Un hallazgo clave del estudio del Banco Mundial es que el crecimiento de la producción agrícola y, en consecuencia, las demandas y las transacciones para la compra de tierras se concentran en la expansión de ocho productos.
Canal de trasposición, trecho que afecta el área del asentamiento Jibóia, municipio de Cabrobó.
Estos son maíz, palma aceitera, arroz, canola, soja, girasol, caña de azúcar y plantaciones forestales (Deininger y Byerlee, 2010, p. 8), y tres de ellos (maíz, soja y caña de azúcar) son fundamentales en la expansión de la frontera agrícola en Brasil, lo cual se refleja en mejores precios para los agrocombustibles y en las subvenciones del gobierno.
Una parte importante de la producción agrícola está directamente relacionada con la creciente demanda mundial de fuentes de energía alternativas y el consiguiente incremento de la producción de materias primas para biocombustibles. Según datos del Ministerio de Agricultura, la mitad de la cosecha anual de caña de azúcar brasileña es para la producción de etanol y, alrededor del 90% de la producción nacional de biodiesel tiene al aceite de soja como materia prima básica.
Debido a la creciente demanda la tendencia es a aumentar las superficies plantadas de materias primas para la agroenergía. En 2008, de la superficie total cultivada en el mundo, se calculó que 36 millones de hectáreas, son para biocombustibles; un área dos veces mayor que en el año 2004. De estas, 8,3 millones de hectáreas estaban en Europa (principalmente con canola), 7,5 millones en los EE.UU. (con maíz) y 6,4 millones de hectáreas en América Latina (Deininger y Byerlee, 2010, p. 8), principalmente con plantaciones de caña de azúcar en Brasil. Según este estudio del Banco Mundial, ahora existen tres tipos de reclamantes de tierras: a) los gobiernos interesados en la producción de alimentos para atender la demanda interna de sus poblaciones; b) las empresas financieras que en la situación actual buscan ventajas comparativas mediante la adquisición de tierras, y c) las empresas agroindustriales y de agronegocios que, debido a la alta concentración del comercio y del procesamiento, buscan expandir sus negocios (Deininger y Byerlee, 2010, p. 3).
Este proceso de expansión de las actividades agrícolas es contradictorio, porque si por un lado reproduce la lógica colonial, ‘acumulación por desposesión’, según Harvey (2004); por el otro, cuenta con apoyo del gobierno. Una parte importante de la inversión extranjera en Brasil, incluyendo la compra de tierras, se financia con fondos públicos, Las inversiones y los incentivos fiscales (Sauer, 2010) se asignan principalmente al cultivo de caña para la producción de etanol (en el Cerrado de Goiás, Mato Grosso do Sul y el Triángulo Minero) y para el cultivo de soja en la región conocida como ‘Mapitoba’ (área de 414.381 km² que ocupa parte de los estados de Maranhao, Tocantins, Piaiú y Bahía) y también en partes de la amazonía. Así mismo, se destinan fondos públicos para la minería y extracción de madera, principalmente del bosque amazónico. De otro lado, muchos proyectos de infraestructura realizados con fondos públicos no han respetado los derechos territoriales de las comunidades tradicionales, como tampoco el de las familias beneficiarias de los programas de reforma agraria.
El interés internacional en la tierra y en las materias primas, así como la expansión de la frontera agrícola y la exploración minera siguen afectando a las comunidades rurales, especialmente a las de los quilombos, como veremos más adelante.
La intensificación de los conflictos territoriales en el semiárido
Como se mencionó anteriormente, las disputas por la tierra y el territorio no son nada nuevo en la historia de Brasil; por el contrario, la expropiación y la acumulación de tierras han sido siempre el sustento del ejercicio del poder político y de la implementación de procesos de desarrollo, como fue el caso de la aplicación de la Revolución Verde a partir del año 1960. Este proceso histórico de apropiación y expropiación ha permitido el mantenimiento y la expansión de un modelo de producción agroexportador (modernización conservadora), que prioriza el mercado internacional de commodities.
Frente a la concentración de la tierra, existen la resistencia y la lucha de las comunidades y grupos sociales, como oposición a la expansión del modelo agroexportador y sus pretensiones de ampliación de la frontera agrícola. Los campesinos y agricultores familiares, los pueblos ribereños, los indígenas, comunidades quilombolas y muchos otros grupos sociales del campo que han estado excluidos políticamente buscan reivindicar sus derechos, reconstruir sus identidades y modos de vida, así como sus formas de apropiación de la tierra con diversificación agrícola y la valorización del bosque y la naturaleza, insistiendo en el derecho a la reproducción social y cultural.
Esta es la realidad de muchas comunidades en todo Brasil, no solo en la región amazónica, sino también en el noreste, sobre todo como resultado de la inversión pública en construcción de infraestructura.
La Relatoría de Derechos Humanos de Tierra, Territorio y Alimentación, llevó a cabo una misión a la región semiárida de Pernambuco, en 2010. Esta región, marcada por el fracaso de las políticas públicas, sufre los impactos de mega proyectos, tales como los de las represas Barragens de Riacho Seco y Pedra Branca y las obras de transposición del río São Francisco. En una visita a las comunidades afectadas y a los proyectos de colonización, los líderes de la comunidad y de los movimientos sociales expresaron con evidencia las violaciones de sus derechos; era evidente la amenaza por los proyectos de represas que enfrentaba la comunidad Cupira, una agrupación quilombola, ubicada en Santa Maria da Boa Vista.
Los proyectos de ‘desarrollo’ de la región, financiados con fondos públicos, han servido a los intereses de grandes grupos económicos, tales como el Pontal Sul, proyecto para la irrigación de más de siete mil hectáreas de tierra en el municipio de Petrolina, y posterior venta de grandes lotes a los grupos económicos, sin tomar en cuenta ni satisfacer la demanda de la población local por acceso a la tierra y el agua.
También la demarcación de las tierras indígenas muestra la evidencia de múltiples violaciones de derechos fundamentales de estos pueblos, algo que se debe tanto a la inestabilidad y lentitud de los procedimientos administrativos en curso en la Fundación Nacional del Indio (Funai), como a la presión que ejercen los grandes grupos económicos en la región.
Las acciones de los movimientos sociales y la resistencia de las comunidades tradicionales son vistas como una amenaza, ya que los conflictos generan inestabilidad y ‘ahuyentan los negocios’, pero también explican el por qué de la disputa por la tierra, lo cual es un factor que limita las oportunidades de expansión para los monocultivos. En esta lógica, los movimientos sociales agrarios, los pueblos y comunidades tradicionales (faxinalenses, quilombolos, quebradoras de coco, vazanteiros, pescadores, etc.), y muchos pueblos indígenas son criminalizados por cuestionar la expansión de la frontera agrícola para el monocultivo.
Las organizaciones sociales faxinales están basadas en el uso común de la tierra. El uso es colectivo, pero se trabaja individualmente. En Paraná, la organización de los faxinais ha existido desde el siglo XVIII y surgió de una alianza de los indios con los negros que huyeron de la esclavitud. (Fuente REDE PUXIRÃO de Pueblos Tradicionales).
Los quilombolos son una minoría étnica de Brasil que viven en comunidades cerradas, llamadas quilombos. Se remontan a los esclavos (en su mayoría de Angola) de Brasil en el siglo XVII.Vazanteiros: “pueblosde agua y de la tierra de cultivo”, asentados en las riberas de ríos, lagunas y mar del Brasil. (SOS Rios Do Brasil, blog exclusivo sobre recursos hídricos).
Apuntes para una conclusión
En agosto de 2010, ante la creciente demanda de tierras en Brasil, la Oficina del Procurador General (Advocacia Geral da União – AGU) ha emitido una opinión que restablece las posibilidades para limitar, o más bien regular los procesos de inversión y compras de terrenos por extranjeros en Brasil. Esta opinión de AGU retoma lo dispuesto en la Ley No. 5.709, creada en 1971, donde se establece el límite máximo de 50 módulos (art. 3) para la compra de tierras por extranjeros y, también, el que la suma máxima de propiedades de una persona extranjera no puede superar la cuarta parte de la extensión de un municipio (art. 12).
Sin menospreciar la importancia de esta opinión legal y judicial, cuyo anuncio causó buena impresión en ciertos circuitos internacionales por mostrar la posibilidad de la acción efectiva del Estado en un área estratégica, la solución del problema no se materializa con su publicación. Hay problemas en el propio contenido de esta ley que van mucho más allá de la cuestión de la tierra, que convencionalmente se denomina ‘extranjerización’, ‘apropiación de tierras’ o ‘confiscación de tierras’ (traducción de la expresión en inglés land grabbing).
La realidad histórica de la concentración de la propiedad de la tierra, corroborada una vez más por el Censo Agropecuario 2006, realizado por el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), asociada con la falta de reconocimiento de los derechos sobre la tierra, son problemas agrarios graves. Esta situación de concentración y falta de derechos sobre la tierra no será revertida ni asegurada con la adopción de mecanismos para controlar la adquisición de tierras por extranjeros. La inmensa mayoría de los grandes latifundios está en manos de unos cuantos brasileños, lo que hace urgente la adopción de políticas de redistribución y uso de la tierra, como la reforma agraria y el reconocimiento de las tierras pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Sérgio Sauer
Universidad de Brasilia (FUP/UnB), Relator del Derecho Humano a la Tierra, el Territorio y la Alimentación
Correo-e: sauer.sergio@gmail.com
Referencias
Deininger, K. y D. Byerlee. 2010. Rising global interest in farmland: Can it yield sustainable and equitable benefits? (en línea). Washington, Banco Mundial. Disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ ESW_Sept7_final_final.pdf
Harvey, David. 2004. O novo imperialismo. São Paulo, Edições Loyola.
Sauer, S. 2010. Dinheiro público para o agronegócio. Le Monde Diplomatique Brasil. Año 3, No. 33, abril de 2010, p. 8-9.
Sauer, S. 2011. Mercado de terras: estrangeirização, disputas territoriais e ações governamentais no Brasil. En: Saquet, M. A.; J. C. Suzuki y G. J. Marafon (orgs.). Territorialidades e diversidade nos campos e nas cidades latino-americanas e francesas. São Paulo, Ed. Outras Expressões. 227 p.
Sauer, S. y S. P. Leite. 2011. Agrarian structure, foreign investments on land and land price in Brazil (en línea). Lan Deal Politics Initiative (LDPI). Disponible en www.future-agricultures.org
