Editorial

Los sistemas participativos de garantía (SPG) han desempeñado un papel crucial en la consolidación de la agroecología en América Latina. Más que mecanismos para verificar la calidad agroecológica de los alimentos, los SPG son procesos vivos que articulan confianza, organización social, horizontes políticos, saberes campesinos y construcción territorial. Este número de LEISA revista de agroecología reúne experiencias de 10 países que muestran cómo estos sistemas se adaptan, crecen y se reinventan frente a los desafíos actuales.

El artículo introductorio de Laércio Meirelles (pp. 6-7) ofrece una lectura sobre el sentido original y la trayectoria latinoamericana de los SPG. Desde su participación histórica en la construcción de estos procesos, Meirelles analiza cómo los SPG surgieron del movimiento de la agricultura ecológica como alternativas a la certificación de terceros, priorizando la confianza, la participación horizontal y los mercados solidarios. También advierte sobre el riesgo de burocratización y sobre la necesidad de mantener viva su esencia comunitaria, ligada a la educación popular, la autonomía y la soberanía alimentaria. Por último, el autor invita a recuperar el espíritu político y ético de los SPG, reafirmando su lugar en las luchas territoriales y en la defensa de modos de vida campesinos.

Con este marco de lectura, las experiencias reunidas en esta edición permiten apreciar la diversidad de caminos que adoptan los SPG en América Latina. En Uruguay (pp. 16-19), uno de los procesos de SPG más antiguos, la Red de Agroecología ha sostenido durante dos décadas un sistema basado en la cercanía territorial, las ferias locales y la evaluación colectiva de predios familiares. Su trayectoria recuerda la necesidad de consolidar políticas públicas estables que apoyen la agroecología frente al avance del agronegocio.

En Argentina (pp. 8-11), las experiencias pioneras de Bella Vista y Misiones, así como la creación de la Red Nacional de SPG, muestran que la certificación participativa puede sostener abastecimientos saludables desde lo local, aun cuando el reconocimiento normativo nacional sea incompleto. Allí, la confianza, las visitas cruzadas y los consejos locales sostienen procesos colectivos que fortalecen la soberanía alimentaria.

Chile (pp. 12-15) aporta una lección sobre incidencia normativa. En ese país, Tierra Viva y otras organizaciones han articulado el SPG con instancias de diálogo estatal para defender la autodeterminación de las organizaciones de pequeños/as productores/as frente a la Ley N.° 20.089. La experiencia chilena evidencia que la participación regional y los aprendizajes del Foro Latinoamericano de SPG fortalecen argumentos técnicos y políticos para preservar la lógica participativa del sistema. El SPG brasileño (pp. 24-27), con raíces en los años 80 y reconocimiento legal desde 2003-2007, muestra la escala posible cuando la organización social se encuentra con marcos legales favorables. Desde Coolméia hasta la acreditación de múltiples organismos, Brasil aporta una rica experiencia de articulación entre productores/as, consumidores/as y redes que confluyen en procesos de legitimación y estrategias políticas.

Paraguay (pp. 20-23), a su vez, revela cómo el trabajo conjunto de APRO, Paraguay Orgánico y otros actores amplió el acceso a la certificación participativa, generando 39.2 inclusión y empoderamiento, especialmente de mujeres rurales. Con reconocimiento legal temprano y una red creciente, el país enfrenta ahora retos de homologación regional y certificación animal, pero su trayectoria confirma el potencial transformador del SPG.

Bolivia y la ECO Feria de Cochabamba (pp. 28-31) muestran, por su parte, la sinergia entre Estado y organizaciones para desplegar la norma técnica y multiplicar los SPG en diversas regiones. Experiencias como BolSaludable evidencian el impacto de los circuitos cortos en la autonomía económica de productores y productoras, aunque persisten necesidades importantes en educación al/la consumidor/a y en la comunicación del sello.

Perú (pp. 32-35) destaca por su organización multiescalar. Allí, el Consejo Nacional, los consejos regionales y los núcleos locales han trabajado para institucionalizar el SGP, logrando marcos legales que reconocen su validez. A su vez, la aprobación del Decret Supremo N.° 003-2023-MIDAGRI y la consolidación de consejos regionales muestran que la articulación organizada puede dialogar con el Estado sin perder la lógica participativa. producción de alimentos sanos como derecho.

En conjunto, estas experiencias permiten apreciar la pluralidad de caminos que fortalecen hoy a los SPG en América Latina. A pesar de sus diferencias, todas coinciden en que la confianza, la participación En Colombia, experiencias como Redmac, Mankka y La Tulpa (pp. 36-38) subrayan el carácter pedagógico del SPG, que más que un control es una práctica de aprendizaje, protección de semillas nativas y fortalecimiento del tejido social. En esta experiencia, la participación de las mujeres y la centralidad de la semilla son rasgos distintivos.

México (pp. 39-42) ofrece una mirada desde los tianguis y mercados alternativos, puesto que la Certificación Orgánica Participativa nació en los espacios de intercambio directo entre productores/as y consumidores/as. Aunque la fragmentación y las cargas institucionales han limitado la extensión del reconocimiento oficial, el movimiento mantiene procesos de acompañamiento y visitas colectivas que sostienen mercados basados en la confianza.

Costa Rica (pp. 43-45), f inalmente, muestra la convergencia de SPG con políticas públicas (Ley N.° 8591) y una fuerte impronta comunitaria. En dicho país, organizaciones como la Asociación Agro-Orgánica Guanacasteca ejemplifican el aprendizaje práctico, la protección de semillas criollas y la promoción de mercados locales que mantienen la activa, la educación popular y la construcción colectiva del conocimiento son el corazón del sistema. Se constata así que los SPG no solo garantizan prácticas agroecológicas, sino que reconstruyen tejidos comunitarios, sostienen economías solidarias, defienden territorios y generan procesos educativos que transforman a quienes participan.

En un contexto marcado por crisis ambientales, concentración corporativa del sistema alimentario, pérdida de biodiversidad y desigualdad creciente, los SPG emergen como alternativas profundamente humanas y necesarias. Este número de LEISA busca aportar a esa reflexión colectiva, visibilizando lecciones que fortalecen no solo a las organizaciones y mercados que los sostienen, sino también a los movimientos agroecológicos de toda la región.