Las acciones para lograr la inclusión de los grupos sociales cuya participación no es tomada en cuenta en las decisiones de las políticas de desarrollo, tanto a nivel local como nacional, exige afrontar muchos retos y, entre ellos, el favorecer la participación activa para la toma de decisiones y protagonismo de los principales actores comunitarios en el desarrollo de proyectos de beneficio común, con el debido respeto a la cultura local y sus valores.
Para lograr la participación activa de los actores comunitarios, se requiere de la creatividad de las instituciones dedicadas a apoyar las iniciativas locales para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Pero, más aún, se hace necesario fortalecer y valorar las capacidades locales, la autoestima, la credibilidad, las experiencias propias, la importancia y el respeto a las opiniones y decisiones de los mismos copartícipes, para lograr que diseñen, planifiquen y ejecuten proyectos que sean considerados como “propios” por ellas y ellos.
La experiencia que compartimos en esta oportunidad tuvo como origen el análisis de lecciones generadas por el Comité Directivo Nacional (CDN) y el equipo de trabajo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD; para mayor información sobre el programa puede visitarse el sitio: www.ppdguatemala.org del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala. Este análisis puso en evidencia que la inclusión de las mujeres y varones de las comunidades en el diseño, planificación y ejecución de proyectos agroecológicos, constituye la mejor garantía de éxito y sostenibilidad de las iniciativas financiadas. Esto, en contraste con aquellas iniciativas que surgen por intermediación de organizaciones o técnicos externos a las comunidades.
A partir de esta lección principal, se tomó la decisión de adaptar el procedimiento completo para la presentación de las propuestas de proyectos por financiar, de manera que se facilitara la inclusión de los copartícipes, para así dar importancia a sus experiencias de vida, a su realidad local y a la atención a necesidades sentidas y compartidas por todas y todos.
El procedimiento, a la vez de permitir la formalidad que requiere la administración de un proyecto, debería ser sencillo para facilitar la inclusión de todos los copartícipes desde el diseño, con el fin de que incluyera con claridad la participación activa y los aportes locales en su ejecución y evaluación.
El primer reto para esta adaptación del procedimiento fue el alto grado de analfabetismo de la población adulta de las comunidades. Esto constituye una barrera para la comunicación efectiva de las necesidades de atención prioritaria, en general vinculadas a la garantía de la seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos. A esto se debían sumar las barreras culturales existentes entre una población multiétnica y plurilingüe, que necesitaba comunicar los detalles de sus iniciativas a tomadores de decisión hispanoparlantes.
Para vencer este reto, se diseñó un instrumento en un formato adaptado, tanto en tamaño como en lenguaje, para ser utilizado por adultos neolectores, el cual fue validado con el apoyo de educadores, profesionales de diversas especialidades técnicas y, más importante aún, por lideresas comunitarias de varios grupos étnicos y con limitada educación formal de nivel básico.
Uno de los principales objetivos de este instrumento fue el de ayudar al grupo de copartícipes a visualizar e identificar las tareas y los tiempos en que estas se harían, para luego calcular los aportes de las comunidades y de las donaciones. De ahí que se acuñó el nombre de “almanario”, combinando las palabras “almanaque” como “registro de todos los días del año y sus actividades correspondientes”, y “calendario” como “sistema de representación del paso de los días, agrupados en unidades superiores, como semanas y meses a lo largo de un año”.
Adicionalmente, para disminuir el efecto de la dificultad de comunicación intercultural y favorecer la inclusión de género, las organizaciones comunitarias interesadas en recibir apoyo financiero para proyectos agroecológicos y de conservación de la biodiversidad eligieron democráticamente a sus “promotoras voluntarias”. Estas “promotoras” son mujeres que, al menos, han recibido educación básica para saber leer y escribir el idioma español, y que cuentan con el reconocimiento de sus pares comunitarios por su responsabilidad, entusiasmo y compromiso personal con el mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y comunidades. En muchos casos, estas “promotoras” son bilingües y, en su mayoría, son lideresas naturales.
El “almanario” se diseñó especialmente para ser llenado a mano, y consta de dos secciones separadas para su presentación a la institución de apoyo financiero. En primera instancia, se presentan los resultados de un diagnóstico comunitario participativo, que identifica los principales problemas de la comunidad, y se recopilan las potenciales soluciones a partir de los recursos locales disponibles. Al mismo tiempo se identifican las necesidades de apoyo externo para hacer viables las soluciones propuestas. De la misma manera, y en este mismo momento del proceso, se identifican las dificultades que, a juicio de los copartícipes, pueden encontrar para la ejecución de su proyecto así como las opciones para disminuirlas o eliminarlas. De tal forma, se establecen las bases para el diseño de su proyecto, incluyendo las opiniones y experiencias previas de todos los copartícipes, partiendo de su realidad y los recursos locales.
Las “promotoras voluntarias” son capacitadas en la elaboración de este diagnóstico participativo comunitario y el correspondiente registro de los resultados en la primera sección del “almanario”. Esto se realiza en un taller de tres días de duración, que incluye el fortalecimiento de la autoestima y la valoración de los conocimientos locales y ancestrales. La práctica en el llenado del mismo instrumento contribuye a desarrollar las capacidades de expresión escrita de “promotoras voluntarias”, así como la identificación de sus necesidades y los problemas comunitarios que deben ser resueltos prioritariamente.
A este taller son invitadas, por lo menos, dos “promotoras” de cada comunidad para facilitar y fortalecer el apoyo mutuo, y se les proporciona la ayuda de una persona para atender a sus niños, pues en su mayoría son madres jóvenes que no podrían atender a la capacitación sin descuidar sus responsabilidades familiares.
Taller de capacitación para promotoras / Foto: autor
Luego del primer taller de capacitación, las promotoras retornan a sus respectivas comunidades y tienen un período de seis semanas para efectuar el diagnóstico participativo y llenar la primera sección del “almanario” con los otros copartícipes.
Durante este período el PPD proporciona apoyo técnico por medio de visitas de campo a cada comunidad, y en las cuales se aclaran dudas y se reflexiona sobre aspectos como la importancia de la organización comunitaria, la atención a problemas de trabajo de género y a la participación activa, de todas y todos, para el éxito de sus iniciativas.
Durante estas visitas del personal del PPD, también se proporcionan detalles sobre los requisitos que deben cumplirse para conseguir el apoyo financiero que se puede brindar, y se establecen las posibilidades reales de asistencia para solucionar los problemas identificados por los copartícipes.
Una vez concluida la fase inicial de elaboración del diagnóstico comunitario participativo y el registro de sus resultados, los documentos correspondientes son entregados al PPD. Si la propuesta de proyecto que se identificó por los y las copartícipes está dentro del ámbito de apoyo del PPD, y existe el interés manifiesto de la comunidad para efectuarlo, se invita a las promotoras voluntarias a una segunda capacitación.
En este segundo taller de capacitación, se da particular énfasis a la elaboración de una planificación participativa de las tareas que serán necesarias para solucionar o mitigar los efectos del problema identificado por medio del diagnóstico comunitario. También se brindan las orientaciones necesarias para establecer un orden lógico de las actividades y el establecimiento de un plan de trabajo, que tenga como base considerar todas las condiciones locales y su potencial influencia en la ejecución y cumplimiento de los resultados que de él se esperan. También se les ayuda a identificar aquellos hitos que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas del proyecto, que se han establecido con la participación de todos los copartícipes, mujeres y varones.
Al concluir esta segunda capacitación, las promotoras voluntarias retornan a sus comunidades para elaborar su propuesta formal con la participación del resto de los miembros del grupo comunitario y, para ello, cuentan con ocho semanas. La elaboración de la propuesta formal debe efectuarse en los tiempos libres de todos los copartícipes comunitarios, particularmente durante el tiempo en que las mujeres se puedan dedicar a estas actividades, pues normalmente tienen mayores cargas de trabajo doméstico y de campo.
Al finalizar este tiempo de elaboración de documentos, ya se tienen propuestas formales que cuentan con el apoyo de toda la comunidad para su desarrollo y ejecución. Durante este período de preparación, se efectúan visitas de acompañamiento y asistencia técnica, por parte del personal del PPD y de los miembros del CDN.
Es importante hacer notar que no siempre la totalidad de los grupos mantiene el interés necesario en estos procesos. Por ejemplo, en los ciclos de selección de proyectos de los años 2004, 2005, 2006 y 2007, aproximadamente el 15% de los grupos comunitarios que inició el proceso de elaboración de propuestas de proyectos, siguiendo este esquema de trabajo, no presentó un documento final para evaluación y aprobación definitiva por parte del CDN.
Luego del inicio de ejecución de los proyectos aprobados, el equipo de trabajo del PPD realiza un seguimiento de estos en campo y se llevan a cabo evaluaciones periódicas, usualmente con frecuencia semestral, por parte de todos los copartícipes comunitarios. Estas evaluaciones se efectúan dando respuesta a preguntas sencillas, relacionadas con las metas propuestas por los mismos grupos.
Sobre la base de los resultados de estas evaluaciones participativas, los proyectos se van adaptando a los tiempos y situaciones imprevistas que aparecen durante su ejecución, permitiendo así flexibilidad para el logro de los resultados esperados por todos.
Luego de casi cinco años de estar trabajando bajo este esquema, el Comité Directivo Nacional ha podido verificar la premisa básica de que la participación activa de todos los copartícipes comunitarios permite el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas apoyadas en casi el 90% de los casos financiados. Ello contribuye, al mismo tiempo, al proceso de inclusión social, en especial a la del sector más excluido: las mujeres.
Este proceso también requirió la apertura de participación al nivel más alto de decisión dentro del PPD. Esto se vio reflejado en la participación en el Comité Directivo Nacional del Programa de tres promotoras voluntarias, representantes de sendas organizaciones comunitarias de base. La inclusión de estas lideresas comunitarias en el CDN permitió compartir y valorizar las dificultades, la visión y los aspectos culturales y de género, que influyen en el diseño y ejecución de los proyectos.
La inclusión social tiene aún muchos retos por vencer: el proceso de diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos agroecológicos contribuye en mucho para que los copartícipes comunitarios –mujeres y varones– superen la situación de exclusión que los marginó por décadas del protagonismo que les toca desempeñar en aras de su propio bienestar y del de todas las comunidades rurales de Guatemala.
Uno de los principales retos lo constituye la dificultad de permitir el espacio de participación plena de las mujeres rurales, dentro de una cultura que, en general, mantiene esquemas machistas de relaciones de poder doméstico y comunitario. Otro reto significativo lo constituye la ruptura de los esquemas asistenciales de desarrollo, ya que estos limitan el poder de los actores comunitarios como entes de autogestión de su desarrollo.
Estos dos factores han sido identificados, por la experiencia, como cruciales para que muchos de los grupos que iniciaron el proceso descrito no pudiesen concluir el diseño y desarrollo de sus propuestas de proyecto.
La experiencia que se comparte en esta oportunidad no habría sido posible sin el entusiasta apoyo de muchas personas que creen firmemente en que el desarrollo comunitario sostenible solo es posible con la participación activa y la inclusión de todas y todos los copartícipes involucrados. A todas estas personas, el autor desea expresar su más sincero agradecimiento, por hacer realidad los sueños y expectativas de muchos campesinos y campesinas de Guatemala, que hoy saben que son capaces de llevar a cabo proyectos agroecológicos para el bien común, afrontando múltiples dificultades y transformándolas en oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades.
Óscar Murga
