El Cerrado es uno de los biomas más biodiversos de la Tierra. Sin embargo, el establecimiento de grandes plantaciones de soja no deja más que destrucción. Rosilene Miliotti/FASE
Las finanzas mundiales impulsan el acaparamiento de tierras en la región de MATOPIBA
La región brasileña de MATOPIBA forma parte del Cerrado, un bioma extremamente rico en biodiversidad y uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Los ecosistemas diversificados del Cerrado son vitales para la ecología de la región y del planeta y brindan un sustento esencial a las comunidades que viven en ella.
En MATOPIBA, la expansión de los monocultivos de la agricultura industrial y la especulación con la tierra están menoscabando la realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas –entre otros derechos humanos– de las comunidades tradicionales, incluidos los descendientes de esclavos cimarrones (quilombolas) y los pueblos indígenas.
Distintas organizaciones de la sociedad civil han realizado amplias investigaciones que muestran que las poblaciones locales hacen frente a las consecuencias de la deforestación, la contaminación generalizada del suelo, el agua y el ganado por agroquímicos, y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, la violencia contra las y los líderes comunitarios va en aumento, y también las disputas sobre el agua, exacerbadas por los cambios en los patrones de precipitaciones debidos a la destrucción ecológica (Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2018).
Por último, las poblaciones locales de la región están perdiendo sus tierras, lo que acarrea la destrucción de sus medios de vida, perturbaciones en la comunidad e inseguridad alimentaria y nutricional; en muchos casos se ven forzadas a migrar a las favelas de las ciudades brasileñas. Las mujeres se ven especialmente afectadas por el acaparamiento de tierras y la destrucción ecológica en curso, puesto que ya no pueden recolectar ni procesar los frutos silvestres de los bosques del Cerrado, mientras que la presencia de guardias armados, la intimidación y la violencia física hacen que sea imposible para ellas planificar una vida familiar (FIAN Internacional/Rede Socialde Justiça e Direitos Humanos/Comissão Pastoral da Terra, 2018).
La incursión y la expansión del agronegocio en el Cerrado brasileño son impulsadas por los mercados y actores financieros mundiales. De hecho, la expansión de la producción agroindustrial en Brasil, que iniciada en los años 60 se aceleró a partir de los años 90, ha sido considerada en términos ideológicos como uno de los factores de la reducción del déficit comercial del país, a pesar de que en realidad la deuda del país ha aumentado al igual que los efectos sociales y medioambientales negativos provocados por este sistema agrícola (Pitta y Mendonça, 2017). Las considerables subvenciones estatales han llevado a la expansión de los monocultivos de soja y caña de azúcar que a principios de este siglo empezaron a penetrar en la parte norte del Cerrado brasileño, especialmente en los estados de Piauí y Tocantins.
De forma simultánea, la búsqueda de nuevas áreas de inversión por las entidades financieras mundiales provocó, en un primer momento, un auge de los precios de los productos básicos que tuvo como resultado un aumento especulativo del precio de la soja, el azúcar, el maíz, el algodón, el eucalipto y la carne, lo que a su vez propició aún más la expansión territorial del monocultivo y el agronegocio. Entre los años 2000 y 2014, la superficie plantada con soja y caña de azúcar en MATOPIBA aumentó en 253% y 379%, respectivamente; la superficie plantada con soja pasó de 1 millón a 3,4 millones de hectáreas (Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2018).
No obstante, tras la crisis de 2007-2008, el precio de los productos básicos agrícolas bajó en los mercados internacionales y el precio de la tierra siguió aumentando en Brasil. En consecuencia, la tierra en sí se está convirtiendo cada vez más en un objeto de negocio especulativo para los actores financieros, más allá de la financiación de la producción agroindustrial o el comercio de productos básicos.
Las tierras de la parte norte del Cerrado brasileño, consideradas como la “última frontera agrícola” de Brasil y una zona “tampón” para la región amazónica, se han convertido también en objeto de especulación (Rede Social de Justica e Direitos Humanos, 2018). Algunas de las empresas implicadas en el negocio de la tierra en la región siguen estando vinculadas a la producción agrícola industrial. Un buen ejemplo de esto es la empresa SLC (Schneider Logemann Company), cuya filial SLC Agrícola es uno de los principales productores brasileños de soja, mientras que la filial SLC Land Co. se ha convertido en un actor importante en el negocio de la tierra. Otras empresas ya no están vinculadas directamente a la producción y se concentran plenamente en la adquisición, venta, arrendamiento o gestión de tierras (Pitta y Mendonça, 2018). Un ejemplo es la empresa Radar Imobiliária Agrícola S. A., que fue creada por medio de una empresa conjunta entre el fondo de pensiones estadounidense Teachers Investment Annuanity Fund (TIAA) y la mayor empresa de producción de azúcar de Brasil, Cosan. El objetivo de Radar es obtener ingresos capitalizados de la tierra, lo que quiere decir: adquirir tierras a bajo precio y establecer en ellas explotaciones agrícolas para luego venderlas, con frecuencia en transacciones especulativas.
La empresa SLC controla casi medio millón de hectáreas de tierras en Brasil, de las cuales 300 000 se dedican al cultivo de soja. En 2015, SLC generó por primera vez más ingresos mediante sus compras y ventas de tierras agrícolas que a través de su negocio histórico principal con la soja.
Cabe enfatizar que los actores que operan sobre el terreno, expulsando violentamente a las comunidades de sus territorios, tienen el apoyo de actores financieros internacionales que canalizan enormes cantidades de capital hacia el negocio de
la tierra. En el caso de MATOPIBA, los fondos de pensiones de Estados Unidos y Europa desempeñan un papel fundamental; entre estos podemos citar el estadounidense TIAA, el holandés ABP, el sueco AP2 y el alemán Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL). El TIAA ha instalado dos fondos (TIAA-CREF Global Agriculture LLC, o TCGA, 1 y 2) para adquirir tierras agrícolas a nivel mundial, que han recaudado 5000 millones de USD de planes de pensiones de todo el mundo, incluidos el ABP, AP2 y ÄVWL.
Las operaciones de estos fondos y de otras empresas financieras alimentan la especulación en curso con el fin de extraer riquezas sustantivas de la región. Estos fondos se beneficien directamente de las subidas de los precios de la tierra, puesto que esto aumenta el valor de sus explotaciones agrícolas y sus carteras de inversión.
Un miembro de una comunidad de MATOPIBA muestra dos botellas de agua: una con agua limpia, la otra con agua de un río, que está sucia con sedimentos de las plantaciones de soja. El sedimento también contiene agrotóxicos, lo que hace que el agua ya no sea potable. Rosilene Miliotti/FASE
Financiarización y digitalización: cómo las tecnologías de la información fomentan la especulación con la tierra
La financiarización, es decir, el incremento del poder y la influencia de las finanzas mundiales y sus formas de operar en general, está vinculada de varias maneras a la digitalización, es decir, la integración de las tecnologías digitales. El crecimiento exponencial de las finanzas mundiales durante los últimos 30 años –además de la constante desrregulación de los mercados financieros por las políticas neoliberales– ha sido posible en primer lugar gracias a las tecnologías de la información. En segundo lugar, las herramientas técnicas como las estadísticas, los cálculos sobre el uso de la tierra y la productividad, basadas en imágenes de satélite, entre otras, se han utilizado para transformar la tierra en un recurso en el que se puede invertir y para cartografiar aquellas zonas que, según el discurso corporativo, están disponibles para la inversión mundial (Li Murray, 2014). En tercer lugar, las tecnologías de la información son fundamentales para llevar la tierra a los mercados financieros mundiales.
Hay dos aspectos fundamentales de la digitalización de la tierra: por un lado, la compilación de datos relacionados con la tierra y específicos de cada lugar (como, por ejemplo, la calidad del suelo, la capacidad de producción, el acceso al agua y los cambios en el precio de la tierra) (Grupo ETC, 2017) y, por otro lado, la digitalización de los datos relativos a la administración de la tierra, en especial los datos catastrales. En todas partes del mundo, la información del primer aspecto está a disposición de los intermediarios financieros que quieren operar en los mercados de tierras, mientras que el segundo aspecto permite que se lleven a cabo transacciones de tierras en la esfera virtual. Como tal, la digitalización de la tierra es una parte importante de la creación de un mercado inmobiliario mundial (Savills, 2016).
Actualmente se realizan varios esfuerzos para aplicar a la tierra la tecnología de la cadena de bloques, la cual es una tecnología subyacente a las criptomonedas como Bitcoin, y se describe comúnmente como un libro público abierto, descentralizado y distribuido, que puede registrar información y transacciones entre dos partes “de manera verificable y permanente” (Iansiti y Lakhani,2017). Se están llevando a cabo experiencias piloto en distintos países de todas partes del mundo, entre ellos Brasil (Graglia y Mellon, 2018). La cadena de bloques permite almacenar datos sobre la administración de la tierra, pero también realizar transacciones por medio de los llamados “contratos inteligentes”, que ocurren de una forma ampliamente automatizada y autoejecutable. Si bien la aplicación generalizada de estas tecnologías a la tierra aún puede llevar algún tiempo, la digitalización de los datos sobre la administración de la tierra está avanzando, y en algunos países las transacciones de tierras están cada vez más automatizadas.
La digitalización de la tierra y el uso de la cadena de bloques en particular, se promueven con la promesa de más transparencia, eficiencia, seguridad y protección frente al fraude y la corrupción –especialmente debido al carácter descentralizado de la cadena de bloques–. Las narrativas conexas se concentran firmemente en Estados y administraciones ineficientes, y transmiten el mensaje de que los actores privados serán mucho más eficientes al asumir la tarea de la administración de la tierra de manera descentralizada y sin interferencia de las autoridades públicas –y sin regulación–.
Conclusión: implicaciones para los derechos humanos y nuevos desafíos para las luchas sociales
Quienes defienden la digitalización de la información relativa a la administración de la tierra y del uso de la cadena de bloques en las transacciones de tierras sostienen los beneficios de estas tecnologías para las personas marginadas, debido al aumento de la seguridad en la tenencia que supuestamente proporcionarán. No obstante, el problema de la inseguridad en la tenencia de la tierra de las personas que viven en la pobreza tiene que ver menos con la información precisa sobre las tierras y mucho más con la opresión y las desigualdades de poder. Estas desigualdades y la violencia contra las comunidades están aumentando a medida que los agentes financieros mundiales han identificado la tierra –y los recursos naturales asociados– como una importante clase de activos. Esto plantea una serie de preguntas a los movimientos sociales y a las organizaciones que los apoyan.
En primer lugar, ¿cuáles son las estrategias apropiadas para oponerse al capital globalizado, teniendo en cuenta que estos actores son a menudo menos visibles, ya que la mayoría de las veces no operan en el terreno, sino que ejercen el control desde lejos? ¿Qué nuevas alianzas podrían ser necesarias y posibles, por ejemplo, con trabajadores y pensionistas de Europa, los Estados Unidos o Canadá, cuyas pensiones son gestionadas por fondos de pensiones que operan a escala
transnacional?
En segundo lugar, las nuevas tecnologías no se despliegan en el vacío ni su uso es tan limpio y ordenado como su naturaleza tecnológica pretende sugerir. La tierra es de por sí un material y un bien altamente ilíquido o inmóvil. Pese a todos los avances digitales, la tierra mantendrá necesariamente su carácter sumamente material y local, lo que significa que las personas que viven en la tierra y de ella, se verán afectadas por las transacciones en los mercados mundiales, incluso cuando parece que estas ocurren en una esfera puramente digital. Además, la tierra es un bien muy disputado y su distribución refleja y consolida, en muchos países del mundo, las injusticias sociales existentes. Como tal, una cuestión importante es si el uso de estas tecnologías consolidará –y por último aumentará– las desigualdades existentes. Esto está estrechamente relacionado con la pregunta siguiente: ¿quién tiene acceso a estas tecnologías y control sobre ellas y para qué fines?
En el caso de MATOPIBA, por ejemplo, las comunidades afectadas, como parte de su lucha para defenderse frente al acaparamiento de tierras, han intentado registrar sus tierras en el Cadastro Ambiental Rural (CAR), un sistema abierto en
línea basado en datos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés). Estas comunidades descubrieron posteriormente que sus tierras ya habían sido registradas por empresas del agronegocio, que utilizan el CAR para legitimar su acaparamiento de tierras.
En resumen, la cuestión que emerge es cómo asegurar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos en el contexto general de la información digitalizada relativa a la tierra y el medio ambiente. Si bien seguirá siendo fundamental presentar propuestas para una regulación adecuada de los actores financieros y el uso de las nuevas tecnologías en el contexto de la tierra, las fuerzas progresistas tendrán que concretizar sus propuestas sobre cómo construir un nuevo orden económico y financiero que se base en la soberanía y el control popular de los recursos.
En este contexto, la lucha por el pleno reconocimiento de la tierra como derecho humano es fundamental, puesto que reafirma que la tierra es antes que nada un bien común al que las comunidades y las personas pueden acceder, controlar,
gestionar y usar de muchas formas diferentes a efectos de vivir una vida digna, de acuerdo a su contexto social y cultural (FIAN Internacional, 2017). La adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales es un paso importante en este sentido (Sesión 73, 17 de diciembre de 2018, Nueva York).
FIAN Internacional es una organización internacional de derechos humanos que trabaja por la realización del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas desde hace más de 30 años.
seufert@fian.org – www.fian.org
Maria Luisa Mendonça
Investigadora visitante en el Center for Place, Culture and Politics de la City University de Nueva York, y codirectora de la Rede Social de Justiça e Direitos Humanos de Brasil.
rede@social.org.br
Fabio Pitta
Becario de postdoctorado en geografía humana en la Universidad de São Paulo, e investigador en la Rede Social de Justiça e Direitos Humanos de Brasil.
pitta.fabio@gmail.com
La Rede Social de Justiça e Direitos Humanos engloba a decenas de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales. Su objetivo es responder a la demanda de acción y articulación en torno a las violaciones de derechos humanos en Brasil.
www.social.org.br
Una mujer de una comunidad de MATOPIBA frente a lo que queda de su casa. El acaparamiento de tierras en la región expulsa violentamente a la población local. Rosilene Miliotti/FASE
