Productor familiar de poroto con arsenal de plaguicidas en San Mateo, Comarapa. U. BickelNo solo la gran agricultura sino también la agricultura familiar campesina ha sido destinataria directa de la publicidad masiva de las empresas importadoras de plaguicidas.En Bolivia no se producen plaguicidas pero sí se importan y a las importaciones legales se suman los plaguicidas que ingresan por la vía del contrabando. El control público en las fronteras y en los mercados, tanto como las sanciones por la venta ilegal son muy deficientes.
Más del 70 % de los 229 ingredientes activos de los plaguicidas vendidos en Bolivia son altamente peligrosos por sus efectos de toxicidad aguda o crónica para la salud humana y el ambiente. A pesar de que casi la mitad (105) de estas sustancias están prohibidas en otros países, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) autoriza estos plaguicidas altamente peligrosos (PAP). La dependencia financiera del SENASAG de las tasas que pagan las corporaciones de agroquímicos limita el control del uso de plaguicidas.
En el campo se observa un uso indiscriminado de plaguicidas. Los agricultores mezclan “cocteles” de fungicidas e insecticidas altamente tóxicos, muchas veces sin la debida protección individual. Por carencia de sistemas de recolección y eliminación de cobertura nacional, grandes cantidades de envases vacíos no son recolectados y contaminan las aguas y ecosistemas, principalmente en zonas rurales con pequeña y mediana agricultura. La industria financia un programa de recolección de envases vacíos de plaguicidas que solo cubre a los grandes productores en el este del país.
Según diagnóstico del Ministerio de Salud (2015), la población rural que aplica plaguicidas tiene un bajo nivel de instrucción formal. Solo el 62,5% tenía instrucción escolar primaria; el 24,8%, secundaria. Por la falta de programas públicos regulares de asesoramiento agrícola, exceptuando los convencionales “programa papa” y “programa hortalizas”, muchos agricultores se acercan a los establecimientos donde se venden agroquímicos para informarse sobre cuáles son los productos químicos que hay que aplicar, dado que no existe asesoramiento para el manejo integral o aún ecológico de plagas (MIP/MEP). Un problema fundamental es que Bolivia carece de un sistema de formación agropecuaria profesional y de asesoramiento agrícola público y descentralizado que esté al alcance de los agricultores familiares campesinos con cobertura nacional, sin fines de lucro, y con miras a eliminar la dependencia de estos agricultores de los insumos externos caros y lograr agroecosistemas sostenibles. Un productor rural de los Valles Mesotérmicos de La Paz manifestó en este sentido: “Somos huérfanos”.
Casi la mitad de los 4 125 agricultores, mujeres y varones, entrevistados por el Ministerio de Salud en los nueve departamentos del país, han presentado síntomas de intoxicaciones agudas durante o después de la aplicación de los agroquímicos.
Para la elaboración de mi tesis he recolectado la evidencia científica disponible sobre la exposición a plaguicidas –en Bolivia y otros países– vinculada con enfermedades como el cáncer, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, degradación del sistema nervioso, abortos, malformaciones, problemas de desarrollo y esterilidad. En mis visitas a las zonas rurales de Bolivia he constatado la existencia de estas enfermedades en la población rural entrevistada.
A la exposición directa de los agricultores se suma el riesgo considerable para los consumidores de alimentos contaminados con residuos de plaguicidas que se venden en los mercados de Bolivia, tales como tomates y lechuga, sin que exista un monitoreo público de la inocuidad alimentaria.
En las dimensiones ambiental y económica, los agricultores se encuentran en un círculo vicioso: constatan el aumento de la infestación con plagas y enfermedades, síntomas de una creciente inestabilidad de sus ecosistemas. Por esa razón tienen que comprar y combinar más y más plaguicidas cada vez más tóxicos y caros, lo que al mismo tiempo les ocasiona pérdidas económicas cuando los precios bajos de sus productos en los mercados no compensan su inversión.
“Bolivia triplicó en dos décadas el uso de agroquímicos”. El País, Bolivia, 19 de junio de 2018 (https://elpais.bo/bolivia-triplico-en-dos-decadasel-uso-de-agroquimicos/)
Una comparación de la legislación boliviana y sus compromisos internacionales con estándares internacionales de derechos humanos muestra que, en teoría, Bolivia cuenta con una de las normas más progresivas y completas para la promoción de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y agua saludables, y a un medio ambiente sano. Sin embargo, la situación empírica y científicamente documentada revela que, en realidad, la población boliviana queda desprotegida y en serio peligro por la exposición a agroquímicos y a la ingestión de alimentos contaminados.
Para una reforma del sistema de registro de plaguicidas en el SENASAG, con fines de independizarlo del financiamiento de las corporaciones de plaguicidas, se recomienda aplicar el principio de precaución, prohibiendo sin demora la entrada y venta de PAP.
Se sugiere también una reorientación decidida del sistema básico y académico de formación agropecuaria, y del asesoramiento agrícola público, actualmente convencional, para la producción agroecológica. Esta reorientación debería ser promovida por las instituciones integrantes de la Plataforma Nacional de Suelos y algunas pocas facultades
de agronomía bolivianas, y respaldada por movimientos internacionales como la Vía Campesina y por instituciones como la FAO.
En un período de transición es imprescindible organizar con urgencia un sistema completo de recolección y eliminación de los envases vacíos de plaguicidas que debe ser financiado por el sector privado según el principio de: “quien contamina, paga”, para responsabilizar a las corporaciones comercializadoras.
Un primer paso estatal para la efectiva protección del derecho humano a la salud sería el establecimiento de una biomonitorización permanente de mujeres y varones agricultores, ocupacionalmente expuestos a plaguicidas, que sería realizada en los centros de salud públicos de cada uno de los casos que se presenten de intoxicaciones agudas y enfermedades crónicas ocasionadas por plaguicidas. Asimismo, es necesario que estos centros elaboren una documentación causal de cada caso atendido. A esto se suma la necesidad de crear un verdadero sistema de vigilancia y control de los residuos de plaguicidas en los alimentos a cargo del SENASAG, para garantizar la inocuidad alimentaria.
El gobierno boliviano debe tomar en el futuro medidas institucionales precautorias y crear un marco regulatorio eficaz para garantizar que estén protegidos los grupos más sensibles y vulnerables –como niños y niñas, mujeres gestantes, agricultores, jornaleros agrícolas, pueblos indígenas y trabajadores migrantes–ante el impacto de los agroquímicos. Se recomienda además fortalecer la Defensoría de la Madre Tierra e independizar al Tribunal Agroambiental.
Ulrike Bickel
Socioeconomista y agrónoma tropical. En el marco de su tesis sobre protección ambiental ha investigado el uso de plaguicidas en tres ecorregiones bolivianas en marzo de 2018.
u.bickel@gaia.de
