Henkjan Laats: ¿Qué ocurrió en 2000?
Elizabeth Peredo: A principios de 2000, en la ciudad de Cochabamba, la tercera más grande de Bolivia, tuvo lugar la “Guerra del Agua”. Hubo una serie de protestas públicas en respuesta a la privatización del abastecimiento de agua municipal de la ciudad y a los aumentos en el precio del suministro.
Las tensiones estallaron cuando la nueva empresa Aguas del Tunari, en sociedad con la multinacional estadounidense Bechtel, alzó dramáticamente las tarifas de agua. Las protestas, organizadas en gran parte a través de la iniciativa de la comunidad y la Coalición en Defensa del Agua y la Vida, tuvieron lugar en enero, febrero y abril, culminando con decenas de miles de personas marchando en el centro de la ciudad y enfrentando la represión policiaca, a consecuencia de la cual falleció un ciudadano. Finalmente, el 10 de abril el gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Coalición para revertir la privatización.
Como resultado de la “Guerra del Agua”, en 2004 se aprobó la Ley de Riego, que otorga el control de las fuentes de agua de riego a los agricultores familiares campesinos y a los pueblos indígenas. En todo el mundo la “Guerra del Agua” es reconocida como uno de los conflictos más importantes en contra de la globalización. Después de esto, decidí dedicarme a la lucha por el derecho al agua ya que el conflicto me hizo comprender que el agua es el motor del cambio.
HL: ¿Qué papel jugó el agua en el cambio político de Bolivia?
EP: La “Guerra del Agua” fue seguida por una cadena de eventos relacionados que llevaron a cambios políticos radicales en Bolivia. Una segunda revuelta tuvo lugar en 2005; esta vez de organizaciones comunitarias de la ciudad de El Alto que lograron expulsar a la multinacional Suez Company del distrito de agua de La Paz-El Alto, que había sido recientemente privatizado. En el mismo período los activistas impidieron el uso de agua subterránea para fines de explotación minera en Chile y Bolivia. Estos hechos, en los que estuvo muy activa la Fundación Solón, cristalizaron el surgimiento de un movimiento cada vez más exigente para demandar el control popular del agua y otros recursos naturales de Bolivia. Lo que siguió fueron las “Guerras del Gas” de 2003 y 2005, el derrocamiento de dos presidentes neoliberales y la posterior elección de Evo Morales y el partido Movimiento al Socialismo (MAS) como el “gobierno de los movimientos sociales”.
El gobierno de Morales ha tratado de desarrollar un nuevo marco institucional que posiciona al Estado como proveedor directo y regulador de los servicios de agua y saneamiento. El Ministerio del Agua, creado en 2006 para integrar las funciones de abastecimiento de agua y saneamiento, gestión de recursos hídricos y protección del medio ambiente, es el primero de su tipo en América Latina. La nueva Constitución de Bolivia, promulgada en 2009, proclama que el acceso al agua es un derecho humano y prohíbe su privatización.
HL: ¿Cómo influyó esta experiencia a otros países?
EP: La “Guerra del Agua” y sus repercusiones ayudaron a inspirar un movimiento mundial en contra de la globalización y proporcionaron un modelo para las luchas por la justicia hídrica. El gobierno boliviano, en estrecha coordinación con los gobiernos de Uruguay, Ecuador y otros países con ideas afines, lideró el exitoso impulso por el reconocimiento de la ONU del agua y el saneamiento como derechos humanos, logrado en 2010. Los mismos países están a la vanguardia de una nueva campaña internacional por una declaración de la ONU en contra de la privatización del agua.
HL: ¿Cuáles son las amenazas actuales al agua en Bolivia?
EP: Muy recientemente, el gobierno de Bolivia ha adoptado una política insostenible orientada al crecimiento y al extractivismo. En su Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia aspira a convertirse en una potencia energética y agroindustrial. Este objetivo de política se refleja en los planes para la construcción de megaproyectos de energía hidroeléctrica, tales como las represas de El Bala, Río Madera y Rositas. Si estas represas siguen adelante tendrán impactos ambientales y sociales devastadores. Por otra parte, Bolivia tiene previsto ampliar su frontera agrícola mediante la conversión de millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales en tierras de cultivo. Resulta innecesario mencionar que esto implicaría deforestación masiva y aumento de la presión sobre los recursos hídricos, provocando escasez y contaminación.
Es importante entender que Bolivia es, en muchos sentidos, aún más vulnerable a problemas de agua que otros países. Altas temperaturas, sequías e inundaciones causadas por el cambio climático tienen un fuerte impacto sobre sus glaciares y ecosistemas frágiles. Y al ser Bolivia un país sin litoral, sus principales vías fluviales y recursos, tales como el lago Titicaca, son particularmente susceptibles a la contaminación. El enfoque extractivista no contribuirá al bienestar del pueblo boliviano; violaría los derechos humanos y ambientales, causando el crecimiento de la inequidad y la injusticia.
HL: ¿Cuál es el papel de los agricultores familiares campesinos y los pueblos indígenas en la lucha?
EP: Aunque estos cambios recientes de política son muy preocupantes, creo que los agricultores bolivianos y los pueblos
indígenas están dispuestos a seguir luchando por el control del agua que usan para su subsistencia. Nuestra fortaleza es que nosotros consideramos el agua como un bien común. Las organizaciones de regantes y cooperativas de agua siguen estando bien organizadas y han desarrollado mecanismos eficientes de gestión del agua, incluso para enfrentarse a conflictos y compartir la escasa agua. A pesar de la tendencia a convertirse cada vez más en extractivista, el gobierno boliviano continúa también apoyando proyectos de agua para agricultores de pequeña y mediana escala, por ejemplo mediante el Programa Mi Agua.
En 2006 la Fundación Solón empezó a organizar Octubre Azul, con cerca de 100 organizaciones participantes, de las cuales muchas son organizaciones campesinas de base. Octubre Azul crea conciencia acerca de la vulnerabilidad de Bolivia a problemas de agua y promueve el derecho al agua desde cuatro ángulos: el agua como un derecho humano, la contaminación, la agricultura y el cambio climático.
HL: ¿Qué depara el futuro?
EP: Gracias a Octubre Azul y otros programas de agua, el pueblo y el gobierno boliviano son cada vez más conscientes de la vulnerabilidad de nuestras fuentes de agua. Los gobiernos locales, comunidades y agricultores individuales están abordando estos problemas a través de muchas iniciativas, como la política del Municipio de La Paz para mejorar la gestión del agua de la ciudad, las actividades conjuntas contra la contaminación del Lago Titicaca, y existen ejemplos de gestión exitosa de cuencas pequeñas. Es mi convicción que el gobierno boliviano no debe continuar con su actual enfoque de desarrollo extractivista, sino apoyar estas prometedoras iniciativas de base y retornar a su política original de vanguardia que promueve el agua como un bien común y un derecho humano.
