En este número de LEISA revista de agroecología se abordan las situaciones locales de conflicto por la tierra y el territorio. Algunos artículos presentan la vinculación existente entre autoridades y empresas de los países del Sur con los grandes financistas que actúan globalmente en el acaparamiento de tierras. Esto ha generado la concentración de la propiedad de la tierra en algunos países que ya habían pasado por procesos de redistribución (Dorrego, p. 5). Con ello aumenta la desigualdad social existente en América Latina y especialmente en Sudamérica, a pesar del reconocimiento “oficial” de que la inseguridad en la tenencia de la tierra y el destino de su territorio limita las posibilidades de la población rural de emprender acciones para la innovación productiva. Especialmente los jóvenes rurales, quienes sin opciones de desarrollo personal en lo social y en lo económico, no tienen otra alternativa que la migración campo-ciudad (Vargas, p. 25).
Asimismo, la denominada “financiarización”, modalidad del capital que invierte en la adquisición de tierras como activos para la especulación financiera, se vale ahora de la tecnología digital y los mapas satelitales como herramientas para obtener información sobre la situación legal de las tierras y los territorios, las características físicas y biológicas de sus suelos y aguas, así como del potencial de los recursos del subsuelo (Seufert y otros, p. 7). Estos autores presentan un caso de Brasil, donde “La incursión y la expansión del agronegocio en el Cerrado brasileño son impulsadas por los mercados y actores financieros mundiales”.
En LEISA 34-4 también se encuentran artículos sobre actuales conflictos y la lucha de los campesinos por la conservación de sus territorios y la calidad de los recursos agua, suelo, biodiversidad, que sustentan su vida y su actividad económica principal: la agricultura (Le Moal y Esparza, p. 12; Montilla y Souza, p. 15). Algunos de estos casos informan sobre propuestas alternativas que las comunidades vienen realizando con los recursos locales, al mismo tiempo que continúan sus acciones en defensa de la tierra y sus territorios ante la presión de los agronegocios y las industrias extractivas (León y otros, p. 29; Carranza y otros, p. 32; Cruz y Dorrego, p. 35).
La falta de cumplimiento o demora en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por el Estado, especialmente de los amazónicos, a pesar de las disposiciones vigentes acordadas por instancias internacionales de las que muchos países de la región forman parte, se ilustra en la actual situación del Perú (Hallazi, p. 18), donde también los derechos de propiedad de la tierra –modificados por sus diferentes gobiernos desde la segunda mitad del siglo pasado– no garantizan el control del territorio por sus propietarios: las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Más bien crean una situación confusa al determinar la propiedad porque son “derechos imperfectos” (entrevista a A. Diez, p. 22).
Finalmente, informamos que en las secciones Fuentes y Trabajando en red hemos recopilado información sobre documentos, libros y también enlaces a sitios o páginas en internet relativos al enfoque de este número. Este material permite apreciar la magnitud e importancia del ejercicio pleno de los derechos por la tierra y el territorio por las poblaciones rurales para la superación de la pobreza y la sostenibilidad de sus recursos, especialmente agua, suelo y biodiversidad.
