Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 1.En los 25 años de su existencia, la organización FIAN (FoodFirst Information and Action Network) ha registrado más de 500 casos de violaciones del derecho a una alimentación adecuada.El 80% de estos casos está relacionado con la falta de acceso a recursos. En vista de ello, garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra y del acceso a los recursos naturales es un asunto que debe ser abordado urgentemente, para asegurar los medios de subsistencia de las poblaciones rurales y urbanas.
Manifestación en defensa de la tierra en Dakar, SenegalSin embargo, las enormes desigualdades en la distribución de la propiedad de la tierra –desde América Latina hasta África austral, pasando por el Sudeste asiático– continúan siendo un motivo de profunda preocupación. De igual forma, en las zonas rurales se puede observar una tendencia hacia la reconcentración de la tenencia de la tierra y la reversión de los procesos redistributivos impulsados en el marco de las reformas agrarias.
¿Qué es el acaparamiento de tierras?
Los conflictos agrarios y las luchas para mantener u obtener acceso a y control sobre la tierra no son fenómenos nuevos en África, Asia y América Latina. Desde hace mucho tiempo, campesinos, pastores y pueblos indígenas han visto sus tierras pasar a manos de actores poderosos, sobre todo de sus gobiernos, elites nacionales o inversionistas empresariales. En este sentido, el acaparamiento de tierras no es algo nuevo sino que representa un fenómeno recurrente en la historia humana.
El acaparamiento de tierras comenzó a intensificarse en muchos países durante los últimos diez a quince años con la adopción de las políticas de desregulación, los acuerdos de comercio e inversión, y las reformas de mercado de políticas marco. Las recientes crisis alimentaria y financiera, aumentaron el ímpetu de esta oleada de inversiones en tierras agrarias por parte de gobiernos e inversionistas comerciales. De hecho, desde hace más o menos tres años ha surgido una nueva forma de acaparamiento de tierras: inversionistas públicos o privados toman control de grandes superficies de tierras fértiles destinadas a la producción agrícola; algo que afecta especialmente a los países más pobres, pero también a otros.
Diferentes factores explican el aumento del acaparamiento de tierras en los últimos años. La presión creciente para producir agrocombustibles como alternativas a las energías fósiles está creando una demanda artificial sin precedente en los cultivos comerciales (Anseeuw y otros, 2012).
Varios países dependientes de la importación de alimentos intentan externalizar su producción adquiriendo tierras de cultivo en otros países, con el fin de garantizar su seguridad alimentaria. También, como consecuencia de la reciente crisis financiera, inversionistas privados han descubierto en las tierras agrícolas una nueva fuente para obtener beneficios.
Se desconoce la magnitud exacta del actual acaparamiento de tierras y no es fácil de conseguir detalles sobre los varios proyectos (GRAIN, 2008). Según una publicación reciente del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición, en los últimos años, entre 50 y 80 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo han sido transferidas de los agricultores campesinos a corporaciones (HLPE, 2011). Las empresas implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se triplicará en un futuro cercano (LDPI y otros, 2011).
Es difícil establecer exactamente la magnitud del acaparamiento de tierras en América Latina. Un análisis del fenómeno hecho por la FAO en 17 países latinoamericanos (FAO, 2011) demuestra que el acaparamiento de tierras ha aumentado en la región en los últimos años, y que su magnitud en cuanto al número de países y la superficie acaparada, es mayor de lo que se suponía.
Si se compara la dinámica en América Latina con la de otras partes del mundo, se puede notar que aquí el acaparamiento de tierras tiene algunas características particulares: sobre todo hay que subrayar que las elites nacionales tienen un rol fundamental como inversionistas principales y que gran número de transacciones es realizado por empresas (trans) latinoamericanas (Borras y otros, 2011).
Aunque la producción de agrocombustibles es responsable de un gran número de transacciones de tierras, también hay que señalar la importancia de proyectos de minería, de megaproyectos conservacionistas y de explotaciones forestales industriales. Estas observaciones indican que la manera como se ha entendido hasta ahora el acaparamiento de tierras en la región, es decir, como un proceso de extranjerización de la tierra para proyectos agrícolas, es muy acotada y no corresponde a la realidad.
El caso Bajo Aguán, Honduras
El sector agropecuario en honduras contribuye entre el 26 y el 28% al Producto Interno Bruto (PIB) y más de un tercio de su territorio está constituido por tierras cultivables y pastizales. Pese a esa gran disponibilidad de tierra, gran cantidad de familias continúa sin tener acceso a la tierra y miles de ellas poseen apenas entre 1 y 3,5 hectáreas, mientras existe una gran concentración de tierras en manos de propietarios particulares. Esta situación incrementa los niveles de pobreza y pobreza extrema de un país enormemente rico en recursos naturales (FIAN, 2011).
La reducción de la soberanía y seguridad alimentarias en honduras está acompañada por un proceso de reconcentración de las mejores tierras del país en pocas manos, lo cual ha hecho retroceder los avances logrados en materia de redistribución de tierras a partir de los años setenta. El proceso de reforma agraria tuvo su auge entre 1973 y 1977, cuando se distribuyeron 120 mil hectáreas en solo cinco años.
Fue en esa época que el Estado comenzó a promover un programa de migración inducida para trasladar campesinos a zonas despobladas del Atlántico hondureño, sobre todo en la región del Bajo Aguán.
Sin embargo, en el marco de los Acuerdos de Ajustes Estructurales impulsados por los organismos financieros internacionales, se promulgó en 1992 la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, con la que los empresarios continuaron la concentración de la tierra. A través de diversos manejos irregulares y diferentes interpretaciones de esa ley, se otorgó a los grandes productores la oportunidad de extender sus territorios más allá de los límites máximos de propiedad que la ley de reforma agraria había establecido; en otras palabras, se les permitió acaparar tierra.
Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía así la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. Ante esta situación, a partir de 2001, miles de familias campesinas empezaron a ocupar pacíficamente tierras que reivindicaban como propias.
El 9 de diciembre de 2009, 2.500 familias campesinas del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) iniciaron un proceso de recuperación de 20 mil hectáreas. Esta situación desencadenó una ola de violencia y represión en todo el Bajo Aguán que se ha visto fuertemente agudizada desde el golpe de estado el 28 de junio de 2009. Los movimientos campesinos de esta zona, que luchan por el acceso a la tierra para ejercer su derecho a alimentarse, se han enfrentado a una situación de permanente hostigamiento y atropello tanto de parte de las fuerzas de seguridad pública como de miembros de empresas de seguridad privada. Entre enero de 2010 y febrero de 2012, han sido registradas 45 muertes en relación con el conflicto por la tierra en el Bajo Aguán.
Acaparamiento de tierras y derechos humanos
Desde su creación en 1986, FIAN ha sido una de las primeras organizaciones en aplicar sistemáticamente un enfoque basado en los derechos humanos a las cuestiones agrarias y el acceso a la tierra. Desde esta perspectiva, el acaparamiento de tierras representa una amenaza para los derechos humanos de las poblaciones locales.
En primer lugar, el acaparamiento de tierras amenaza al derecho a una alimentación adecuada, garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este derecho ha sido definido por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en su Observación General 12, como el derecho que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, lo cual incluye el acceso a los recursos necesarios para ello (CDESC, 1999). El acaparamiento agrario impide que vastas extensiones de tierra y los recursos hídricos asociados –en el suelo, subsuelo y circundantes– puedan ser utilizados ahora y en el futuro por indígenas, campesinos, pastores, pescadores artesanales y poblaciones nómades, lo que de facto es una privación de estos recursos para la población local.
Internacionalmente, el acaparamiento de tierras implica violación de derechos humanos, debido a que este se lleva a cabo expulsando a las comunidades locales, silenciando y reprimiendo a quienes se oponen, intensificando la aplicación de modelos no sostenibles de agricultura y de uso del suelo que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos; negando el acceso a la información completa y evitando así la participación de las comunidades en las decisiones que afectan profundamente sus modos de vida. FIAN y otras organizaciones de derechos humanos han documentado un gran número de desalojos forzosos de comunidades rurales y urbanas a lo largo de los últimos años.
En suma, el acaparamiento de tierras constituye una violación de los derechos humanos y plantea numerosas amenazas para las comunidades rurales. Al ser una actividad a largo plazo que destruye los ecosistemas y va en contra de opciones de política rural basadas en los derechos humanos, como la reforma agraria, también puede vulnerar los derechos humanos de las generaciones futuras.
La responsabilidad de los gobiernos y de las organizaciones internacionales
Las acciones y decisiones que ignoran las obligaciones que tienen los gobiernos de garantizar los derechos humanos, se encuentran entre las principales causas por las cuales el hambre no solamente persiste, sino que incluso sigue aumentando a nivel mundial. En lugar de facilitar a los inversionistas nacionales o extranjeros el acceso a inmensas superficies de tierras, los gobiernos deben suspender de inmediato todos los acaparamientos de tierra actuales y futuros; rescindir los contratos ya firmados, devolver la tierra saqueada y sancionar el acaparamiento de tierras. Además, los gobiernos deben honrar los compromisos asumidos en la declaración final de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), de 2006, relacionados con el fortalecimiento de la agricultura campesina sostenible, así como implementar las recomendaciones de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), de 2008. Los gobiernos deben también dejar de reprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras.
Al mismo tiempo, las organizaciones internacionales deben reconocer las desastrosas consecuencias del acaparamiento de tierras para las comunidades, los ecosistemas y el clima, en vez de tratar de legitimarlos dándoles una fachada de ‘inversiones responsables’. Si bien se necesitan urgentemente inversiones en las zonas rurales, este tipo de inversión produce lo contrario a lo que verdaderamente hace falta, es decir: inversiones en las comunidades locales y en la agricultura a pequeña escala.
Con el acaparamiento de tierras, la globalización llega a los sectores clave de las economías nacionales y de sectores esenciales para la libre determinación de los países y de los pueblos. El acaparamiento agrario profundiza la mercantilización de los recursos naturales y de la agricultura. El sistema alimentario resultante amenaza de forma sistemática la realización del derecho a la alimentación de las familias campesinas, pero también de todo el resto de la población. Por eso, todos tenemos el deber de enfrentar y oponernos al acaparamiento de tierras, seguir luchando por la reforma agraria y por el derecho a la tierra y el territorio.
Durante el Foro Social Mundial de Dakar, Senegal, en febrero de 2011, movimientos sociales, organizaciones de pequeños productores y otras organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamamiento colectivo contra el acaparamiento de tierras (www.dakarappeal.org). Más de 900 organizaciones ya se han adherido a este llamamiento que se ha convertido en una de las principales herramientas para la resistencia contra el acaparamiento de tierras. Además, ha sido creada una Alianza Mundial contra el Acaparamiento de Tierras durante la primera Conferencia Internacional de Campesinos contra el Acaparamiento de Tierras, en Nyéléni, Malí, en noviembre de 2011 (www.cloc-viacampesina.net/es/temas-principales/ reforma-agraria/803-declaracion-de-la-conferencia-idetengamos- el-acaparamiento-de-tierras-ya). La defensa de un acceso justo a la tierra y a los recursos naturales es un elemento clave en la lucha por el derecho a la alimentación y representa la base de una agricultura sostenible basada en la soberanía alimentaria y la justicia.
Sofía Monsalve Suárez y Philip Seufert
Sofía Monsalve Suárez
Coordinadora Programa Acceso a Recursos Naturales
Correo-e: monsalve@fian.org
Philip Seufert
Programa Acceso a Recursos Naturales – FIAN International Secretariat
Correo-e: seufert@fian.org
Referencias
– Anseeuw, Ward; Liz Alden Wily, Lorenzo Cotula y Michael Taylor. 2012. Los derechos a la tierra y la fiebre por ella (en línea, consultado en enero de 2012). International Land Coalition (ILC). http://www.landcoalition.org/sites/ default/files/publication/1205/GSR%20summary_ESP.pdf (resumen en español), http://www.landcoalition.org/sites/ default/files/publication/1205/ILC%20GSR%20report_ENG. pdf (informe completo en inglés).
Borras Jr., Saturnino M.; Jennifer C. Franco, Cristóbal Kay y Max Spoor. 2011. El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia (consultado octubre 20, 2011). http://www.tni.org/es/report/el-acaparamiento-de-tierrasen- america-latina-y-el-caribe-visto-desde-una-perspectiva
Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). 1999. El derecho a una alimentación adecuada. Observación general No. 12. Disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/G99/420/15/PDF/G9942015.pdf?OpenElement
FAO, 2011, Dinámica del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Santiago. Disponible en http:// www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento. pdf
FIAN. 2011. Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Informe de la Misión de Verificación Internacional (en línea, consultado en julio de 2011). Disponible en http://www.fian.org/recursos/publicaciones/ documentos/honduras-violaciones-de-derechos-humanosen- el-bajo-aguan-1/pdf
GRAIN. 2008. Farmlandgrab.org Disponible en http://farmlandgrab.org/
Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE). 2011. Tenencia de la tierra y las inversiones internacionales en agricultura (en línea, consultado en julio, 2011). Disponible en http://www.fao. org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE-Informe- 2-Tenencia-de-la-tierra-e-inversiones-Julio-2011.pdf
International Land Coalition (ILC) (sin fecha). Presiones comerciales sobre la tierra (en línea). Disponible en http://www.commercialpressuresonland.org
Land Deal Politics Initiatives (LDPI), Instituto de Estudios sobre Desarrollo (IDS), y Revista de estudios campesinos. 2011. Documentación del Encuentro sobre Acaparamiento de Tierras (en línea). Sussex, Inglaterra. Disponible en http://www.future-agricultures.org
