Absolución histórica de las personas defensoras de Cotabambas: un precedente en la lucha por la justicia ambiental

En una conferencia de prensa transmitida en vivo en Lima el 24 de abril del 2025, se celebró la absolución de los 11 defensores criminalizados por su participación en la protesta social en Cotabambas en el año 2015, Apurímac. Este fallo marca un precedente fundamental contra la criminalización de quienes defienden el territorio, el agua y la vida en el Perú.

Lisbeth Abarca, Ronald Bello, Maximiliano Huachaca y Alem Torres compartieron sus testimonios y visibilizaron las secuelas que estos procesos han dejado en sus vidas y comunidades. Estuvieron acompañados por el abogado David Velazco (FEDEPAZ) y Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quienes remarcaron la gravedad de la criminalización como forma sistemática de violencia contra las personas defensoras ambientales.

“Hemos sido absueltos, pero el proceso no ha terminado”

Maximiliano Huachaca expresó que, si bien la absolución representa una victoria importante, la justicia aún está pendiente para muchos otros casos:

“Nuestros compañeros han sido torturados, encarcelados. Hay hermanos fallecidos y esos procesos siguen estancados. Exigimos justicia.”

Por su parte, Lisbeth Abarca, también defensora absuelta, denunció los impactos emocionales y laborales que ella y sus compañeros han enfrentado durante todos estos años:

“No podemos permitir que se criminalice a los defensores del medio ambiente en nuestro país. Esta absolución también ha sido posible gracias al apoyo social que se ha alzado contra esta injusticia.”

“Los pueblos originarios también merecen respeto”

Ronald Bello destacó que esta victoria no es solo de los 11 defensores, sino de todos los pueblos del Perú profundo:

“Las inversiones mineras deben hacerse con el consentimiento y respeto hacia nuestras comunidades y hacia la naturaleza.”

Finalmente, Alem Torres, oriundo de Cubamarca, reflexionó sobre cómo este proceso afectó su vida personal y laboral, y lo alejó de su oficio en la minería:

“Pido a las organizaciones internacionales que no abandonen a los defensores, necesitamos su respaldo.”

Desde la CNDDHH, Mar Pérez fue enfática al señalar que la criminalización sigue siendo una de las principales formas de violencia contra quienes protegen el medio ambiente, y subrayó la responsabilidad de las empresas formales en estas dinámicas de hostigamiento. 

Este fallo representa una luz de esperanza para los pueblos que defienden su territorio y una alerta para el Estado y las empresas: la protesta social no puede seguir siendo respondida con represión. Desde LEISA revista de agroecología reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra.