Procesos sociopolíticos para la transición a la agroecología en Colombia

El primer gobierno progresista en Colombia abrió espacios institucionales inéditos para el diálogo con los movimientos rurales. Como resultado, se han impulsado procesos participativos para la construcción de políticas públicas relacionadas con la ruralidad, la producción agroalimentaria y la agroecología. Este artículo resume los antecedentes políticos que permitieron estos avances, el papel de los movimientos sociales rurales en la formulación de políticas, y los principales logros y desafíos que enfrenta la transición hacia sistemas agroalimentarios más sustentables en el país.

Campamento de juventudes agroecológicas «Pensando el componente de juventudes en la política
de agroecología», desarrollado en Manizales, Colombia, en octubre de 2025. Fuente: Alejandra Reátiga. 

Líderes del Movimiento Agroecológico Colombiano, en el marco del Congreso Popular, Político
y Científico de Agroecología,realizado en la Universidad Nacional de Colombia en septiembre de 2024.
Fuente: Alejandra Reátiga.

Un nuevo escenario político para el campo colombiano

En 2022, Colombia eligió por primera vez en su historia republicana un gobierno de izquierda. Con más de 11 millones de votos, la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez expresó el deseo de amplios sectores sociales de impulsar transformaciones frente a profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales.

Uno de los rasgos más destacados del nuevo gobierno fue su apertura al diálogo con distintos sectores de la sociedad, especialmente con organizaciones rurales que históricamente han tenido una participación limitada en la definición de políticas públicas. En ese contexto, se han impulsado iniciativas orientadas a enfrentar problemas estructurales del campo co- lombiano, como la pobreza rural, la inseguridad alimentaria, la degradación ambiental y los efectos de la crisis climática.

Este artículo analiza el proceso sociopolítico que ha permitido avanzar en la construcción de políticas públicas favorables al campesinado y a la agroecología en Colombia. En particular, se revisa la experiencia de participación de los movimientos sociales rurales en la formulación de estas políticas, así como los principales avances alcanzados y los desafíos que persisten para su consolidación.

Del Acuerdo de Paz a la política de agricultura campesina

Algunos antecedentes de este proceso se encuentran en la etapa posterior al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Aunque con alcances limitados, este escenario abrió espacios de participación para los movimientos sociales rurales en la discusión de políticas públicas orientadas al sector campesino.

Este artículo analiza el proceso sociopolítico que ha permitido avanzar en la construcción de políticas públicas favorables al campesinado y a la agroecología en Colombia  

Para los movimientos sociales rurales, este avance representa un logro histórico en la lucha por el reconocimiento político del campesinado

Entre 2016 y 2017 se conformó la Mesa Nacional de Agricultura Familiar, un espacio de diálogo entre instituciones estatales y organizaciones sociales que buscó construir lineamientos para una política diferenciada dirigida a los agricultores de pequeña escala. Esta iniciativa se vinculó con la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz, referido a la Reforma Rural Integral, cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado.

Uno de los resultados más relevantes de este proceso fue la Resolución 464 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de 2017, que estableció lineamientos para la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC). Esta política buscó fortalecer las capacidades sociales, económicas y organizativas de las comunidades rurales mediante un enfoque territorial orientado a mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y el bienestar de la población rural. A diferencia de otros países de la región, donde las políticas de agricultura familiar se enfocaron principalmente en la inserción de pequeños productores en los mercados, en Colombia este enfoque se vinculó estrechamente con el proceso de construcción de paz (Acevedo-Osorio & Schneider, 2020). Esto favoreció una comprensión más amplia de la agricultura campesina, entendiéndola no solo como actividad económica, sino también como base de formas de vida, organización social y relación con el territorio.

El giro institucional del primer gobierno progresista

Durante el gobierno de Petro y Márquez se han producido avances institucionales significativos en el reconocimiento del campesinado y en la promoción de políticas rurales diferenciadas. Uno de los hechos más relevantes fue la modificación del artículo 64 de la Constitución Política, aprobada en junio de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Con esta reforma, Colombia busca corregir su anterior abstención frente a la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otros pobladores rurales aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2018).

Conversatorio «Hablando de la política en agroecología», organizado por Ecovida 
en Manizales, Colombia, en octubre de 2025.Fuente: Arlex Angarita Leiton.

Este reconocimiento constitucional establece que las comunidades campesinas mantienen una relación particular con la tierra basada en la producción de alimentos, la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, y la preservación de tradiciones culturales propias. Para los movimientos sociales rurales, este avance representa un logro histórico en la lucha por el reconocimiento político del campesinado. En paralelo, el gobierno ha fortalecido instrumentos territoriales orientados a proteger las economías campesinas. Entre ellos destacan las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas para defender la economía campesina y evitar procesos de concentración de la tierra. Desde su creación en 1994 hasta el inicio del gobierno de Petro, solo se habían establecido siete zonas. Ahora, apenas tres años después del inicio del gobierno progresista, se han creado 14 nuevas ZRC en distintas regiones del país.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 incorporó la figura de los territorios campesinos agroalimentarios (Tecam), concebidos como espacios destinados a proteger zonas estratégicas para la producción de alimentos y fortalecer la soberanía alimentaria.

Aunque estas iniciativas no constituyen una política agroecológica en sí mismas, sí introducen elementos estructurales que abren el camino hacia enfoques más amplios de transformación de los sistemas agroalimentarios, más allá de la dimensión técnico-productiva.

La construcción participativa de la política de agroecología

Encuentro regional del Movimiento Agroecológico
Colombiano en Ibagué, Colombia. Fuente: Arlex Angarita Leiton 

El proceso de construcción de una política pública de agroecología en Colombia ha involucrado acciones tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo. Eventualmente, se presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre agroecología que tuvo diversas etapas. Una primera versión, elaborada en 2022, tenía un enfoque principalmente productivista y no contó con la participación de los movimientos sociales. Posteriormente, se presentó un nuevo proyecto, que incorpora aportes de organizaciones sociales y propuso una visión más amplia de la agroecología.

Este proyecto plantea declarar de interés nacional la promoción y transición hacia la agroecología, crear una Dirección Nacional de Agroecología y establecer lineamientos para políticas de producción, comercialización y consumo de productos agroecológicos. Sin embargo, debido al limitado tiempo legislativo del actual periodo presidencial, su aprobación como ley de la república resulta incierta.

De manera paralela, el MADR impulsó un proceso participativo para elaborar lineamientos de política pública en agroecología. Este proceso, que incluyó debates regionales y la participación de organizaciones sociales, finalmente se formalizó mediante la Resolución 331 de noviembre de 2024.

La política propone fomentar la agroecología y otras agriculturas para la vida con el objetivo de construir sistemas alimentarios territoriales sustentables que contribuyan a la transformación productiva, la soberanía alimentaria y el buen vivir de la sociedad colombiana. Para esto, sugiere una serie de lineamientos y acciones estratégicas.

Movimientos sociales y articulación agroecológica

Un elemento clave en este proceso ha sido la articulación de organizaciones sociales que históricamente han promovido la agroecología en el país. Al inicio del gobierno progresista, estos grupos se encontraban relativamente dispersos y con escasa experiencia de interlocución directa con las instituciones estatales.

Es conveniente anotar que los sujetos políticos del movimiento agroecológico entienden que la política no comienza con el Estado, los partidos políticos o las leyes —como plantea Rozitchner (2015)—, sino que está articulada a la manera en que estos gru- pos sociales han construido ideas en contra de la dominación que suponen las leyes que promueven la revolución verde como la estrategia para producir y alimentar a la sociedad, con sus repercusiones socioambientales.

La necesidad de participar de manera efectiva en la construcción de la política pública impulsó un proceso de articulación que culminó con la creación del Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO), una plataforma que reúne más de 20 redes y organizaciones regionales para establecer un canal de diálogo más estructurado con el Gobierno y fortalecer la incidencia política del sector agroecológico a partir de las ideas de sus sujetos políticos. 

La agroecología en Colombia tiene una larga trayectoria construida desde prácticas productivas, procesos educativos como las escuelas de campo (Pumisacho & Sherwood, 2005), y experiencias de comercialización en mercados y ferias agroecológicas. Sin embargo, solo a partir de la década de 2010 comenzó a despertar un interés más claro por parte de las instituciones públicas.

Las contribuciones del movimiento social se pueden resumir en la participación activa en la construcción de los lineamientos de política mencionados, así como en la negociación para incluir elementos que dieran a la política un sentido mucho más amplio que solo una forma orgánica de producción, logrando de esa forma incluir elementos como el educativo, la agrobiodiversidad, los sistemas bioculturales y la soberanía alimentaria, entre otros puntos de amplio debate entre los movimientos sociales.

Este proceso de institucionalización ha generado debates dentro de los propios movimientos sociales. Para algunos de sus líderes, incorporar la agroecología en políticas públicas implica el riesgo de que sus principios sean apropiados de manera superficial y reducidos a una simple modalidad de agricultura orgánica, perdiendo su dimensión política y transformadora (Lugo Perea & Rodríguez Rodríguez, 2018); mientras que, para los movimientos sociales, la agroecología es un enfoque transformador de la agricultura y los sistemas agroalimentarios. Otro elemento del debate se centra en el riesgo de que las comunidades de base sean instrumentalizadas para que el gobierno pose como popular e incluyente, sin comprometerse realmente con la implementación de políticas que son construidas con participación social.

Avances y desafíos de la transición agroecológica

Durante el actual gobierno, los temas relacionados con el campesinado han adquirido una centralidad inédita en las políticas públicas del país; no obstante, este proceso convive con dinámicas estructurales que continúan favoreciendo al agronegocio, el cual aún recibe importantes inversiones del presupuesto nacional.

Transformar esta lógica institucional, construida durante décadas para fortalecer el modelo agroindustrial, constituye un desafío que difícilmente puede resolverse en un solo periodo de gobierno.

A pesar de estas tensiones, el contexto político reciente ha permitido abrir espacios de diálogo entre el Estado y los movimientos sociales rurales para avanzar en propuestas vinculadas con la agroecología. Este proceso se ha visto favorecido por la decisión política del gobierno de priorizar la protección de ecosistemas, enfrentar la crisis climática y fortalecer el papel del campesinado en la producción de alimentos.

El proceso de articulación del MACO también ha sido un factor importante, al propiciarse una interlocución más clara entre las organizaciones sociales y entre estas y las instituciones públicas. A ello se suma la articulación de la política agroecológica con instrumentos jurídicos previos, como la Resolución 464 de 2017, sobre Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

Otro elemento favorable ha sido la creciente acogida social de la agroecología, impulsada por consumidores interesados en formas de alimentación más saludables y con menor impacto ambiental. Asimismo, existen numerosas experiencias agroecológicas consolidadas en el país que, tras décadas de trabajo técnico y organizativo, han demostrado la viabilidad de estos sistemas productivos (Acevedo-Osorio & Jiménez, 2019).

Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos importantes. Entre ellos destacan la necesidad de garantizar recursos financieros suficientes para implementar la política pública, asegurar su continuidad más allá del actual periodo de gobierno y avanzar hacia una ma- yor estabilidad jurídica mediante su eventual aprobación como ley de la república.

Del mismo modo, fortalecer la cohesión interna del MACO y su capacidad de movilización será fundamental para sostener la incidencia política del movimiento agroecológico en el futuro, presionando los cambios necesarios.

Conclusiones

Colombia atraviesa un momento político singular en el que las agriculturas campesinas y la agroecología han ganado visibilidad dentro de la agenda pública. En los últimos años, las políticas impulsadas durante el gobierno progresista han permitido avanzar en el reconocimiento del campesinado y en la construcción de instrumentos normativos orientados a la transformación de los sistemas agroalimentarios. Así, más allá de proponer nuevas formas de producción agrícola, estas iniciativas plantean una visión más amplia de sustentabilidad que involucra dimensiones sociales, territoriales y culturales de la alimentación.

No obstante, el éxito de estas políticas dependerá en gran medida de la capacidad de articulación entre los movimientos sociales rurales, las instituciones públicas y otros sectores de la sociedad. De esa forma, la movilización social, la incidencia política y la continuidad de los procesos participativos serán factores determinantes para consolidar una transición agro- ecológica capaz de transformar de manera duradera los sistemas agroalimentarios del país.

Álvaro Acevedo Osorio

Profesor e investigador del programa de Doctorado en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. Líder del proyecto Coaliciones por la Agroecología en Suramérica, apoyado por el International Development Research Center (IDRC).

aacevedoo@unal.edu.co

Referencias

• Acevedo-Osorio, Á., & Jiménez Reinales, N. (comps.). (2019). La agroecología: experiencias comunitarias para la agricultura fami- liar en Colombia. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Universidad del Rosario.
• Acevedo-Osorio, Á., & Schneider, S. (2020). Agricultura Cam- pesina, Familiar y Comunitaria: una perspectiva renovada del campesinado para la construcción de paz en Colombia. Revista Luna Azul, (50), 132-155.  https://doi.org/10.17151/luaz.2020.50.7
• Lugo Perea, L. J., & Rodríguez Rodríguez, L. H. (2018). El agroecosistema: ¿objeto de estudio de la agroecología o de la agronomía ecologizada? Anotaciones para una tensión episté- mica. Inter disciplina, 6(14), 89-112. http://dx.doi.org/10.22201/ ceiich.24485705e.2018.14.63382
• Pumisacho, M., & Sherwood, S. (2005). Guía metodológica sobre las ECA ́s: Escuelas de Campo de Agricultores. Vecinos Mundiales. – Rozitchener, L. (2015). Escritos políticos. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional.