiples (Martínez, 2006).

En otro estudio retrospectivo realizado por Tarán, Ortega y Laborde (2013) sobre intoxicaciones por plaguicidas registradas por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) y la Unidad Toxicológica Laboral y Ambiental (UTLA) del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, se analizaron 3 775 consultas por intoxicación con plaguicidas para el periodo 2002-2011. De estas, el 64% provenía de hombres y el 36% de mujeres. Se detectó que el 35% del total de consultas realizadas por intoxicación (2 597 casos) eran provocadas por insecticidas, mientras que un 30% eran causadas por ectoparasiticidas veterinarios y otro 17% por herbicidas. En el periodo analizado se destaca el aumento de las intoxicaciones por herbicidas –especialmente glifosato–, lo cual corresponde a la expansión de la soja en el país. En 2011 se registraron alrededor de 60 casos.

Las mujeres denuncian

En este contexto, las mujeres que viven en el medio rural y en pequeños poblados aledaños a las zonas rurales de diversas partes del país han comenzado a hacer escuchar sus voces, denunciando los problemas que aparecen como consecuencia de la aplicación de los plaguicidas y en reclamo de la aplicación de las normas y las regulaciones vigentes.

Desde 2010 en adelante las denuncias han tenido repercusión pública a través de la prensa escrita, los medios radiales y electrónicos, y las redes sociales. En este sentido, a través de la revisión de los documentos se constatan denuncias de maestras de escuelas ubicadas en centros poblados o de escuelas rurales, de mujeres que viven en lugares cercanos o contiguos a campos que se fumigan, y también de vecinos y agrupaciones en la misma situación. En muchos casos, las mujeres se han destacado por su activa participación.

Hasta abril de 2014, entre las múltiples denuncias efectuadas, tres juicios fueron ganados por ciudadanos que fueron afectados por fumigaciones con plaguicidas en los campos y en los tres casos se trató de mujeres (Hardy Coll, 2015).

Así, en abril de 2012 la maestra directora de la escuela N° 30 de Puntas de Rolón (norte del departamento de Río Negro) fue rociada por el conductor de un “mosquito” (en Uruguay se denomina “mosquito” al equipo para la aplicación de plaguicidas) que efectuaba la aplicación a menos de 50 metros de la escuela. La maestra –que sufrió dolor de cabeza y picazón generalizada en el cuerpo durante varios días– entabló un juicio por daños y perjuicios a la empresa Agronegocios del Plata (ADP), filial del grupo sojero argentino Los Grobo (de Gustavo Grobocopatel). La Justicia falló a favor de la maestra en junio de 2013. Según testimonios recogidos en una entrevista radial, la maestra destacó que mucha gente en varias zonas de Río Negro ve las fumigaciones y no se anima a denunciarlas debido a que “la mayoría conoce a alguien de los campos, o trabajan en los campos, no quieren perder los trabajos, no quieren pelearse con los vecinos” (Radio Mundo Real, 2013).

En 2013 una pobladora del paraje Sosa Díaz, en Canelones, le ganó un juicio al director de normas UNIT del Uruguay, por lo que este debe plantar la soja (o sus arrendatarios) a más de 250 metros del límite del terreno de la vecina. En 2014, en la zona de Paso Picón (Canelones) una maestra denunció problemas de salud por fumigaciones cercanas a su vivienda y escuela y, después de un largo proceso, logró que se aplicara una multa de 1 000 unidades reajustables (unos 30 mil dólares americanos) a un médico productor de soja.

Si bien las denuncias no parten solo de mujeres y persisten las barreras culturales para efectuarlas, ellas han adquirido un protagonismo que otorga una mayor visibilidad a las mujeres rurales. Como comentó una pobladora entrevistada en su establecimiento del Departamento de San José: “La mayoría de los denunciantes somos mujeres, yo pienso que puede ser porque estamos más en las casas, vemos más los cambios que ha habido: muertes de aves después de las fumigaciones, aparecen aves muertas en el patio; muertes de peces, ahora en los arroyos no sale nada; los días que fumigan tenemos ardor en la vista, las vías respiratorias, malestar en el estómago, picazón, cuando hay viento se siente y, cuando es mucho el olor, nos tenemos que ir de la casa, porque si te encerrás es peor”.

Sin embargo, quienes denuncian han debido enfrentarse a estructuras patriarcales y relaciones de poder fuertemente arraigadas localmente. Como se ha mencionado, persisten barreras sociales y culturales que inhiben a las mujeres de efectuar denuncias e impiden que los problemas sean más visibles. Como se expresa en una nota periodística de octubre de 2013 sobre las fumigaciones en la zona de Rodó del Departamento de Soriano: “muchos niños tienen problemas en la piel y padecen alergias, pero las madres prefieren no denunciar la situación para evitar inconvenientes con los vecinos, o porque tienen relación laboral en el entorno agropecuario” (RA-APAL, 2013).