La puesta en marcha del Programa Hambre Cero, la inclusión en la Constitución Federal del derecho humano a una alimentación adecuada (DHAA), la adopción de planes de seguridad alimentaria y nutricional y la implementación de medidas de desarrollo rural sostenible fueron innovaciones institucionales que ayudaron a establecer conexiones conceptuales y políticas entre las iniciativas oficiales dirigidas a fortalecer la agricultura familiar y las estrategias para superar la pobreza rural, y a promover la seguridad alimentaria y la nutrición en el país. Los nuevos arreglos institucionales creados en este periodo contribuyeron a la generación de efectos sinérgicos entre las medidas de asistencia social y los programas de desarrollo económico, dos esferas de intervención históricamente autárquicas en la estructura funcional del Estado.
A pesar de este cambio de orientación en las políticas agrícolas y el suministro de alimentos, los avances verificados se consolidaron como nichos de innovación institucional en un entorno político e ideológico dominado por el sector agroindustrial y financiero. Incluso en el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), vinculado a las acciones relacionadas con la agricultura familiar y de los pueblos y comunidades tradicionales, fue verificado el carácter ambivalente y contradictorio de las directivas políticas del gobierno para las zonas rurales. La mayor parte de los recursos anuales asignados a los planes de cultivo de la agricultura familiar (también una innovación del período más reciente) se destinó a la producción de commodities (soya, maíz, café, carne; es decir, productos cuyo precio está determinado por el mercado internacional), lo que llevó a la especialización productiva de los establecimientos rurales a expensas de la producción para el autoconsumo y al aumento de la dependencia de las familias agricultoras de los mercados de insumos externos. Esto significa que el reconocimiento del potencial multifuncional de la agricultura familiar, en lo que respecta a la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición, no se ha traducido en la práctica en una ruptura efectiva con los conceptos productivistas derivados del paradigma de la modernización de la agricultura.
Es en este contexto político, contradictorio y adverso a cambios radicales en la orientación del desarrollo rural, que deben ser entendidas y evaluadas las iniciativas estatales –en coherencia con el paradigma agroecológico–. En este proceso evolutivo, cabe destacar la importancia decisiva que tiene la participación de la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional como para la ejecución en el ámbito local de las innovaciones institucionales más significativas del periodo, sobre todo aquellas que han creado las condiciones objetivas para la transformación de familias del sector más pobre de la población rural en agentes de dinamización de las economías locales.
Este artículo presenta un breve análisis del impacto de las políticas públicas en la dinámica de desarrollo rural en el territorio de Borborema, estado de Paraiba. Es en esta región donde el Polo Sindical y de Organizaciones de la de Agricultura Familiar de Borborema (Polo) –un actor colectivo que actualmente articula 14 sindicatos de trabajadores rurales municipales (STR por sus siglas en portugués), 150 organizaciones de base comunitaria y una asociación regional de productores agroecológicos– ha estado funcionando durante más de 15 años, asesorado por AS-PTA en la promoción de estándares agroecológicos de desarrollo rural. A partir de la historia de vida de una familia involucrada en la red sociotécnica2 coordinada por el Polo, el artículo presenta algunas críticas al diseño de las políticas públicas para la agricultura familiar desde la perspectiva agroecológica.
Un territorio de ocupación campesina
El Agreste de Borborema es una región caracterizada por la pobreza rural extrema. Situada en la región semiárida de Brasil, en una zona de transición ambiental entre el litoral húmedo y el sertón semiárido, se consolidó históricamente como una región con alta densidad de agricultores familiares dedicados a la producción de alimentos básicos, los mismos que son responsables del abastecimiento para las ciudades, los latifundios de monocultivo de caña azúcar al este y las grandes haciendas de ganado extensivo en el oeste.
A pesar de las características singulares de su ocupación social y su función económica, la historia de la región se ha caracterizado por alternar ciclos de campesinización y descampesinización determinados principalmente por las alternancias de los intereses cíclicos de las oligarquías rurales, que ocupan o desocupan partes del territorio según el aumento o descenso en la escala productiva de los productos agrícolas para los principales mercados.
Apoyados de forma sistemática por el Estado, estos movimientos de expropiación territorial del campesinado no han ocurrido sin que se organizaran simultáneamente varias formas de resistencia local. Frente a los conflictos territoriales, que se remontan al periodo colonial, el Polo de Borborema es hoy considerado como un actor contemporáneo a las luchas históricas de la agricultura familiar campesina de la región (Silveira et al., 2010).
Ante la larga historia de disputa territorial con los grandes terratenientes y la fragmentación progresiva de las fincas familiares debido a los procesos intergeneracionales de reparto por herencia, las estrategias tradicionales para la gestión de la fertilidad de los ecosistemas agrícolas familiares se han vuelto cada vez más obsoletas. Los intensos movimientos migratorios, en particular de los jóvenes rurales, muestran limitaciones significativas para la reproducción social y económica de la agricultura familiar en la región.
Paralelamente a la emigración, las familias agricultoras, individual o colectivamente, buscan desarrollar respuestas técnicas, económicas y políticas para abordar el problema agrario en la región. Estas respuestas combinan dos movimientos simultáneos: por un lado, la lucha por la conquista de la tierra; y, por el otro, la innovación en las prácticas de manejo de los agroecosistemas destinadas a intensificar el uso del suelo agrícola. Aunque poco visible, este segundo movimiento corresponde a un proceso de cambios recurrentes en la base tecnológica de la agricultura campesina cuando se enfrenta a situaciones de escasez y de difícil acceso a los recursos naturales, empezando por la tierra (Boserup, 1981).
La red sociotécnica de agroecología en el territorio
Orientada por el marco conceptual y metodológico del paradigma agroecológico, AS-PTA inició sus operaciones en la región en 1993 para proporcionar asesoría a un movimiento emergente de renovación del sindicalismo de los trabajadores rurales. La asesoría buscó contribuir con la identificación y el fortalecimiento de los procesos endógenos de innovación en el manejo de los ecosistemas agrícolas (Petersen y Silveira, 2006). Mediante el establecimiento de las redes de agricultores-experimentadores –varones y mujeres–, Polo da Borborema impulsó trayectorias de innovación de los agroecosistemas, buscando combinar la intensificación de la producción con el mantenimiento de altos niveles de autonomía en relación con los mercados de factores de producción (insumos, tierra, mano de obra). Esta búsqueda de la autonomía también se expresa en altos niveles de autoabastecimiento de alimentos de las familias productoras. Por otra parte, la dinámica de la innovación giró hacia la construcción de nuevos canales de comercialización de la producción diversificada generada en las fincas familiares.
Contrariamente a los enfoques convencionales para el desarrollo agrícola, estas trayectorias de innovación pueden ser caracterizadas como procesos de intensificación económica sin simplificación ecológica (Petersen et al., 2015). En lugar del uso intensivo de insumos externos y de especialización productiva, el enfoque agroecológico aprovecha los procesos ecológicos generados por el manejo de los ecosistemas agrícolas biodiversos, garantizando al mismo tiempo la regeneración continua de la fertilidad del ambiente y la conversión de los bienes naturales en una amplia gama de bienes económicos.
Aunque fuertemente anclado en la acción colectiva en el ámbito territorial, dirigida a la identificación, movilización, recombinación y expansión de los recursos ecológicos y sociales disponibles a nivel local, el desarrollo de la red sociotécnica coordinada por el Polo contó con el aporte decisivo de recursos públicos, movilizados a través de un amplio y diverso conjunto de políticas gubernamentales. A través de esta combinación estratégica de los recursos endógenos del territorio y de los recursos públicos redistribuidos por el Estado, la evolución de la red sociotécnica crea condiciones objetivas para la emancipación social y económica de una población estimada de más de 5 000 familias de agricultores que, históricamente, se mantuvieron al margen de las políticas de desarrollo rural. A modo de ilustración, se presenta la trayectoria de una de las familias integrantes de la red.
Una trayectoria de lucha y emancipación
La familia de Paulo y Josefa reside en el asentamiento de Oziel Pereira, en el municipio de Remigio-PB. Durante 21 años, desde 1978, fue una familia sin tierra. Sus ingresos los obtenían al trabajar en terrenos de terceros, ya fuera como moradores o como aparceros con derecho de recibir la mitad de la producción o de cultivar el terreno por dos años a cambio de limpiar la tierra para la formación de pastos. Una de las áreas en que Paulo trabajó en el pasado fue exactamente en la que, en 1999, la familia se estableció después de años de haberse incorporado al Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Al asumir el lote, Paulo y Josefa encontraron una tierra muy degradada, “sin un árbol”, situación que revirtieron con el correr de los años mediante la fertilización orgánica de los suelos y la reforestación de la zona con especies de usos múltiples.
A través de su participación en la asociación comunitaria, la familia se unió activamente a la red sociotécnica de agroecología dinamizada por el Polo, con el STR del municipio funcionando como nexo de unión para las esferas de interacción entre el ámbito de la comunidad y el territorio. Basada en esta perspectiva multiescalar de participación social, la trayectoria del agroecosistema fue influenciada fuertemente por los procesos de aprendizaje y experimentación generados en las redes de agricultores-experimentadores promovidos por el Polo y asesorados por AS-PTA. La capacidad política del Polo y de las organizaciones asociadas ha sido un factor importante para movilizar y canalizar los recursos públicos necesarios para realizar cambios en el territorio con perspectiva agroecológica.
Además de la mencionada reforestación de la finca, una acción favorecida por la existencia de una red territorial de viveros comunitarios, la familia incorporó a través de los años un conjunto de prácticas de manejo estrechamente relacionadas con los procesos organizados por el Polo, entre ellas: el acceso seguro y oportuno a semillas mediante la participación en el banco de semillas comunitario (que incluye una red territorial de 65 bancos); la aplicación de pruebas de evaluación de rendimiento de las variedades de maíz criollo organizadas por la Articulación del Semiárido Paraibano –ASA-PB– en asociación con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria – EMBRAPA, por su siglas en portugués); la instalación –con recursos de programas públicos dirigidos por ASA (P1MC y P1 + 2)– de tanques para la captación del agua de lluvia destinada al consumo humano y la producción; la reestructuración e intensificación productiva de las huertas domésticas con recursos movilizados por el fondo rotatorio solidario de la comunidad; la intensificación de la producción y el aumento del volumen de forraje almacenado al contar con el uso de la máquina forrajera gestionada por STR Remigio y obtenida por el programa Territorio de Ciudadanía; y la participación en la feria agroecológica del municipio y la venta de la producción para el Programa Nacional de Alimentación Escolar.
La paulatina incorporación de innovaciones técnicas y organizativas en el agroecosistema contribuyó a ampliar la base de recursos autocontrolados por la familia y, simultáneamente, mejoró los procesos de conversión de estos recursos en una amplia gama de productos para la venta y el consumo. Esta trayectoria fue posible gracias a la inversión material asociada a los procesos de aprendizaje y experimentación local. Además del acceso a la tierra mediante el programa de reforma agraria, la familia supo combinar los recursos movilizados a través de diversas políticas públicas –incluyendo los programas de transferencia de renta– para formar una unidad multiproducto con baja dependencia tecnológica, la cual ofrece a la familia un alto nivel de seguridad alimentaria y le permite insertarse en diferentes mercados locales para vender sus productos.
Efectos sobre el desarrollo rural
La trayectoria de constitución del agroecosistema gestionado por la familia de Paulo y Josefa no puede asumirse como una expresión empírica generalizable de los agroecosistemas vinculados a la red de la agroecología en el territorio. Un complejo conjunto de factores materiales e inmateriales, internos y externos a las fincas, influyen en las decisiones estratégicas de las familias y, en consecuencia, sobre las trayectorias de desarrollo de las fincas. Por esta razón, cada agroecosistema tiene una conformación única que expresa el resultado de la acumulación de decisiones estratégicas tomadas en el transcurso de los años; sin embargo, los análisis realizados sobre la experiencia concreta de este agroecosistema son válidos para un ejercicio de extrapolación de los efectos potenciales a escala territorial, lo que permite identificar diversas contribuciones para el desarrollo rural de los agroecosistemas vinculados a la red de agroecología.
Desde un punto de vista ambiental, el estilo de gestión económica del agroecosistema contribuye simultáneamente a: 1) una continua renovación de la fertilidad de la tierra cultivada a partir de los ciclos intensivos de producción y restitución de la biomasa en el suelo, aspecto importante en una región afectada por procesos de desertificación; 2) la conservación y enriquecimiento de la agrobiodiversidad a partir de la adopción de un conjunto diverso de prácticas que dan valor a las funciones económicas y ecológicas de los recursos genéticos locales –es decir, a las variedades locales y razas nativas–, la revegetación del paisaje con especies múltipropósito, etcétera; 3) la absoluta eliminación de insumos tóxicos y contaminantes.
Cuando estas prácticas de gestión ambiental son consideradas en conjunto con la diversidad de opciones económicas de la familia, proporcionan una mayor resiliencia al agroecosistema, un hecho que se ha demostrado en el último periodo prolongado de sequía. Por otra parte, este modelo de gestión del paisaje agrícola basado en ciclos geobioquímicos impulsados por la fotosíntesis contribuye a la reducción de las tasas de emisión de gases de efecto invernadero. Ambos efectos demuestran la posibilidad de conciliación entre estrategias de intensificación agrícola y de mitigación y adaptación al cambio climático; en otras palabras, la intensificación de la agricultura no implica necesariamente la apropiación de los recursos naturales mediante prácticas ecológicamente depredadoras.
Estos procesos de protección y expansión del “capital ecológico” en las escalas del agroecosistema y el territorio no pueden entenderse sin vincularlos al fortalecimiento del “capital social”; es decir, a la mejora de los dispositivos de acción colectiva para la construcción, defensa y reproducción continua de bienes comunes. Para impulsar estos procesos, el Polo y AS-PTA promueven una intensa dinámica social centrada en la producción y la socialización de los conocimientos referentes a las actividades de diagnóstico, experimentación, intercambio e investigación en colaboración con las instituciones científico-académicas oficiales. Como un “bien común”, el conocimiento circula libremente en la red sociotécnica, lo que contribuye al fortalecimiento del “capital humano” y, por tanto, a la calidad y eficiencia en el trabajo.
Aun cuanto al incremento del capital social, cumple destacar que la creación y el fortalecimiento de dispositivos para la gestión de bienes comunes en las comunidades de la región se dan asociados a una estrategia deliberada del Polo y de la AS-PTA para superar la cultura patriarcal y las variadas formas de violencia contra las mujeres, generando ambientes privilegiados para la reflexión crítica sobre las desigualdades de género a partir de los cuales terminó emergiendo un movimiento regional en defensa de la emancipación política y económica de las mujeres en los espacios privados y públicos. En el caso de Josefa, por ejemplo, su activa participación en fondos rotativos solidarios le proporcionó acceso a alambradas para el cercado de su quintal doméstico y a animales para la ampliación y mejora en la calidad de su criadero de aves. Además, su integración en ese espacio comunitario favoreció su ingreso en el movimiento regional de mujeres, a raíz de lo cual Josefa participó en varias visitas de intercambio y en las seis ediciones anuales de la Marcha por la Vida de las Mujeres y por la Agroecología, organizada por Polo y AS-PTA.
La capilaridad de la red en los municipios de la región, que abarca un número creciente de familias de agricultores, se consolida y contribuye al fortalecimiento de las instituciones con arraigo territorial y que se sustentan en relaciones de reciprocidad.
La diseminación de la red en los municipios de la región, involucrando un número creciente de familias agricultoras, está basada y contribuye al fortalecimiento de las instituciones territorialmente arraigadas y fundadas en relaciones sociales de reciprocidad. La creación de 65 bancos de semillas, ocho viveros comunitarios y 140 fondos de solidaridad rotatorios, además del manejo colectivo de 20 máquinas ensiladoras para el procesamiento y almacenamiento de forraje, sumadas a las actividades de intercambio de conocimientos y de material genético, y a las diversas formas de asociación para el trabajo (esfuerzos conjuntos, trueques, cooperativas, ferias locales), son expresiones más o menos formalizadas del fortalecimiento del “capital institucional”, una condición decisiva para que las capacidades individuales se movilicen hacia acciones de interés colectivo sin la necesidad de intermediación de relaciones mercantilizadas.
Una implicación práctica importante de la expansión y gestión de los bienes comunes para el desarrollo rural es el aumento de la calidad de los procesos y productos del trabajo en los agroecosistemas. Entre las diversas expresiones de esta superioridad, destaca la calidad de los alimentos, ya sea para el autoconsumo o para la venta. A la vista de los crecientes problemas de salud asociados con el consumo de alimentos sobreprocesados o con residuos de agrotóxicos y otros contaminantes, el incremento de la calidad representa sin duda un efecto positivo de especial relevancia.
La creación de la Asociación de Agricultores y Agricultoras Agroecológicos del Territorio Borborema (Ecoborborema) en abril de 2005 con el objetivo de promover el flujo comercial de una producción de alimentos diversa y diferenciada fue uno de los momentos clave para el despliegue y el aumento de la densidad de la red coordinada por el Polo. Siendo responsable de la articulación de un conjunto de 12 ferias agroecológicas y de la gestión de proyectos para la venta en los mercados institucionales, Ecoborborema cumple un papel esencial en la expansión y diversificación de los actores que integran la red sociotécnica, en particular por el hecho de que establece vínculos con una porción cada vez mayor de la población urbana de los municipios. Esta apreciación de la producción local, que va en crecimiento en los círculos sociales del territorio, es un elemento clave en el fortalecimiento del “capital simbólico” en tanto aporta al creciente reconocimiento público de los beneficios de los métodos de producción utilizados por la agricultura familiar vinculada al Polo.
Efectos sobre la economía de las familias agricultoras
Además de contribuir al fortalecimiento de la red sociotécnica de la agroecología, el conjunto de políticas públicas para la agricultura familiar que tuvo influencia en el territorio a lo largo de las últimas décadas también ha apoyado la conformación de cadenas productivas de cultivos específicos, tales como la papa y el tabaco en el pasado y, actualmente, la crianza de gallinas (pollos) en semiconfinamiento y el desarrollo de la horticultura intensiva. La lógica de la intensificación económica de los agroecosistemas vinculados a estas cadenas tiende a conducir a procesos de simplificación ecológica y a una creciente dependencia de insumos comerciales. Al mismo tiempo, con una mayor especialización productiva, estos agroecosistemas se vuelven más subordinados a relaciones comerciales sobre las que las familias tienen poco o ningún control.
En oposición al argumento central utilizado por los defensores de la modernización agrícola, los análisis económicos comparativos llevados a cabo en la región7 han demostrado que los aumentos del valor de la producción en los agroecosistemas vinculados a esas cadenas no generan necesariamente ingresos agrícolas superiores a los de las familias que no hacen uso de las tecnologías y lógicas económicas propugnadas por el paradigma de la Revolución Verde.
Tomemos una vez más la realidad del agroecosistema manejado por Paulo y Josefa como ejemplo para ilustrar esta comparación y observar cómo se contrarrestan los resultados económicos con un agroecosistema similar en lo referente a la extensión de la dotación de tierra (aproximadamente 15 hectáreas) y la capacidad de trabajo (dos adultos), pero administrado bajo la lógica económica basada en el aporte intensivo de capital. En este caso, el agroecosistema utilizado como referencia comparativa, que pasaremos a identificar como AE 1, está vinculado a la cadena productiva de pollos, una red sociotécnica que se inició en la región a comienzos de la década del año 2000 que corresponde al ejemplo de una familia que optó por una estrategia de intensificación económica altamente dependiente de los mercados de insumos y servicios (adquisición de piensos, pollitos y otros insumos productivos, contratación de trabajo externo, etcétera). En términos técnicos, se puede decir que la comparación del estilo de gestión de AE 1 es consistente con la lógica de las economías de escala: busca la reducción de los costos unitarios mediante la especialización y el continuo aumento de la dimensión operativa de los procesos de producción, mientras que el agroecosistema conducido por la familia de Paulo y Josefa (AE 2) se basa en la lógica de las economías de alcance –que buscan reducir los costos totales mediante la sinergia entre las actividades productivas–. Escala y especialización, por una parte, y diversidad y sinergia por otra, son palabras clave para expresar el contraste entre los dos estilos de gestión.
Una expresión numérica elocuente de este contraste se refiere a la diversidad de artículos producidos en ambos agroecosistemas: mientras que el AE 1 produce dos artículos a través de dos subsistemas (aves y vacunos), el AE 2 produce 23 artículos a través de cuatro subsistemas (cultivos anuales, frutales, ganado y aves). A través de un complejo de relaciones sinérgicas entre las diferentes actividades en AE 2, este sistema se configura como una densa red de flujos económicos y ecológicos estratégicamente ordenados en el espacio y el tiempo para lograr alcanzar el conjunto integrado de objetivos de la familia.
Al considerar la existencia de flujos económicos monetarios y no monetarios, el análisis comparativo de los resultados económicos anuales de los dos agroecosistemas revela aspectos generalmente ocultos en la contabilidad convencional, a pesar de que son fundamentales para la comprensión del funcionamiento económico de la agricultura familiar. Una evaluación restringida al valor bruto de producción (VBP), principal indicador económico de las estadísticas agrícolas oficiales, muestra que AE 1 tiene un desempeño 2.6 veces superior que el rendimiento de AE 2 (USD 31 700 frente a USD 11 000, respectivamente). No obstante, cuando la comparación se focaliza en la “parte limpia” de la relación entre la producción económica –la renta agrícola–, se identifica la superioridad del rendimiento de AE 2 frente al de AE 1 (USD 9 300 frente a USD 7 600, respectivamente).
Un panorama aún más divergente de los enfoques económicos convencionales se presenta cuando el análisis comparativo se enfoca en la productividad de la tierra. Teniendo en cuenta que ambos agroecosistemas generan ingresos agrícolas similares por hectárea (USD 455/ha frente a USD 505/ha ), el análisis convencional llega a la conclusión de que tienen una eficiencia equivalente a la asignación de este factor de producción. Sin embargo, cuando el análisis se realiza desde la perspectiva de la economía ecológica, se iluminan las “hectáreas virtuales” necesarias para la producción/extracción de recursos movilizados por medio de los mercados –por un valor de USD 21 470– y para activar los procesos productivos AE 1. Esto significa que el proceso de trabajo en la gestión de AE 1 utiliza los recursos apropiados en un espacio ambiental mucho mayor que los explotados directamente en el agroecosistema (principalmente, materias primas para la producción de piensos producidos en grandes monocultivos transgénicos en la región del Cerrado brasileño), revelando el bajo índice de endogeneidad del AE 1 (0,29) en comparación con al de AE 2 (0,79). La aplicación de estos índices para la corrección de los índices de productividad de la tierra lleva a la conclusión de que la AE 2 es 302% más intensivo de AE 1 (USD 131,70/ha frente a USD 399/ha).
Este análisis de la productividad de la tierra desde puntos de vista no convencionales revela la diferencia esencial entre las lógicas de intensificación adoptadas por las dos familias. Si bien la gestión de AE 1 se asocia con aplicación intensiva y permanente del capital, la familia de Paulo y Josefa (AE 2) moviliza la mayor parte de los factores de producción de una base de recursos autocontrolada, construida de forma paulatina durante varios años y que se regenera continuamente con la inversión del trabajo familiar.
Una mirada a las políticas públicas
Aunque los dos agroecosistemas que se tomaron aquí como referencia no expresan la diversidad de la agricultura familiar en el territorio de Borborema, los análisis realizados proporcionan un aporte consistente para la preparación de algunas conclusiones preliminares de los efectos de las políticas públicas sobre las dinámicas del desarrollo rural porque ilustran dos trayectorias contrastantes de intensificación agrícola. Entre estas dos situaciones polares, la realidad empírica conlleva una variada mezcla de racionalidades técnicas y económicas; en este sentido, la heterogeneidad resultante de los agroecosistemas puede interpretarse como la expresión de estrategias híbridas que combinan la inversión de trabajo y de capital en diferentes proporciones.
Es importante enfatizar que las estrategias llevadas a cabo por las familias reflejan opciones legítimas para asegurar el desarrollo de la agricultura frente de las condiciones estructurales encontradas en dicho territorio. Por lo tanto, el foco del análisis debe estar centrado en el ambiente institucional en el cual estas opciones se establecen a nivel ámbito privado y, en particular, sobre la influencia de la acción del Estado para generar condiciones para el desarrollo y la consolidación de los potenciales multifuncionales de la agricultura familiar, incluyendo su segmento más pobre, históricamente considerado “marginal”, “periférico” o “inviable”.
En primer lugar, hay que destacar el papel del Estado en el análisis de un elemento clave en la economía política de la agricultura: la cuestión agraria. La experiencia de la familia de Paulo y Josefa es una expresión elocuente de la importancia de la reforma agraria para dar cumplimiento a la disposición constitucional relacionada con la función social (y ambiental) de la tierra. En poco más de una década de asentamiento, la familia y la comunidad transformaron el paisaje: de un latifundio económicamente improductivo y ecológicamente depredador a un espacio generador de cientos de puestos de trabajo digno capaces de proporcionar ingresos estables y crecientes para satisfacer las necesidades económicas familiares a partir de la diversificación productiva de los ecosistemas agrícolas. Cabe señalar que los hijos de Paulo y Josefa también ganaron lotes gracias a la reforma agraria, lo que destaca el papel de esta política para la reproducción intergeneracional de la agricultura familiar. Por lo tanto, además de los beneficios directos para las familias asentadas –como la contribución efectiva a la superación de los niveles estructurales de la pobreza y la inseguridad alimentaria–, esa intervención estatal fue decisiva para la promoción de la economía territorial, la restauración ecológica de las áreas degradadas y el aumento de la producción de alimentos de calidad para abastecer los mercados locales y regionales. La experiencia de la familia también señala que, junto con la redistribución de la tierra, otras iniciativas públicas son esenciales para “crear espacio” para la expresión del potencial multifuncional de la agricultura familiar. Los recursos redistribuidos por diferentes políticas públicas fueron canalizados por la familia para fortalecer las estrategias típicamente campesinas de reproducción económica; es decir, aquellas impulsadas por trayectorias de intensificación ancladas en la gestión y la continua expansión de la base de recursos autocontrolados (Ploeg, 2008).
La presencia de un ambiente social favorable para la producción de conocimientos contextuales y la generación de innovaciones locales mostró ser una condición indispensable para que los recursos locales autocontrolados fuesen identificados, valorizados y ampliados. Esta perspectiva se opone frontalmente al enfoque de difusión tecnológica que moldea a las instituciones ATER y la investigación agrícola. En este sentido, se destaca el papel crucial desempeñado por la asesoría de AS-PTA en el empleo de la perspectiva agroecológica para entender las peculiaridades sociales y ambientales del territorio y de los agroecosistemas presentes en él.
Los programas públicos de implementación de infraestructura descentralizada para la captación y almacenamiento de agua de lluvia (P1MC y P1 + 2) jugaron un papel esencial en esta trayectoria, ya que actuaron como “disparadores” de los procesos de innovación sociotécnicos, contribuyendo a reorganizar la dinámica de trabajo en los agroecosistemas y comunidades rurales. Por un lado, contribuyeron a la reducción sustancial del tiempo dedicado a la obtención de agua para el consumo humano –tarea tradicionalmente asignada a las mujeres y los niños–, lo que generó una serie de efectos positivos en las familias, particularmente para las personas encargadas anteriormente de esta actividad. Vale la pena señalar la importante mejora de la calidad del agua que se consume, lo que ha sido un impacto beneficioso para la salud colectiva. Por otro lado, permitieron la expansión de las reservas hídricas destinadas a la producción, contribuyendo al aumento de la eficiencia en el uso de la tierra y del trabajo.
La intensificación productiva de las huertas domésticas y su impacto en la generación de ingresos y la seguridad alimentaria de los hogares ha sido uno de los resultados más importantes de la instalación de la infraestructura hídrica. La importancia económica relativa de estos espacios se ilustra en el agroecosistema manejado por Paulo y Josefa. A pesar de ocupar solo el 0,5% del espacio físico de la finca, la huerta generó el 24% de la renta agrícola familiar el año del estudio. Otro efecto beneficioso notable de los programas está relacionado a la mejor estabilización de los
planteles de animales durante los periodos secos del año, una contribución igualmente importante a la resiliencia de los agroecosistemas.
Mas la novedad de estos programas no se limitó a la dimensión técnica. Ambos fueron concebidos e implementados por la Articulación del Semiárido Brasileño a través de largos procesos de negociación con sucesivos gobiernos federales. Junto con la conquista de los recursos financieros para la implementación de la infraestructura, ASA negoció una forma innovadora de asociación con el Estado que permitió compartir la ejecución y el control social de los programas. Por medio de este arreglo innovador, el Polo de Borborema –así como cientos de otras organizaciones vinculadas a la ASA– vio reforzada su capacidad como actor colectivo en la promoción de dinámicas de desarrollo territorial. Mediante el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para la ejecución y el control social del uso de los recursos públicos, la asociación entre entidades públicas gubernamentales y no gubernamentales ha contribuido a la superación de una cultura política congénitamente vinculada con prácticas clientelistas, las mismas que son responsables de la reproducción de las relaciones de subordinación política y económica de los segmentos más pobres de la población rural a las estructuras oligárquicas del poder local.
En lugar de someter a las familias agricultoras más empobrecidas a relaciones clientelares y las subordinadas a la dependencia frente a los agentes del agronegocio, el estilo de gestión compartida de la política pública ha contribuido a activar y dinamizar mecanismos sociales de reciprocidad, ampliando el capital social en el territorio, un elemento decisivo para la generación de bienes comunes administrados por las comunidades y organizaciones vinculadas al Polo.
El desarrollo de varios dispositivos de acción colectiva en el territorio contó también con la contribución esencial de recursos redistribuidos por las políticas gubernamentales, entre los que cabe destacar los circuitos cortos de comercialización (mercados institucionales y ferias), los bancos de semillas y viveros comunitarios, los fondos rotativos solidarios, las máquinas de fabricación de mallas y alambre y las máquinas ensiladoras de forraje de uso colectivo. Estas y otras iniciativas generadas y consolidadas por la red sociotécnica del Polo son expresiones relevantes
de la dinámica de desarrollo rural desencadenada a partir de la coproducción de la acción pública, la misma que involucra al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil territorialmente referenciadas.
Las políticas de transferencia de ingresos también ejercieron una destacada influencia sobre la trayectoria de la red. Esto se dio, en primer lugar, porque el acceso regular de las familias (rurales y urbanas) más pobres a estos recursos contribuyó al aumento de la demanda efectiva de alimentos. En este sentido, las transferencias de ingresos cumplen funciones polivalentes en el territorio, pues no solo reducen los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, sino que también dinamizan la economía regional gracias a la valorización del trabajo de la agricultura familiar. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el acceso a estos recursos por parte de las familias agricultoras amplía sustancialmente los márgenes de libertad establecidos para que ellas mismas perfeccionen sus estrategias de reproducción económica, no solo para responder a las necesidades básicas más urgentes, sino también para asegurar el ingreso regular de recursos financieros que, en parte, se invierten en mejoras estructurales para los agroecosistemas. Ese aspecto es particularmente relevante para las mujeres agricultoras puesto que el acceso a recursos financieros constituye un potente instrumento de emancipación frente a la doble condición de subalternidad a la que son tradicionalmente sometidas: por su condición de pobreza en un ámbito socialmente desigual y por su condición de mujeres en una sociedad culturalmente patriarcal. Por lo tanto, siempre que sean combinadas con múltiples estrategias para la emancipación económica y política, las transferencias efectuadas por las políticas sociales generan efectos multiplicadores sobre el desarrollo territorial.
La mejora en la prestación de los servicios públicos de educación, salud, infraestructura (electrificación rural, comunicación, sistema vial, etcétera) en el territorio contribuye también a la expansión de las libertades sustantivas de las familias agricultoras más pobres, de forma que pueden invertir su trabajo en procesos de autoemancipación. Como dejó claro el economista indio Amartya Sen, “la calidad de vida puede ser mejorada mucho, a pesar de los bajos niveles de ingreso, a través de un programa adecuado de los servicios sociales” (1999, p. 66). Esta constatación nos lleva a cuestionar la tesis que justifica el mantenimiento de una gran porción de la población en la pobreza como un sacrificio necesario para que las economías nacionales crezcan y generen condiciones estructurales para un posterior “reparto de la torta”.
Las evidencias empíricas verificadas en el territorio de Borborema en el curso de las últimas décadas corroboran esta conclusión del ganador del Premio Nobel de Economía de 1998. La red sociotécnica de agroecología coordinada por el Polo combinó los recursos endógenos del territorio con los redistribuidos por el Estado para promover una dinámica vigorosa de desarrollo rural a partir de la acción colectiva en el seno de un universo social convencionalmente considerado marginal e improductivo. Esta dinámica se desplegó a partir de las estrategias autónomas de reproducción económica basadas en los procesos de coproducción con la naturaleza, la ampliación de las prácticas de reciprocidad en la gestión de los bienes comunes y la producción local de innovaciones técnicas y organizativas. Por otra parte, este proceso ha contribuido al fortalecimiento de los actores colectivos articulados regionalmente para la construcción y defensa de su propio proyecto de desarrollo rural. En este sentido, apoyó la creación de una nueva cultura política e institucional que replantea el sentido de la acción pública, lo que contribuye a la descentralización de la acción del Estado para fortalecer las dinámicas de desarrollo territorial desde una perspectiva intersectorial y el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia participativa.
El reciente golpe de Estado, perpetrado por las fuerzas conservadoras instaladas en el Congreso Nacional, suspendió el proceso virtuoso de mejora de las políticas para la agricultura familiar. La historia dirá si esta suspensión es solo temporal o si se consolidará como un nuevo ciclo neoliberal hostil a los procesos de innovación institucional coherentes con la perspectiva agroecológica.
Paulo Petersen
Coordinador ejecutivo de AS-PTA
paulo@aspta.org.br
Luciano Silveira
Asesor técnico de AS-PTA
luciano@aspta.org.br
Referencias
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