La experiencia que aquí comparto se ubica en el marco de la dimensión sociopolítica de la agroecología; la que tiene que ver con la “reinterpretación de la cuestión del poder”, en el sentido de cambiar su distribución actual hacia formas más democráticas, dinámicas y plurales, a través de procesos participativos de análisis que puedan generar propuestas colectivas de desarrollo local tanto para la producción, circulación y consumo, como para nuevas formas de interrelación entre los interesados.
Andalucía tiene una producción ecológica que se orienta principalmente a la exportación. Los pequeños agricultores se ven cada vez más marginados, y deben migrar o complementar su economía con otras actividades, como la construcción o los servicios. Esta desaparición progresiva de un modo de vida generó una corriente crítica entre los agricultores ecológicos de pequeña producción. En tal sentido, la forma (burocracia y auditoría) y costos de la certificación ecológica fueron puntos cuestionados.
Bajo la realidad de una mayor separación entre lo urbano y lo rural, es imprescindible un mecanismo que garantice que los productos ecológicos realmente lo sean. Aquí, el punto central es saber si los procesos de generación de credibilidad agudizan el problema del agro, lo conducen por la senda del mercado y la economía de escala, o puede haber alternativas que permitan mayor participación de los agricultores, un acercamiento a los consumidores y el desarrollo de procesos más allá de lo meramente comercial. El gobierno andaluz decidió realizar un proyecto piloto de sistema participativo de garantía (SPG) en tres zonas. Compartiré la experiencia que dinamicé a través de la investigación acción participativa (IAP) en el altiplano norte de Granada, una zona históricamente marginada y de poco desarrollo económico.
El proceso y los resultados
En el municipio de Castril de la Peña más de un 30 por ciento de su territorio esta “dado de alta” en lo ecológico. Si bien las primeras experiencias de producción certificada datan de la década de 1990 y luego se realizan varias investigaciones participativas, la percepción de los productores ecológicos locales a inicios del 2006 era que aún no habían logrado organizarse para desarrollar acciones conjuntas y de largo plazo –sobre todo para comercializar sus productos–; que existía desconfianza entre ellos y que les faltaban conocimientos. Ese fue el punto de partida para el proceso de desarrollo del SPG en Castril. Aunque no estaban conformes con la burocracia ni con los costos de las certificadoras y, en algunos casos, no estaban de acuerdo con la forma como se realizaban las inspecciones de campo, para los productores el problema central no era el de la certificación.
Bajo este contexto, propuse trabajar sobre cuatro ejes: (a) organización, (b) comercialización local, (c) SPG y (d) formación. Todos ellos entrelazados por la demanda y necesidades expresadas por los productores y algunos consumidores, quienes se fueron acercando al proceso paulatinamente. En ningún momento se pretendió una acción masiva en el proyecto; por el contrario, dadas sus características, el énfasis estuvo en trabajar con gente comprometida que creara el modelo de SPG en su zona.
Los avisos informativos sobre certificación ayudan a que los consumidores puedan decidir sobre sus adquisiciones / Foto: autor
Se plantearon objetivos alcanzables de corto plazo, pero que permitieran al mismo tiempo alcanzar logros de mayor importancia en el largo plazo. Asimismo este proceso de ir adquiriendo confianza en ellos y entre ellos enriqueció el proceso de crítica y reflexión. De tal modo que lo que era un problema secundario y casi inexistente, la certificación formal, emergió como un problema, no tanto de tipo operativo, sino conceptual, de valoración del trabajo y conocimiento de los productores.
Se decidió formar la asociación de productores y consumidores ecológicos BioCastril, que le diera institucionalidad al trabajo y que promoviera la producción y el consumo de alimentos ecológicos. BioCastril trabaja y se relaciona en Andalucía, con el sector ecológico y la Administración de la Comunidad Autonómica. Aborda también la comercialización a través de canales cortos, y es así que en Castril se pone un puesto de venta, BioPunto, en el mercadillo semanal del pueblo. Además, participa en el programa de Alimentos Ecológicos para Escolares Andaluces de la Administración, beneficiando a más de 900 niños de colegios y guarderías de la zona. Asimismo, por iniciativa del Ayuntamiento (municipio) y BioCastril, se organizó la Primera Jornada de Agricultura Ecológica del Altiplano de Granada.
Castril es uno de los lugares elegidos para desarrollar el proyecto piloto de SPG, a través del cual, productores, consumidores y técnicos se organizan y diseñan un sistema para verificar que se cumpla con la normativa europea para la producción ecológica. El sistema incluye un reglamento interno, guías de visita, análisis de laboratorio, jornadas de intercambio, participación de organizaciones externas, etc. Como consecuencia de ello se simplifican los trámites y los costos se hacen asequibles para los pequeños productores con parcelas con alta diversificación de cultivos. Adicionalmente, y más importante desde el punto de vista de la agroecología, en este proceso los actores locales son partícipes activos de la garantía y, en parte, vuelve a sus manos la capacidad de influenciar, decidir, organizar y regular sus actividades.
Las propuestas elaboradas por BioCastril para el reglamento interno, el modelo de Guía de Visitas y la participación de organizaciones externas en el proceso han sido un importante aporte para el trabajo en las otras dos zonas. Asimismo, BioCastril está trabajando en un primer acuerdo con la asociación de consumidores El Encinar, de Granada, para abastecerla con un volumen predeterminado de productos a un precio libre de los altibajos del mercado. Simultáneamente, a través de visitas a las zonas de producción agroecológica, El Encinar actuará como organización externa que contribuirá con el proceso de garantía del modelo piloto de SPG desarrollado por BioCastril.
Los SPG en Andalucía aún están en proceso de construcción. Darles valor oficial es sumamente complicado bajo el blindaje jurídico europeo, que tiene como principio la certificación por auditoría o tercera parte.
Finalmente, es importante señalar que esta experiencia está en desarrollo y donde los productores hace dos años tenían la necesidad de organizarse y se escuchaban quejas de que no podían hacer cosas juntos, hoy existe un grupo humano trabajando colectivamente en varios frentes complementarios. Las actividades y empresas emprendidas podrán ser exitosas o no, pero el mayor valor de este proceso es que la gente lo ha construido directamente.
Este ejemplo de Castril, en realidad es un proceso de organización dentro del marco de la IAP; una iniciativa que solo pretendía desarrollar un modelo de SPG, pero que ha ido mucho más allá. Hecho que no es raro cuando la gente hace suyos los procesos, los sueños y los retos.
César Eduardo De la Cruz Abarca
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero
